Buenos Aires-25 de febrero de 2025-Total News Agency -TNA- El presidente de la Nación, Javier Milei, oficializó este martes la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se tomó tras un prolongado período de casi un año sin que el Senado tratara los pliegos enviados por el Ejecutivo.
De acuerdo con información difundida por la Presidencia, los antecedentes de ambos candidatos fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, cumpliendo con todas las instancias legales, incluidas las audiencias públicas realizadas en agosto del mismo año. No obstante, el Senado no avanzó en el análisis de las nominaciones, a pesar de que se respetaron los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Desde el Ejecutivo se subrayó que la Constitución Nacional otorga al Presidente la potestad exclusiva para proponer jueces de la Corte, mientras que el Senado tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar dichas propuestas, evaluando la idoneidad de los postulantes sin que medien intereses políticos.
En un comunicado oficial, el Gobierno lamentó que “la politización del sistema judicial sea una de las razones principales del mal funcionamiento del servicio de justicia en el país” y recordó que, en el pasado, tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri recibieron apoyo mayoritario del espectro político para la designación de magistrados en la Corte Suprema.
Francisco Paoltroni, una de las voces disidentes:
“El nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable”.
Frente a la falta de resolución por parte del Senado, la Casa Rosada argumentó que la Constitución permite al Presidente realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que el Congreso retome el tratamiento correspondiente.
Finalmente, el Ejecutivo justificó la medida señalando que “el funcionamiento del Máximo Tribunal se ve seriamente comprometido con solo tres ministros en ejercicio” y reafirmó su compromiso de continuar el trámite legislativo para que el Senado cumpla con su rol constitucional en la evaluación de los pliegos.
