Por Evangekina Himitian

En el hall del palacio Sarmiento, donde antes funcionaba el Ministerio de Educación y ahora la Secretaría de Educación, siguen en pie varios muñecos gigantes de los personajes de Paka-Paka. El propio Zamba, alumno ícono durante los años del kirchnerismo, permanece firme, como en un acto escolar y custodia la entrada y la salida de los nuevos funcionarios. Parece como si todavía no se hubiera enterado de los cambios que llegarán en los próximos meses de la mano de la nueva gestión, ni del proyecto de ley que presentó el Gobierno, que en materia de educación plantea modificaciones como un examen obligatorio de nivel al finalizar el secundario, o que las universidades públicas puedan cobrarles un arancel a los extranjeros que no tengan residencia permanente. O que los docentes, alumnos e instituciones educativas vayan a tener que revalidar sus saberes periódicamente. Por ahora sigue allí, incólume, pese a las críticas que recibió durante la campaña. Y su destino, por ahora es una incógnita.

De todas formas, es de los pocos que a esta altura del año pueblan los pasillos de la Secretaría de Educación. Hay empleados de vacaciones o que ya se preparan para tomarse su descanso y varias oficinas vacías porque todavía no tienen nombres designados. De todos modos, se percibe un clima de premura entre los que si están trabajando, poco frecuente para esta época del año. El equipo del secretario del área, Carlos Torrendell, que trabaja coordinadamente con el equipo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, vive días de mucha intensidad y exposición. Hasta el momento no tienen ninguna indicación de ajustar en educación, explican, en cambio, si la misión de que cada peso destinado se traduzca en una mejora que llegue al sistema educativo. El sistema de vouchers, del que tanto se habló en la campaña electoral, ya parece un capítulo cerrado y una hoja aparte. Fue sólo una idea, pero eso no va a ocurrir, se explica.

En cambio, los equipos trabajan en una idea de Torrendell, que sería de las primeras acciones de gobierno en materia educativa: un programa de alfabetización y realfabetización a nivel nacional, que tiene como aspiración, mejorar la capacidad lectora y de comprensión de la población. Todavía no tienen definido el alcance, pero aspiran a que pueda aplicarse a nivel federal, con el apoyo del Consejo Federal de Educación (CFE), integrado por los ministros de Educación de las distintas provincias y jurisdicciones.

De hecho, ese es uno de los enfoques que impulsará esta gestión. De hecho, si el proyecto de ley ómnibus que presentó el gobierno de Javier Milei, prospera en el Congreso, puntualmente en el área de educación, después la reglamentación no se haría mediante una resolución de la Secretaría de Educación, sino del CFE, se explica. Serán los ministros de Educación de todo el país, en conjunto con la secretaría, los que definirían por ejemplo los alcances de ese examen que se tomaría al finalizar la secundaria. Querer terminar con el centralismo de los ministerios no significa que no haya política educativa, apuntan por lo bajo.

Reaprendizaje

Los cambios que se propusieron en la ley ómnibus buscarán elevar el nivel de retroalimentación del sistema educativo, aseguran. Por eso, se quiere generar más instancias de evaluación, certificación y monitoreo de los aprendizajes y del rendimiento. Torrendell es un convencido de que las instancias de reaprendizaje, de relectura, proporcionan los mayores anclajes a la educación.

¿Efectivamente eso significará que se va a arancelar la universidad pública para extranjeros? ¿Cómo interfiere eso con la gratuidad de las universidades que consagra la Constitución Nacional? ¿Y con la autonomía de las universidades? En el Gobierno aseguran que no ven contradicciones, como se señalan desde distintos ámbitos. Que no sería la puerta de entrada para un sistema de aranceles más generales, como se deslizó durante la campaña. Y que se respetaría la autonomía universitaria ya que la ley propiciaría un marco para que la universidad pública que así lo decida, cobre a los extranjeros, pero también tendrá libertad para no hacerlo. “Es decir, quitaría la prohibición para hacerlo”, se explica. “Todas las medidas del proyecto de ley van en línea de la lógica de este gobierno, que es dotar de más libertad al sistema”, indica una fuente.

