BsAs-19 de diciembre de 2024-Total News Agency-TNA- La Cámara Federal de Buenos Aires ha decidido llamar a indagatoria a Mario Firmenich, ex jefe de Montoneros, como principal responsable del atentado a una repartición de la Policía Federal que ocurrió el 2 de julio de 1976. Este ataque, perpetrado en plena dictadura militar, resultó en la muerte de 24 personas y dejó a 60 heridos
Contexto del atentado
El atentado tuvo lugar en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicado en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal. A las 13:20, una bomba detonó, causando una devastación masiva. La organización Montoneros se atribuyó el ataque en un comunicado, donde se jactaron de haber “hecho volar por el aire a 40 comensales”.

Este ataque fue considerado uno de los más sangrientos de la historia argentina, marcando un punto álgido en la violencia política de la época. La elección del objetivo no fue casual; el comedor era un lugar de reunión para miembros de las fuerzas de seguridad, lo que subraya la intención de Montoneros de desafiar al Estado y demostrar su capacidad operativa.
Implicados en el atentado
Además de Mario Firmenich, otras figuras clave de Montoneros estuvieron involucradas en este atentado:
-José María Salgado (Pepe): Agente de policía de 21 años y uno de los autores materiales del atentado. Fue capturado y posteriormente desaparecido en la ESMA, un centro clandestino de detención.
-Horacio Verbitsky:Periodista y activista político, que ha sido mencionado en la causa. Su implicación ha sido objeto de controversia, dado su papel en la narración de la historia reciente de Argentina.
Laura Silvia Sofovich: Parte del liderazgo de Montoneros, su figura ha sido relevante en la organización y ejecución de acciones guerrilleras.
Miguel Ángel Lauletta: Otro miembro destacado de la organización, implicado en diversas acciones violentas durante la dictadura.
-Lila Victoria Pastoriza: Activista y miembro de Montoneros, su participación ha sido objeto de análisis en el contexto de la violencia política.
Norma Walsh y Carlos Aznares: También mencionados en el fallo, ambos han sido vinculados a la logística y planificación de ataques.
La Decisión judicial
En un fallo innovador, la Corte Suprema ha determinado que la masacre no está sujeta a prescripción, argumentando que constituye una grave violación de los derechos humanos. “El suceso nunca fue investigado adecuadamente por el Estado”, señalaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en su resolución.
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El tribunal subrayó la necesidad de reparar los derechos de las víctimas y de aquellos que buscan justicia hoy. “No se deben ocluir los caminos investigativos; es imperativo impulsar esta acción”, afirmaron los jueces. Esta decisión se produce en un contexto donde la historia argentina ha estado marcada por la violencia de la dictadura y la impunidad de muchos crímenes.
Reapertura de la causa
La Cámara Federal había ordenado previamente la reapertura de la causa, que había sido cerrada por la jueza María Servini. Sin embargo, Servini argumentó que el caso debía ser cerrado, lo que llevó a la apelación de los denunciantes. Ahora, la Cámara ha revocado los sobreseimientos de varios involucrados y ha ordenado que se realicen nuevas indagatorias.
Implicaciones del fallo
La decisión de la Cámara Federal podría tener repercusiones significativas en la forma en que se investigan los crímenes de la dictadura y de grupos guerrilleros como Montoneros. A pesar de que el tribunal ha señalado que este caso es excepcional, también ha afirmado que es esencial avanzar en la investigación para brindar justicia a las víctimas.
Los jueces han resaltado que la falta de respuesta del Estado a las víctimas de este atentado es inaceptable y que es necesario cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Este fallo representa un giro en la jurisprudencia argentina y podría abrir nuevas vías para la justicia en casos que habían quedado en la impunidad la totalidad de los terroristas que asolaron la Argentina en los 70. La Cámara Federal ha instado a que se realicen investigaciones serias y exhaustivas, con el objetivo de honrar la memoria de las víctimas y garantizar que la verdad prevalezca.