Por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 979)
“Tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente doce”.
San Juan Pablo II
Resulta innecesario repetir que apoyo la gestión del Presidente y que valoro muy positivamente, como lo hace una clara mayoría de la sociedad, el modo en que corrigió la catastrófica situación económica que recibió, hace poco más de un año, de manos de la dupla de los crápulas Fernández². Pero ello no me impide criticar con vehemencia algunos actos del Ejecutivo que me parecen deplorables o, peor aún, asquerosos.
En particular, hoy no puedo evitar calificar así a la resolución del Ministro de Defensa, Luis Petri, firmada a pedido de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas (no de la Justicia, como él dijo), mediante la cual dio de baja a 23 generales y coroneles por haber recaído sobre ellos sentencias condenatorias firmes en causas incoadas por delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos cuando se desempeñaban como oficiales subalternos, hace 50 años. A este funcionario no le tembló el pulso ni siquiera cuando incluyó en esa luctuosa lista a veteranos de la guerra de Malvinas, condecorados por su heroico valor en combate y ponderados hasta por quienes fueron sus enemigos en el conflicto bélico. Esa sanción significa no sólo privarlos del estado militar sino de jubilaciones y hasta de obra social, algo particularmente perverso dada la actual edad de los mismos.
He descripto en innumerables oportunidades, con fundamentos, esos centenarios de simulacros de juicio que fiscales militantes impulsaron contra quienes, por orden de un Gobierno constitucional lucharon, desde 1975, contra el terrorismo organizado, entrenado y financiado por Cuba, Checoelovaquia y Al Fatah. Para celebrar esos procesos estalinistas, Néstor Kirchner ordenó al H° Aguantadero declarar la nulidad de las leyes que el mismo Congreso había dictado (“obediencia debida” y “punto final”) y derogar el Código de Justicia Militar, con lo cual todas las acciones. . de esa guerra – así la calificó la Cámara especial que juzgó a los integrantes de las juntas del Proceso – fueron juzgadas bajo legislación civil.
El huevo de esa serpiente fue el pacto que suscribieron Kirchner y Horacio Verbitsky, autor intelectual – con Rodolfo Walsh – del atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó 27 víctimas fatales. Ese acuerdo permitió al pingüino muerto robar sin tasa ni medida bajo la protección mediática de los terroristas de los 70’s quienes, en pago, recibieron la posibilidad de vengarse de los militares, amén de cargos y canonjías, sobre todo en la (in) Justicia, a la que transformaron en el instrumento adecuado para concretar esa inmunda vindicta.
Todo ello, en especial la aplicación retroactiva (y prohibida) de la ley penal, fue convalidado por la horrible Corte Suprema – con la muy honrosa excepción del Dr. Carlos Fayt – que presidió el ex montonero Ricardo Lorenzetti, quien no dudó en decir que toda esa infamia jurídica era una política “consensuada” con los otros poderes del Estado. Así, decenas de jueces prevaricadores, todos férreos militantes de izquierda y verdaderos asesinos togados, dictaron condenas perpetuas a mansalva, basadas en claramente falsos testimonios brindados por quienes, en compensación, recibieron más que suculentas indemnizaciones en dólares.
A la luz de todo esto, y observando que ahora el Poder Ejecutivo analiza recurrir a las fuerzas armadas para combatir el terrorismo y el narcotráfico en las fronteras, cabe preguntarse, como hizo el Foro de Generales Retirados, “¿responderá el Estado por las órdenes?” ?” ¿Qué les da?”. Por eso, apelo al Presidente para que termine de una vez, como intentaron hacer Raúl Alfonsín y Carlos Menem, con la inicua persecución a los militares ya que nunca habrá una solución que no sea política.
El otro tema que me causa repugnancia tiene otra vez que ver con Ariel Lijo. Nuestro país, saqueado por el kirchnerismo hasta la inanición, enfrenta onerosas condenas dictadas por tribunales extranjeros, y un ejemplo claro es la autorización dada por la Juez Loretta Preska para embargar activos argentinos por US$ 310 millones por una demanda de holdouts. Y avanza, a paso redoblado, la probabilidad de que algo igual suceda con los US$ 16.100 millones del fallo que benefició a Burford Capitals y a la familia Eskenazi (tienen el 30% del juicio y son testaferros de los Kirchner) por la estatización de YPF, concretada en violación a los estatutos de la empresa.
En los años 2015/19, el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, intentó, con cierto éxito, demostrar que todo, comenzando por la “compra” del 25% de la petrolera, eran actos de corrupción que, como consecuencia, no podían beneficiar a los involucrados en ellos; Al sucederlo Carlos Zannini en 2019, esos argumentos se dejaron de lado, y esa actitud extrañamente continúa, ahora con la defensa nacional a cargo de quienes defendieron antes a los fondos demandantes. Elisa “Lilita” Carrió formuló una denuncia penal por esos hechos, pero el destino quiso que la misma recayera en el Juzgado a cargo de Lijo, donde duerme desde hace 18 años; si el ahora hubiera candidato sido diligente, el Estado hubiera tenido armas para esgrimir en su defensa, pero estamos en una rara Argentina anarco-libertaria y, en lugar de castigar al impresentable y cuestionado Juez, se lo quiere premiar con una silla en la Corte. . .
A Javier Milei seguramente le irá muy bien en las elecciones de octubre pero, si conductas como las que comento – ¿responderán a algún pacto non santo con el kirchnerismo? – no son corregidas para entonces, habrá dejado en el camino mucho de su integridad y ética republicana.
