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Es una medida con la que el Gobierno busca simplificar distintas gestiones.
Cuando no sean respondidas en un determinado plazo, se resolverán favorablemente para quien haga el pedido.
Por Bernardo Vázquez
Se vienen tiempos de “silencio positivo”. De esa manera denominó mediante un decreto firmado el último día de octubre el gobierno de Javier Milei el procedimiento mediante el cual una serie de trámites administrativos que no son respondidos por el Estado, se resolverán favorablemente para quien interponga ese pedido, una vez que se cumpla un plazo determinado desde la fecha de inicio. La medida alcanza a unas 500 gestiones.
“Si no hay una respuesta explícita, vos podés ir por la positiva”, resumen fuentes de Presidencia consultadas por Clarín un entramado técnico que internamente le adjudican a Federico Sturzenegger, pese a que la difusión del decreto corrió por cuenta de la mesa chica de Presidencia, que responde directamente a Milei y a su hermana Karina, la secretaria general.
Desde Casa Rosada realzan la medida como un cambio de paradigma y buscan bajarle cierta tensión al describirla como una iniciativa pensada para resolver cuestiones mundanas, no gruesas o complejas que generalmente terminan resolviéndose.
En esa línea, se plantea un ejemplo bien gráfico en pos de agilizar el funcionamiento del Estado. “Muchas veces vos vas a un organismo equis y no podés avanzar con un trámite; quedás atrapado por un pelotudo que no pone el sello y te demora. Bueno, en este caso, si el Estado no te contesta, vas a poder avanzar, por defecto”, explican.
Y la engloban como una medida definitivamente antiburocrática, que resumen así. “Si un político te quiere cagar y demora un trámite haciéndose el boludo es como que va a estar dándote el sí. Esto le da más libertad a la gente y le quita una herramienta al Estado con la cual el político jode: el famoso ‘no te muevo el expediente, te lo piso, te lo trabo’. Ahora, si querés joder a alguien lo vas a tener que hacer de manera explícita y vas a dejar todos los dedos marcados“, analizan.
Una alta fuente ejecutiva consultada por este diario relativiza la posibilidad de que cuestiones “gruesas” o “de fondo” puedan resolverse mediante esta vía. Por ejemplo, aseguran que no afectaría temáticas relacionadas a transferencias de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual o cambios de control accionarios en los servicios TICs. “No pasa por ahí, son temas mucho más delicados eso, quilombos grandes que no quedan en un limbo, que el Estado los resuelve antes”, ejemplifican.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.
Qué dice el decreto firmado por el Presidente
La reflexión acerca de los límites del texto se contradice en parte con un lineamiento interno que circula dentro del Gobierno por estas horas, poco después de que Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos firmaran el decreto 971/24 y que involucra como ejemplos de trámites en los que se podría aplicar el silencio con sentido positivo a “autorizaciones para la realización de trabajos aéreos; autorización de redes de radiodifusión ante el Enacom, o autorización para emitir factura A“.
Desde lo estrictamente técnico, el decreto busca imprimirle claridad a un asunto espinoso. Y cuenta que “se limita el alcance de la medida al concepto de Autorización Administrativa, aquellos actos mediante los que la administración habilita el ejercicio de un derecho preexistente del administrado una vez verificado el cumplimiento de las condiciones para su dictado”.
En esa línea, según marca el texto oficial, “los requisitos para la configuración del silencio con sentido positivo en el marco de una autorización administrativa son: el paso del tiempo y la acreditación en las actuaciones del cumplimiento de las condiciones específicas exigidas por la norma particular.
Y se agrega que “la medida tiene como objetivo agilizar los plazos de los trámites y evitar demoras indebidas por falta de respuesta de la administración pública, evitando de esta manera que por su inacción el ciudadano pueda hacer ejercicio de los derechos preexistentes”.
La explicación de Sturzenegger y los ejemplos en Francia y Chile
Federico Sturzenegger fue el viernes pasado quien a través de su cuenta en X celebró los cambios que suponen la aplicación del decreto. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado manifestó que a partir de la promulgación de la Ley Bases se hizo un relevamiento de trámites a los que aplicaría este criterio, que luego fueron validados por la Secretaria de Planeamiento Normativo a cargo de María Ibarzábal, y que dicha normativa se implementará para el mecanismo de los trámites.
“Dimos un paso trascendental. El proceso de recopilación sigue, así como la revisión de cada uno de estos trámites para su eventual derogación. El ejercicio nos reveló infinidad de obligaciones que el Estado imponía cuya existencia desconocíamos”, explicó el funcionario, denominado por Milei como “el coloso”, por su capacidad para simplificar procedimientos en áreas estatales.
En tanto, en pos de validar el decreto de “silencio positivo”, desde el Gobierno dieron como ejemplos medidas similares tomadas en Chile y Francia, países que aplicaron el procedimiento. En el país vecino, por caso, se destaca que “para que opere el silencio positivo el particular debe interponer una solicitud de pronto despacho –denuncia de incumplimiento del plazo”. Y agrega que “luego de cinco días de presentada dicha denuncia sin obtener un pronunciamiento expreso, operará el silencio positivo”.
A la vez, se sostiene que “el silencio administrativo producirá sus efectos desde la fecha de la certificación por parte de la autoridad competente, la que deberá ser otorgada “sin más trámite” conforme lo establecen los arts. 64 –para el silencio positivo- y 65 –silencio negativo”.
En Francia, en tanto, la regla se incorporó en 2013 como un intento de que “la administración avance en la simplificación de trámites, unificando tipos de permisos y presentaciones, reduciendo y eliminando diversos requisitos a los fines de eficientizar a la Administración en su relación con el administrado”.
En el modelo francés “no se hicieron distinciones en los conceptos de “autorizaciones”, “permisos” o “licencias”, ni tampoco se alude a “derechos preexistentes” o se establece la exigencia del cumplimiento de requisitos esenciales”. En la práctica, aseguran fuentes de Casa Rosada, eso trae complicaciones.
Fuente Clarin
