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La Justicia intimó al expresidente Alberto Fernández a que designe un abogado en la causa donde es investigado bajo la acusación de haberse interesado en favorecer a brokers de seguros de su amistad para que actúen como intermediarios en la contratación de pólizas de millonarias entre organismos públicos.
El juez federal Julián Ercolini le pidió que designe un abogado defensor luego de que la Cámara Federal advirtió que el expresidente no había sido fehacientemente notificado en el expediente sobre la inhibición general de bienes que le aplicó Ercolini.
En esta causa se investiga a Alberto Fernández por haber firmado un decreto que obliga a contratar las pólizas de seguros de los organismos públicos con Nación Seguros y se indaga sobre la intervención de brokers y productores de seguros que cobraron comisiones por haber gestionado esas contrataciones.
Están siendo investigadas las pólizas que la Anses contrató con Nación Seguros para los créditos ofrecidos a jubilados y las que tomaron al menos 45 organismos públicos, donde intervinieron brokers de seguros.
Uno de ellos es Héctor Martínez Sosa, que es acreedor de Alberto Fernández, al que visitó en Olivos, además de esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.
Ercolini dispuso la inhibición de bienes de Fernández y de otras 30 personas. Pero los afectados apelaron esta medida ante la Cámara Federal. Los jueces de la Sala II del tribunal, antes de decidir, notaron que no todos estaban debidamente notificados y reenvió el expediente al juez.
Por eso es que Ercolini ahora mandó a notificar con la policía al expresidente y le indicó que debe designar un abogado.
Hasta ahora, el juez cuenta con el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar con Nación Seguros las pólizas contratadas por los organismos del Estado, los convenios con los brokers que intervinieron y un análisis que señala que se cobraron en total comisiones por 3250 millones de pesos en cuatro años. Además, se investiga a dos cooperativas y a empresas vinculadas con funcionarios de la Superintendencia de Seguros que tenían permisos para manejar sus autos.
El juez ya cuenta con el contenido de los teléfonos celulares y las computadoras de los investigados, y espera ahora tener un análisis de su contenido para decidir si avanza con las declaraciones indagatorias.
Fuente La Nacion
