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Por Germán de los Santos-Fernando Rodríguez
El Gobierno acaba de declarar “zona militar” la fábrica armas de Fray Luis Beltrán por temor a ataques narco; pero el gobierno provincial sospecha desde hace años que parte del mercado negro de armas y balas de Rosario se nutre de lo que se produce en esa planta; hace más de veinte años, pistolas, fusiles FAL y hasta granadas argentinas aparecieron en las favelas de Rio de Janeiro, en manos de criminales
Hace casi treinta años, cuando un Lionel Messi de apenas seis años comenzaba a domar la número cinco que daba saltos en los potreros de tierra de Rosario, la policía de Río de Janeiro secuestró, en una redada en una favela, un fusil de asalto militar. Ese FAL tenía escudo del Ejército Argentino y número de serie: 3834. Fue el primero de más de 300 fales y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2 salidas de las matrices de las plantas de Fabricaciones Militares incautados en operativos contra el crimen organizado en los morros cariocas entre 1993 y 2001. Desde 1987, incluso, ya habían aparecido en manos del hampa brasileño más de un centenar de pistolas calibre 9mm y .45 de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas y hasta 238 granadas FMK-2 que los narcos, atrevidos, arrojaban a los patrulleros para escapar entre detonaciones y fuego.
En esos tiempos en Rosario se hablaba de política, de fútbol, de economía. El narcomenudeo era un término inexistente. Los Monos eran animales simpáticos, no las bestias que hoy siembran violencia y muerte en una ciudad sitiada por el narcoterrorismo. Los años de la dictadura también parecían haber quedado definitivamente atrás. Los recuerdos de las incursiones de grupos subversivos en guarniciones y fábricas castrenses para robar armas y explosivos formaban parte de los relatos de los años del plomo de los años 70, no de la realidad del final del siglo XX.
Pero las cosas cambiaron. La irrupción del clan de los Cantero, de su archienemigo Esteban Lindor Alvarado, de los Funes, los Paz, los Camino, tantos otros, convirtió a Rosario en un botín de guerra para las narcobandas. Esa guerra necesitó de armas y balas. Y no pocas salieron, precisamente, de los arsenales de las fuerzas armadas y de seguridad o de las plantas de Fabricaciones Militares.
La semana pasada, el presidente Javier Milei declaró “zona militar” el predio donde funciona la fábrica de armas de Fabricaciones Militares (FM) situada en Fray Luis Beltrán, en el corredor norte de Rosario, ante el temor de que la planta sea objeto de un ataque comando de parte de alguno de los grupos criminales que operan en la zona. De hecho, en el gobierno de Santa Fe sospechan que parte del mercado negro de armas y balas de Rosario se abastece de lo que se produce en Fray Luis Beltrán. Se supone que con el decreto presidencial la fábrica tendrá el estatus de guarnición y el perímetro completo podrá ser custodiado como tal por soldados del Ejército fuertemente armados y pertrechados.
Aunque el espíritu del DNU 350/2024 firmado por el Presidente parece alimentarse de los recuerdos de los veteranos de la lucha contra la subversión, que aún recuerdan aquellos ataques de las organizaciones terroristas a los cuarteles como si hubiesen ocurrido ayer, lo cierto es que, desde el retorno democrático cada episodio vinculado a la aparición de armas estatales en manos del delito común o del crimen organizado no tuvo nada que ver con un eventual asalto comando que buscara quebrar el orden constitucional: se debió, en realidad, con actos de corrupción interna. Robos “hormiga” o robos flagrantes, ejecutados con total impunidad, realizados desde dentro mismo de los cuarteles o las plantas de fabricación de material bélico por personal que tenía acceso directo a los arsenales.
