El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en Radio Televisión Española (RTVE), en la primera entrevista que concede después de la derrota del PSOE frente al PP en las elecciones europeas del pasado domingo, dos paquetes de medidas que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados este mes de julio.
El primero sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y siempre y cuando el PP no acepte el nuevo ultimátum que ha lanzado el jefe del Ejecutivo para que antes de que finalice el presente mes de junio se renueven los vocales de este órgano, en la porórroga de su mandato desde el año 2018, lo que Sánchez ha vuelto a denunciar como un «incumplimiento flagrante de la Constitución».
El segundo paquete, que el líder del PSOE había anunciado poco antes en la sesión de control al Gobierno, contestando a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre los medios de comunicación, de los que ha vuelto a quejarse por la existencia de «tabloides digitales» que a su juicio difunden «bulos» y por el desequilibrio que en su opinión aqueja a las tertulias de la radio y la televisión, donde según ha lamentado «siempre está sorbrerepresentada la derecha y la ultraderecha, en detrimento de los tertulianos progresistas, que no se les ve mucho». Un argumento calcado al que siempre ha defendido Podemos, cuyo antiguo líder, Pablo Iglesias, difundió incluso listados de tertulianos según su afinidad ideológica.
El plan para el CGPJ se centrará, según ha explicado Sánchez, en el sistema de nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo (TS), ya que a su juicio es el «incentivo perverso» que tiene el PP para no acceder a renovar los vocales del órgano de gobierno de los jueces. No ha dado muchos más detalles sobre ambas iniciativas, que ha asegurado que se negocian ya con Sumar, el socio de coalición.
En ese contexto, Sánchez se ha pronunciado también, en la entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’, sobre las acusaciones de ‘lawfare’ o guerra sucia judicial que sus socios parlamentarios y de coalición llevan tiempo denunciando y en concreto por las causas abiertas por presunta corrupción contra su esposa, Begoña Gómez, y contra su hermano, David Sánchez. «Yo creo que ha habido casos de lawfare en nuestro país, clarísimos, y yo quiero pensar que en mi caso, si se me pregunta directamente, quiero pensar que no, que no lo hay. Pero creo que es importante dar tiempo al tiempo y que las cosas se pongan en su sitio, yo creo en el sistema judical de mi país», ha manifestado al respecto.
Como en otras ocasiones, Sánchez ha restado importancia a las cartas de recomendación que firmó su esposa para que la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Carlos Barrabés recibiese dinero del Ministerio Economía procedentes de los fondos europeos. El presidente ha reiterado que son meras declaraciones de interés, omitiendo de nuevo que son de interés y «apoyo», y ha argumentado que Red.es el organismo que concedía los fondos, afirmó que la firma de Gómez no tuvo influencia en la concesión de las ayudas. También ha señalado otra vez que instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, a cuyo frente está el popular José Luis Martínez-Almeida, firmaron parecidas cartas de recomendación.
«Voy a defender la honoralibilidad de mi mujer y de mi hermano ante esta campaña ultraderechista», ha concluido Sánchez en el plató de la televisión pública.
Tampoco ha sido muy específico respecto de sus planes sobre los medios de comunicación, más allá de remitirse a la trasposición de la ley de medios aprobada recientemente en el Parlamento Europeo con el apoyo, ha querido recordar, del Partido Popular Europeo.
El jefe del Ejecutivo ha querido lanzar un mensaje de confianza sobre el futuro de la legislatura. En primer lugar, despejando cualquier especulación sobre un nuevo adelanto electoral como el que él mismo realizó el año pasado después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. «Llevamos cuatro elecciones en seis meses, yo creo que España merece sosiego», ha afirmado, al tiempo que ha anunciado que «vamos a presentar nuestros Presupuestos».
Igualmente, ha negado que lo que pueda ocurrir con el futuro de ls gobernabilidad en Cataluña afecte al escenario nacional. Y tras recordar que «los catalanes no votaron volver a 2017», ha mostrado su convencimiento de que el próximo presidente de la Generalitat será Salvador Illa. Acerca del encuentro que anunció que mantendría con Carles Puigdemont después de la aprobación de la ley de Amnistía, ha dicho que «no tengo cita», todavía.
(Noticia en ampliación)
Fuente ABC
