Moody’s advierte de que la quita a la deuda autonómica es negativa para el rating de España

La quita de más de 83.000 millones de euros planteada por el Gobierno español a la deuda de las comunidades autónomas sigue dando mucho que hablar en la esfera política, pero también en la financiera. Después de que S&P señalara este miércoles que la propuesta del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez representa únicamente una solución temporal y que encierra un riesgo moral, este jueves ha sido Moody’s la que ha empleado argumentos similares para advertir de que, de llevarse adelante, puede resultar negativo para el rating de España.

Aunque la agencia reconoce que la cancelación de la deuda autonómica no tendría impacto en los ratios de deuda soberana, dado que la deuda regional ya se contabiliza como parte del stock de deuda del gobierno central, sí que “plantea algunas preocupaciones de riesgo moral”. Así, observa que “si la condonación de la deuda desalentara la aplicación de políticas fiscales prudentes a nivel regional, ello pesaría sobre las finanzas públicas y tendría un impacto negativo en la solidez fiscal del gobierno. Por este motivo, esta decisión es negativa para el crédito soberano español”.

Moody’s es actualmente la agencia que da la nota más baja a la deuda española, de Baa1, que no mejora desde 2018. No obstante, la firma mantiene una perspectiva positiva sobre esta calificación, que ha alimentado en los últimos tiempos expectativas de mejora que podrían verse penalizadas ahora por el plan diseñado por Hacienda para aliviar la deuda autonómica.

En su informe, la agencia de rating observa que la carga de deuda de las regiones afectadas que mantiene bajo evaluación (10 de las 15) se reducirá tras la quita de un promedio actual de 159% de los ingresos operativos en 2024 a una media del 119%. “Al mismo tiempo, estas regiones podrían lograr un ahorro anual agregado de intereses de alrededor de 1.300 millones de euros, lo que reduciría el gasto operativo y mejoraría el desempeño operativo y el desempeño financiero futuro”, apuntan.

Teniendo en cuenta esto, prevén que “la reducción de la deuda de las regiones bajo el régimen común las ayude a lograr una consolidación fiscal en el próximo año o dos. Sin embargo, también creemos que este efecto no será duradero a menos que esté acompañado de condiciones para mejorar la solidez fiscal o una reforma integral del sistema de financiación regional para alinear los recursos con las responsabilidades regionales”.

Las visiones expresadas en los últimos días por S&P y Moody’s reflejan los recelos con los que se mira en el mercado un plan que carece de las herramientas para resolver de forma duradera los problemas de infrafinanciación que afectan a varias autonomías españolas y que, al mismo tiempo, puede incitar comportamientos imprudentes en materia fiscal en los gobiernos autonómicos bajo la confianza de que, en caso de dificultades, el Gobierno central intervendrá para solventar el problema.

Scope y DBRS

En este sentido, Jakob Suwalski, director de calificaciones del sector público y soberano de Scope Ratings, también ponía sobre la mesa, en declaraciones a El Confidencial, el riesgo moral implícito en la condonación de la deuda autonómica, al tiempo que advertía de que, “si se aplica, la condonación de la deuda regional propuesta solo supondrá un alivio modesto para las regiones, ya que estas ya tienen una baja carga de pago de intereses (1,9% de los ingresos de explotación en 2023, frente al 6,7% en 2014)”.

En su opinión, “Andalucía, Cataluña y Valencia serán las más beneficiadas, pero los elevados déficits de Cataluña y Valencia limitan aún más el impacto financiero en estas regiones”.

Por su parte, Jorge Espinosa, del área de ratings soberanos europeos de Mornigstar DBRS, defiende que el plan planteado por la ministra María Jesús Montero “favorecerá la situación financiera y fiscal de todas las comunidades autónomas de régimen común. En primer lugar, el nivel de endeudamiento se reducirá. Además, la reducción de la deuda disminuirá la carga financiera de estas comunidades, con lo que estas administraciones contarán con más recursos para reducir su déficit fiscal y para brindar los servicios públicos a los ciudadanos”.

Además, observa que, “en el caso de que las comunidades destinen el ahorro en pago de intereses a mejorar su resultado presupuestario, esta medida produciría una mejora de desempeño fiscal en el corto plazo. En el largo plazo, las comunidades podrían acceder a fuentes de financiación más diversas, de forma que sus repagos pudiesen estabilizarse en montos más bajos durante un plazo extendido”. Esta mejora podría ayudar a algunas regiones a cumplir con los objetivos fiscales, lo que, a su vez, “podría acelerar la vuelta a mercados financieros de algunas comunidades autónomas, ya que actualmente el elemento limitante para la actividad en mercados de las comunidades es la falta de cumplimiento de los objetivos fiscales”, defiende Espinosa.

Fuente El Confidencial