Aparecieron fales y granadas en las favelas cariocas; en 2007, en una casa de San Clemente del Tuyú, aparecieron cajas con miles de piezas de fusiles de asalto militares presuntamente robados del regimiento de tanques de Magdalena. Cientos de miles de municiones desaparecieron de los arsenales militares y de los depósitos de las plantas de Fabricaciones Militares. Hasta un cañón antiaéreo Oerlikon de 20mm con 100.000 proyectiles de ese calibre fue secuestrado al cabo de un megaoperativo contra el tráfico de miles de armas de uso militar que estaban a punto de ser enviadas a Brasil para dotar de poder de fuego legal al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho. Aparecieron armas militares argentinas en la Guerra de los Balcanes o en la conflagración entre Perú y Ecuador, en los años 90. Se usaron balas policiales producidas en la fábrica de Fray Luis Beltrán para asesinar a dos taxistas y provocar terror en Rosario.
Hubo decenas de causas abiertas, aunque apenas un puñado de oficiales y suboficiales fue juzgado por un caso, precisamente, relacionado con la sustracción de 19.600 balas calibre 9 mm. del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, que está al lado del gigantesco predio de FM cerca del río Paraná.
Guarnición desguarnecida
La fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, ubicada 20 kilómetros de Rosario, en la que se producen proyectiles calibres 9 mm, 22, 7.62 y 7.65, cartuchos antidisturbios y chalecos antibala, era custodiada por sus propios empleados, según señalaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Defensa. No tenía una seguridad especializada para proteger un predio de 100 hectáreas, donde hay material bélico de importancia.
Según fuentes de la FM, solo hay un par de serenos a la noche que realizan, en teoría, una ronda con un auto. Tienen un sistema de cámaras, pero que no alcanza a cubrir todo el predio, sino algunas dependencias. Lo que hay dentro de la fábrica nadie lo sabe. Porque desde principios de los 90 se fue acumulando chatarra y desperdicios que nunca fueron removidos. Por ejemplo, cuando se desmanteló la fábrica de armas Domingo Matheu, de Rosario, en 1993, las máquinas y los insumos se trasladaron a Fray Luis Beltrán y quedaron allí herrumbrándose.
A la par, las partes de la planta que fueron quedando fuera de servicio y quedaron obsoletas no se desmantelaron y reciclaron o vendieron. Un exdirector contó que después de la gestión de Mauricio Macri encontraron en una dependencia abandonada decenas de pistolas que enviaban marcas de distintas partes del mundo como prototipo, cuando en FM se fabricaban armas. Era muy sencillo entrar al predio, sin custodia ni seguridad, y llevarse un lote de pistolas. En realidad, no se sabe si ocurrió porque los inventarios, según describieron desde FM, tienen falencias.
Ese lugar tenía seguridad privada, pero en la gestión de Mauricio Macri se hizo un ajuste en el personal y tras un acuerdo con los gremios, liderados por ATE, se decidió que la custodia del predio pasara a estar a cargo de los empleados. Ese esquema continuó hasta ahora, recordó una fuente de FM. Y no solo funcionó de esa manera en Fray Luis Beltrán, sino también en todas las plantas del país, como la de Río Tercero y Villa María, entre otras. Además, el predio, ubicado a 20 kilómetros de Rosario, tiene salida al río, por lo que ese punto débil en la seguridad tampoco estaba cubierto.
Durante la gestión de Cambiemos se hizo una auditoría, que había detectado serias irregularidades sobre todo en el control de los polvorines y arsenales. No se sabía bien qué era lo que había. Para una planta donde se producen municiones es un problema serio la seguridad. Pero el sumario que se abrió para investigar por qué existía ese descontrol se terminó por cerrar sin conclusiones, señalaron fuentes que ocuparon cargos en el directorio durante la gestión anterior.
El presidente Milei introdujo en un primer borrador de la ley ómnibus la privatización de las principales plantas de Fabricaciones Militares, entre las que se incluyó la de Fray Luis Beltrán, junto con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y a los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor). Pero luego de las negociaciones que se iniciaron en el Congreso de la Nación decidieron retirarlo del proyecto.
El Primer Mandatario designó luego a Hugo Pascarelli como titular de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Es un contador que proviene del sector privado. Se desempeñó como CEO e integrante de directorios de varias empresas, entre ellas Clorotec, Famar Fueguina SA, Delphi E&S South America, Monsanto, Shell.
