Buenos Aires-12 de febrero de 2025-Total News Agency-TNA- La Cámara de Apelaciones de La Plata anuló la prisión domiciliaria otorgada al exconcejal vinculado al massismo, Facundo Albini, y a su padre, Claudio Albini, quien se desempeñó como exsubdirector de personal en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ambos están imputados por presuntamente formar parte de una red delictiva dedicada a apropiarse de salarios correspondientes a empleados ficticios, conocidos como “ñoquis”, en la Legislatura provincial. Este esquema también involucra a Julio “Chocolate” Rigau, señalado como otro de los principales actores en la trama.
El tribunal fundamentó su decisión al considerar que los Albini desempeñaban roles clave dentro de la presunta organización criminal, lo que implicaba un riesgo significativo para el curso de la investigación si continuaban bajo arresto domiciliario. La revocatoria respondió a una solicitud presentada por la fiscal Betina Lacki, quien había cuestionado la resolución inicial del juez Guillermo Atencio, calificándola de arbitraria y carente de fundamentos sólidos.
La causa tomó relevancia tras la detención de Rigau en septiembre de 2023, cuando fue sorprendido retirando dinero en efectivo utilizando 48 tarjetas de débito ajenas en cajeros automáticos del centro platense. Aunque Rigau fue liberado después de 13 días por los jueces Alejandro Villordo y Juan Benavides, la fuerte presión social llevó a la revocación de esta medida, y el acusado regresó a prisión en octubre. Sin embargo, en diciembre, se le concedió nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria.
Por su parte, los Albini fueron arrestados en noviembre y ahora enfrentan un juicio oral junto a Rigau. Según las investigaciones, habrían desviado al menos 464 millones de pesos del presupuesto público mediante la simulación de pagos salariales a empleados inexistentes. La Cámara de Apelaciones destacó que Claudio Albini ocupaba una posición de liderazgo en la estructura delictiva, mientras que su hijo desempeñaba un rol operativo intermedio, lo que aumentaba las probabilidades de entorpecer el proceso judicial.
A pesar de la magnitud del caso, la Legislatura bonaerense ha evitado asumir responsabilidades directas. Una investigación interna, marcada por contradicciones, concluyó que no se detectaron “anomalías” ni perjuicios económicos para el Estado. Además, elogió el “desempeño destacable” y la “dedicación laboral” de los empleados señalados por la Justicia como parte del esquema fraudulento.
Los investigadores sospechan que los Albini y Rigau serían únicamente piezas de una red delictiva más amplia, cuyos responsables de mayor jerarquía aún no han sido identificados. En este contexto, se detectó un intento de los Albini por desprenderse de una lujosa mansión de 481 metros cuadrados ubicada en un exclusivo barrio cerrado sobre la ruta 2, a través de una supuesta venta simulada. Este movimiento refuerza las sospechas de que buscaban ocultar activos vinculados al caso.
