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La Plaza Mayor y sus aledaños son estos días un parque de atracciones para los visitantes: puestos navideños, rutas guiadas, tuk tuk, actuaciones musicales… Y un calvario para muchos residentes y comerciantes, que llevan años luchando contra el ruido que genera la megafonía a la que recurren muchos artistas callejeros para captar la atención de los turistas.
Ante la desesperación de los vecinos y conscientes de «la alta densidad de ocupación de los espacios públicos», la Junta del Distrito de Centro ha decidido revisar la normativa que regula las actuaciones de estos músicos. Una de las principales novedades de esta instrucción, publicada ayer en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, es que reduce de 500 a 250 el número de autorizaciones que se concederán para tocar en la calle. Actualmente, según datos del consistorio, hay 496 intérpretes que tienen permiso para actuar en esta Zona de Protección Acústica Especial, por lo que si el próximo año el número de peticiones se mantiene en niveles similares habrá que realizar un sorteo público. Además, se limita a cinco el número máximo de integrantes de las bandas y se mantiene la exigencia de que cada miembro del grupo disponga de un permiso individual. Estas autorizaciones, personales e intransferibles, solo regulan las interpretaciones musicales, dejando fuera el teatro, la danza, la poesía, los mimos… Esta es una de las principales limitaciones de esta norma, según la asociación Residentes de la Plaza Mayor de Madrid y Aledaños, que pide ampliar el catálogo de actividades que incluye la instrucción a todas aquellas que recurren a música y voces amplificadas por megafonía: «Hay actuaciones que usan altavoces, como los bailarines de ‘break dance’, que no conocen la prohibición de su uso o no hay nadie que les haga cumplir con ella», denuncia Ricardo Bustos, portavoz de estos vecinos.
La instrucción recién aprobada también prohíbe actuar en espacios que en la regulación anterior, del año 2021, sí estaban autorizados, como parte de la calle de Toledo (desde Calle Imperial hasta Plaza Mayor), calle de las Postas, la cava de San Miguel y Cuchilleros, entre otras. «Esto supone que ya tenemos un perímetro bastante amplio donde no se puede actuar», celebra Bustos. Dentro de los enclaves donde aún pueden tocar estos artistas (siempre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00) se mantiene la diferencia entre zonas residenciales más protegidas, donde no se permite ni la amplificación ni la percusión, y espacios de uso terciario donde sí se pueden utilizar instrumentos percusión. En el primer caso, solo de viernes a domingo.
También se acotan los tramos donde se permite actuar dentro del Rastro, siempre consensuando con los comerciantes el escenario, a la calle de los Estudios, Duque de Alba, San Millán (entre el número 1 y el 5), plaza de Cascorro, plaza de La Latina (solo en la semiesquina con Maldonadas), calle Maldonadas (solo en la esquina con calle de Toledo), calle Toledo (en la Fuente de la Cebada), calle de la Ruda y calle de los Embajadores (desde el número 1 al 6). Más sancionesAsimismo, si antes las autorizaciones tenían que solicitarse cada seis meses, ahora se concederán por un año. La Junta del distrito Centro observó que un 38% de las peticiones se mantenían en ambos semestres, por lo que ha decidido simplificar los trámites. Así, aquellos permisos vigentes a 31 de diciembre de este año se prorrogarán hasta el 30 de abril de 2025.
En el caso del próximo año, explican fuentes del consistorio, las autorizaciones, que seguirán tramitándose a través de la web municipal , serán válidas «entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre, en base a las solicitudes presentadas en octubre de 2024».
Con todo, la publicación de esta nueva instrucción, más restrictiva que la anterior, ha dejado una sensación «agridulce» entre los vecinos de la Plaza Mayor. Para ellos, el problema no es tanto el número de artistas sino la megafonía que les lleva a convivir con altos (y constantes) niveles de ruido. Por eso, sí celebraron con más entusiasmo otros avances en su cruzada contra los altavoces como la retirada preventiva de estos aparatos o la calificación de su uso como un delito medioambiental. Según los últimos datos que les facilitó la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, en los primeros nueve meses de este año se abrieron 178 expedientes sancionadores a músicos callejeros, 25 en la Plaza Mayor. «No hemos visto un incremento de la vigilancia ni las sanciones, ni se incluye en esta nueva instrucción la retirada de los equipos de amplificación. La norma la tenemos, pero siempre hay que ver la realidad, es decir, cómo se ejecuta», concluye Bustos. No consiste tanto en irse con la música a otra parte, sino en controlar los decibelios.
Fuente ABC
