Cuando en Bruselas estaban celebrando el cambio político en Polonia, con la llegada al poder del popular Donald Tusk y la caída de la mayoría nacionalpopulista que desafiaba abiertamente las posiciones de la Unión Europea, el expediente español amenaza con inundar ahora a la Dirección General de Justicia, en un proceso muy delicado por tratarse de un país grande como España y, por si fuera poco, de un Gobierno socialista. La proposición de ley de la amnistía le llegó ayer al despacho del comisario Didier Reynders, como a muchos otros dentro de las estructuras comunitarias, junto a miles de mensajes de ciudadanos pidiéndole que haga lo posible por detener el proyecto. Sin embargo, algunos altos funcionarios que trabajan al lado del comisario de Justicia reconocen que su capacidad para intervenir es bien limitada y que, como otras veces, «solemos llegar muy tarde, a toro pasado».
El comentario era a propósito precisamente del hecho de que el caso polaco se ha resuelto, pero no por las presiones de Bruselas, sino por la llegada de las elecciones y la victoria de Tusk y su coalición cívica. El ejemplo de Hungría, donde el demagogo nacionalista Viktor Orban resiste a pesar de que ha sido primero expulsado del Partido Popular Europeo y luego privado de fondos europeos.
De lo poco que se sabe del análisis preliminar de la ley de amnistía que el PSOE ha llevado al Congreso, lo más importante visto desde Bruselas es que haya desaparecido la mención al «lawfare», que era el asidero más evidente para considerarla contraria a los valores del Estado de derecho. Ahora, los servicios de la Comisión se centran en los aspectos concretos del perdón a los delitos de corrupción y malversación de dinero público, algo en lo que los funcionarios europeos están obligados a ser extremadamente tajantes o de otro modo los países contribuyentes netos pondrían el grito en el cielo.
En esto es posible que el Ejecutivo comunitario se fije también en el programa que acaba de publicar el socialista eslovaco Robert Fico, que ha vuelto al poder después de varios escándalos de corrupción con un programa que, además de eliminar la ayuda a Ucrania, se propone introducir una reforma del Código Penal de su país para reducir precisamente las penas por los delitos de uso indebido de dinero público.
El caso eslovaco
Eslovaquia es un país pequeño y Fico ya fue expulsado en su día del grupo socialista europeo. Para Pedro Sánchez, un rapapolvo europeo sería probablemente el único castigo que le haría temblar. Después de haber asumido el puesto de presidente de la Internacional Socialista, que es un cargo poco relevante tras la salida del SPD alemán, se complace en presentarse como el dirigente más influyente dentro de la familia socialdemócrata europea con exhibiciones como la de la semana pasada en Málaga. De este modo, sabe que puede mostrarse ante la Comisión Europea como el garante de la estabilidad política y de la mayoría en el Parlamento Europeo junto al Partido Popular (PPE) y a los liberales.
Va a ser precisamente en el Parlamento Europeo donde se va a exhibir este pulso, puesto que el Partido Popular Europeo ha decidido llevar al próximo pleno un debate sobre la situación del Estado de derecho en España, algo que puede provocar una brecha que bloquee el resto de la legislatura, hasta las elecciones de la próxima primavera, o hacer que todo quede bajo sordina para evitarlo. Vox, por su parte, también ha logrado incluirlo con carácter de urgencia en el debate en la Comisión de Justicia, según ha avanzado este lunes el partido de Abascal.
El resultado del debate y las posiciones de los socialistas no españoles serán probablemente esenciales para saber si Pedro Sánchez corre o no el riesgo de ser señalado desde la Unión Europea.
Fuente ABC