Las nuevas autoridades, que asumieron hace dos meses, encontraron que básicamente la fábrica de Fray Luis Beltrán tiene graves problemas de seguridad, pero, además, que el lugar está en su mayor parte abandonado, según describieron fuentes de la sociedad estatal. “Prácticamente no hay controles. Solo hay unos serenos a la noche. Esto es un problema serio, por el material bélico y los insumos que hay en esa planta”, señalaron fuentes de FM en diálogo con LA NACION.
Ante esa situación, Milei decretó que esa dependencia sea considerada zona militar, por lo que a partir de ahora estará bajo custodia del Ejército. “La declaración de zona militar a la fábrica de armas Fray Luis Beltrán contribuirá al logro de la eficacia y eficiencia del sistema de seguridad, al habilitar a las Fuerzas Armadas para diseñar y operar el citado sistema”, se advirtió en el DNU.
En otro tramo del decreto se señala que el predio fabril “constituye un objeto de valor estratégico, dado que su destrucción o posible daño afecta a la seguridad del Estado, en atención a las capacidades industriales para el sector de producción para la defensa”. De esta manera, se avanzará en “el despliegue de una capacidad eminentemente militar para prevenir y conjurar un eventual ataque” contra la fábrica.
Los robos en el Batallón 603
Al lado de la fábrica de armas se encontraba el Batallón 603, que fue, en teoría, cerrado durante la gestión de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, luego de que se detectara la sustracción de 19.600 balas 9 mm. El ministro instruyó al entonces Jefe del Ejército, Cesar Milani, a “crear una Base de Apoyo Logístico y una UMRE (Unidad Militar de Emergencias) en ese lugar.
Las nuevas autoridades de FM ordenaron una nueva auditoría en la planta de Fray Luis Beltrán para tratar -según remarcaron- de “ordenar” la situación y detectar posibles irregularidades en gestiones anteriores. A simple vista lo que se encontraron, según describieron, fue una planta repleta de chatarra.
“Un 40% de la fábrica es chatarra. Hay edificios dentro del predio que están tapados de material en desuso y desperdicios. Por ejemplo, parte de la fábrica de armas Domingo Matheu que se desmanteló en 1993 está dentro del predio de Fray Luis Beltrán. Nunca se hizo nada con todo eso”, apuntaron.
También afirmaron que están llevando a cabo un inventario en los polvorines y depósitos de munición. Señalaron que los edificios están en muy mal estado, con poco mantenimiento. “En estado de abandono”, agregaron.
Según la visión de las nuevas autoridades, la seguridad del Ejército puede subir la vara para evitar un golpe de los grupos criminales. Creen que, por ahora, lo que va a ser complejo es evitar el “raterismo”, como describieron, de municiones. En el gobierno de Santa Fe sospechan que parte del mercado negro de armas y balas de Rosario se abastece de lo que se produce en Fray Luis Beltrán.
Hay dos causas en torno al robo de municiones. En una fueron condenados cinco militares por la sustracción de 19.600 balas calibre 9 milímetros del Batallón 603, que está al lado de FM.
En el otro expediente, que está en manos del juez federal Marcelo Bailaque, se investiga una maniobra mucho mayor, que fue advertida en mayo de 2016, cuando el Ministerio de Defensa denunció un faltante de proyectiles del predio de la fábrica de armas. Pero esa causa nunca se movió. Ese magistrado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura.
En ese momento, el ministro de Seguridad de Santa Fe era el actual gobernador Maximiliano Pullaro, que siguió de cerca este tema, porque en la gestión de Miguel Lifschitz creían que parte del circuito ilegal de armas se nutre de lo que se pierde en la fábrica de armas, donde se producen municiones de distinto calibre y chalecos antibala. En ese momento, Pullaro mantuvo varias reuniones con quien era el titular de la cartera de Defensa Julio Martínez para expresarle la preocupación. En la actual gestión siguen con la misma hipótesis.
En la saga de crímenes que ocurrieron en principios de marzo en Rosario, que el gobierno calificó de “narcoterrorismo”, se usaron en dos hechos balas que tenían la inscripción PSF, es decir, Policía de Santa Fe. En el Ministerio de Seguridad de la provincia señalaron a LA NACION que las vainas incautadas fueron adquiridas en un lote en 2021. Ese año en la policía se denunció el robo de 68 pistolas 9 mm. Esas balas fueron compradas a la planta de Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares.