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Otros de los cambios que introdujo el proyecto, aseguran, tienen que ver con actualizar leyes o artículos que habían quedado fuera de norma por otras modificaciones en la legislación. O bien, para levantar las restricciones que el Gobierno considera que puedan ser beneficiosas para el sistema educativo. Por ejemplo, el artículo que impedía a empresas privadas a donar materiales o equipamiento a las escuelas, y hacer un uso publicitario de ello.

Su primera acción, su primer programa va a ser lanzar un programa de alfabetización y de realfabetización nacional, que abarque desde chicos hasta adultos. Con acciones concretas, orientadas a las distintas franjas etarias. Todavía están pensando un nombre para esa idea, que en borrador se llama Campaña de Alfabetización Nacional, nombre que internamente desechan por considerar que parece un programa de los años 50. Porque ellos quieren hacer algo más actual y que logre convocar e interesar a todos los actores de la sociedad, desde docentes, alumnos, familias, empresas, medios, entre otros. Algo que podría estar en línea con la campaña #NoEntiendenLoQueLeen, que impulsa Argentinos por la Educación y que involucra a más de 100 actores de la sociedad civil y que apunta que en el país, casi la mitad de los estudiantes (46%) no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.

Una parte del programa estaría destinado a los chicos de entre 4 y 7 años, que son los que están en el proceso de alfabetización, para ellos habría contenidos específicos. Otros, estarían orientados a los grados más avanzados de la escuela primaria, que llegan a casi egresar con una limitada o nula capacidad de leer y comprender. También lo articularán con programas de capacitación para docentes, sobre cómo enseñarle a leer a un adolescente que no lee o que lee y no comprende. También tendría un capítulo apuntado a los estudiantes universitarios, para profundizar la capacidad de meterse en un texto, sostener la atención y no hacer solo una lectura superficial.

Este programa, explican desde la Secretaría de Educación, no solo apuntará a los chicos en edad escolar, sino en todas las edades. El concepto es recuperar y volver a ser una sociedad que lee, apuntan. Todavía no lo tienen muy definido, y les llevará parte del verano darle forma. Incluirá herramientas innovadoras, dicen, que podrían tener formato de desafíos enviados por Whatsapp u otros formatos que resulten atractivos e interesantes a la generación que emergió de la pandemia con limitadas capacidades de leer y comprender.

Los próximos años van a ser duros desde lo económico a nivel general, por eso, desde la cartera que dirige Torrendell, bajo la órbita de Pettovello, están convencidos de que la mayor apuesta deberá ser fortalecer la capacidad de entender e interactuar con la información, para producir mejora en todos los niveles educativos.

No será un año sencillo desde la conflictividad social que promete el vínculo con los gremios. Aunque todavía, en el caso de los docentes no hubo grandes pronuciamientos, garantizar los 190 días de clase como les pidió Torrendell a los ministros de Educación no será sencillo. La crisis de las escuelas privadas será otro capítulo aparte, que desde la Secretaría de Educación interpretan como parte misma de la crisis económica y también de una profunda baja en la natalidad, que en algunos distritos se traduce en que la cantidad de alumnos que ingresan en el sistema se hayan reducido un tercio. Y que planteará grandes dilemas para las instituciones educativas, que tendrán que replantearse su misión ante la baja de la demanda. Este será un tema que deberá marcar la agenda de la nueva gestión, aunque todavía no está muy en claro de cómo.

Zamba puede permanecer tranquilo, por ahora. Pese a que durante la campaña distintos candidatos de La Libertad Avanza haya apuntado contra Paka-Paka y contra la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), como instrumentos de adoctrinamiento, la indicación al menos por ahora es no avanzar en una derogación de esa ley. “Es una ley y se va a cumplir”, garantizan.

Fuente La Nacion