Por Daniel Romero
Andy Burnham respondió a Donald Trump reivindicando el deseo de los isleños de continuar bajo dominio británico, pero el argumento choca con el núcleo histórico y jurídico del reclamo argentino: Gran Bretaña desalojó por la fuerza a las autoridades argentinas en 1833 y consolidó posteriormente una población propia. La ONU reconoce una disputa de soberanía, pide negociaciones entre Buenos Aires y Londres y habla expresamente de respetar los “intereses” de los habitantes, no de convertirlos en árbitros del litigio territorial.
Buenos Aires – 1 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA – El primer ministro británico Andy Burnham respondió este martes a la inesperada apertura del presidente estadounidense Donald Trump sobre las islas Malvinas con un alto grado de cinismo y desempolvando el argumento central utilizado durante décadas por Londres: que los habitantes del archipiélago desean continuar siendo británicos y que su supuesto derecho de autodeterminación impide cualquier negociación sobre soberanía. El problema para Gran Bretaña es que semejante construcción diplomática tropieza con la historia de 1833 y con la forma específica en que las Naciones Unidas encuadraron posteriormente el conflicto.
“Las Islas Falkland son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños han manifestado su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, sostuvo Burnham después de que Trump reconociera que Washington está revisando su posición respecto del diferendo entre Argentina y Reino Unido. El mandatario británico insistió en que “la soberanía recae en el Reino Unido” y que la autodeterminación de los habitantes resulta “primordial”.
Ese argumento tiene una eficacia política evidente, pero presenta una dificultad histórica imposible de soslayar: la actual población de las Malvinas no precede a la ocupación británica que dio origen a la controversia, sino que se consolidó bajo la administración establecida después del acto de fuerza del 3 de enero de 1833.
Argentina ejercía actos administrativos sobre las islas desde los primeros años posteriores a la independencia. En 1820, David Jewett tomó posesión formal del archipiélago en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en 1829 el Gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, designando a Luis Vernet como autoridad.
El 3 de enero de 1833, una corbeta de la Royal Navy, respaldada por una fuerza naval superior, exigió la entrega de Puerto Soledad. Las autoridades argentinas fueron obligadas a retirarse y el ejercicio efectivo de soberanía quedó interrumpido. La documentación histórica de Cancillería recuerda que posteriormente Gran Bretaña llevó súbditos propios a las islas y adoptó medidas que impidieron el restablecimiento de población argentina. En 1841 Londres tomó formalmente la decisión de convertir el territorio en colonia y designó un gobernador permanente. Hoy dia implementan un sistema de saqueo de los recusros naturales para financiar la usurpación.
Por eso Buenos Aires sostiene desde hace décadas que no puede aplicarse mecánicamente el principio clásico de autodeterminación de los pueblos: aceptar que la población establecida bajo la potencia ocupante determine posteriormente a quién pertenece el territorio significaría, desde la posición argentina, permitir que el resultado de una ocupación decida la legalidad de la propia ocupación.
Ese punto aparece reflejado en la arquitectura jurídica construida por Naciones Unidas alrededor de Malvinas. La Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965, reconoció expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.
La terminología resulta decisiva. Naciones Unidas estableció que en esas negociaciones deben considerarse los “intereses” de la población de las islas, una formulación diferente de la utilizada en otros procesos de descolonización donde se reconoce explícitamente el derecho de un pueblo colonial a decidir soberanamente su futuro. El Comité Especial de Descolonización volvió a reiterar en 2025 la necesidad de que Londres y Buenos Aires reanuden conversaciones para resolver la cuestión.
Gran Bretaña construyó progresivamente una doctrina diferente y sostiene que los isleños constituyen un pueblo con pleno derecho de autodeterminación. Esa posición alcanzó su expresión máxima en el referéndum organizado en marzo de 2013, cuando el 99,8% de los votantes eligió mantener a las islas como territorio británico de ultramar. Participaron 1.513 personas a favor y apenas tres votaron en contra, con una concurrencia del 92%.
Para Londres, semejante resultado cierra cualquier discusión. Para Argentina, confirma exactamente el problema: Gran Bretaña pregunta a una comunidad formada y desarrollada durante casi dos siglos de administración británica si desea continuar siendo británica.
La ONU no modificó por aquel referéndum el encuadre del conflicto. Después de la consulta de 2013, el Comité de Descolonización continuó aprobando resoluciones sobre la existencia de una controversia bilateral de soberanía y llamando a los dos Estados —y no a tres partes— a negociar. Documentos de Naciones Unidas recogen expresamente el argumento argentino de que permitir a los actuales habitantes arbitrar el conflicto significaría transformar a una población vinculada con una de las partes en juez de la disputa territorial.
La respuesta de Burnham adquiere ahora una dimensión adicional porque fue provocada por una declaración de Trump que Londres no esperaba. El Presidente estadounidense fue consultado el lunes acerca de una eventual reconsideración del tradicional posicionamiento de Washington y respondió: “Siempre reviso cada posición. Esa es sólo una entre muchas”.
La afirmación puede parecer ambigua, pero rompe una comodidad diplomática mantenida durante décadas. Estados Unidos evitó tradicionalmente reconocer formalmente soberanía británica sobre las Malvinas, aunque respaldó de hecho la administración de Londres y durante la guerra de 1982 brindó apoyo militar, logístico y de inteligencia decisivo al Reino Unido.
La posibilidad de que Trump utilice ahora Malvinas como instrumento de presión aparece vinculada con el creciente reclamo estadounidense para que Gran Bretaña aumente su presupuesto militar. Burnham sostuvo que Londres cumplirá sus compromisos con la OTAN, mientras el gobierno británico intenta demostrar a Washington que elevará progresivamente su gasto de defensa.
Pero la reacción británica volvió a dejar expuesta una contradicción histórica que Argentina viene señalando desde hace décadas. Londres invoca el derecho de autodeterminación de una comunidad cuya conformación demográfica actual es posterior al acto de fuerza que originó la controversia y pretende que esa población decida una disputa en la que Gran Bretaña es precisamente una de las partes.
Los habitantes actuales de las Malvinas poseen derechos civiles, políticos, culturales y económicos que Argentina se ha comprometido constitucionalmente a respetar. Otra cuestión completamente diferente es otorgarles potestad para resolver la titularidad soberana de un territorio cuya población y autoridades argentinas fueron desplazadas en 1833 y cuya colonización británica se institucionalizó posteriormente.
Esa distinción explica por qué, casi dos siglos después de la ocupación y trece años después del referéndum organizado por Londres, las Naciones Unidas continúan describiendo Malvinas como una disputa de soberanía pendiente entre Argentina y Reino Unido y siguen reclamando negociaciones bilaterales. La reivindicación de Burnham puede funcionar como consigna doméstica británica, pero no ha conseguido hasta ahora modificar ese dato fundamental del derecho internacional ni borrar el hecho histórico que precede a toda discusión sobre autodeterminación: cuando Gran Bretaña tomó las islas en 1833, la autoridad que tuvo que desalojar para hacerlo era argentina.
Fuentes consultadas: Naciones Unidas y Comité Especial de Descolonización; Resolución 2065 de la Asamblea General; documentación histórica de la Cancillería Argentina sobre la ocupación del 3 de enero de 1833; Gobierno del Reino Unido y antecedentes oficiales sobre el referéndum de 2013; The Telegraph; The Guardian; documentos sobre la posición británica respecto de la autodeterminación; declaraciones del primer ministro Andy Burnham y del presidente estadounidense Donald Trump.
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