La causa que se originó durante la gestión de Macri nunca avanzó en el juzgado de Bailaque. El expediente está caratulado como NN, porque no hay imputados. Los hechos que, en teoría debían investigarse, son malversación, peculado culposo y abuso de autoridad calificado. En ese momento, en el Ministerio de Defensa sospechaban que existía un “circuito paralelo” de venta de municiones e insumos de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán.
Efectivos de Gendarmería realizaron un allanamiento en mayo de 2016 que duró más de 12 horas. Y los investigadores se toparon con algunas sorpresas y nuevas irregularidades que recargan las presunciones de que allí había un comercio paralelo de armamento y municiones.
Según publicó LA NACION, en los allanamientos se detectó un faltante de casi 3 millones de balas de distinto calibre, entre ellas 9 milímetros y 7.62 (calibre que usa el FAL), de 9 millones de fulminantes y se observó un excedente de municiones no declaradas. Pero lo que más llamó la atención fue que cuando empezaba a caer la tarde se encontró un arsenal completo que no estaba declarado en los registros, en el que había municiones 12.70, 7.62, gases lacrimógenos y espoletas activas de mortero, entre otros.
Este lugar de acopio era una antigua cochera abandonada, que es la última construcción del predio que tiene unas 100 hectáreas. Después de ese galpón improvisado está el alambrado perimetral. Más allá de que esas municiones e insumos que no estaban registrados, lo alarmante, según confiaron las fuentes, era la precariedad y la falta de seguridad de ese lugar para guardar municiones de guerra.
Dos años antes, en diciembre de 2014 se detectó otro faltante de 19.600 balas 9 milímetros, que provocó un escándalo, en el Batallón de Arsenales 603, ubicado al lado de la fábrica de armas. El entonces ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó el cierre de ese predio y decretó el pase a retiro del director de Arsenales del Ejército Argentino, coronel Hugo Víctor Meola.
Aunque la investigación del Ministerio Público nunca avanzó sobre el destino de las municiones, luego surgieron sospechas de que las balas podrían haber sido vendidas en el mercado negro, donde se proveen en Rosario las bandas narcocriminales. “El robo de balas era permanente, bajo dos metodologías el robo hormiga, de a pequeñas cantidades, y manera alevosa”, sostuvo a LA NACION un militar retirado de esa dependencia.
Entre los que fueron juzgados –según el fallo que lleva la firma de los jueces Lorenzo Barbará y Jorge Gallino– están quienes eran primer y segundo jefe del establecimiento militar, coronel de arsenales Guillermo Bonnefus y teniente coronel Adalberto Fernández. También Jorge Luis Giandinotto, capitán de arsenales; Germán Alberto Vázquez, sargento de arsenales, y Elio Germán Villarrubia, sargento ayudante. Todos fueron pasados a retiro cuando se inició la causa y permanecieron en libertad.
En el fallo, se advirtió que en la auditoría que se realizó dos militares declararon que “desde julio y agosto 2014 ya faltaban” las municiones. Uno de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal “fue obligado por un superior a firmar un acta declarando que la inspección se desarrolló “sin novedad”.
Incluso, uno de los sargentos testificó que se “reemplazaban cajones de balas en el acta de inspección y que se procedió a ocultar dicha situación, colocando en reemplazo cajones con vainas por indicación de un superior”.
En 2012, según otra denuncia, fueron robados 154 FAL y piezas completas para armar otros 250 fusiles al menos, del Batallón de Arsenales 603. Pero ocurrió algo similar que con la causa en manos del juez Bailaque: nunca se supo qué pasó con las armas, porque no arrojó resultados la pesquisa interna dispuesta por la gestión de Arturo Puricelli, que en ese momento estaba al frente del Ministerio de Defensa. Además de esos fusiles, fueron sustraídas en esa oportunidad cinco ametralladoras antiaéreas 12.7 y una ametralladora pesada MAG.
Fuente La Nación
