El Servicio Andaluz de Salud es condenado 25 veces por la cesión ilegal de trabajadores en la etapa de Montero

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) estuvo pagando durante casi una década las nóminas de decenas de «asesores técnicos» que en realidad no trabajaban para este organismo dependiente de Salud de la Junta de Andalucía cuando María Jesús Montero era su máxima responsable (2004-2013). Una vez firmado su contrato temporal por obra o servicio, este personal no volvía a poner un pie en ninguna oficina de la fundación que supuestamente lo había empleado. Ésta pagaba su nómina, las pagas extra y también las dietas correspondientes, pero ahí terminaba la aparente relación laboral entre el ‘patrón’ y su asalariado . Los asesores, en realidad, desempeñaban sus tareas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la agencia pública que gestiona los consultorios y hospitales de toda la comunidad. Era el SAS el que les facilitaba una tarjeta identificativa, un correo corporativo, un teléfono, un ordenador, una mesa para trabajar, las claves de acceso a la plataforma informática Diraya –el sistema que reúne las historias clínicas de todos los pacientes andaluces–, e incluso organizaba sus vacaciones, días libres y permisos. Así pasaron los días, los meses y los años, durante casi una década, hasta que los «asesores técnicos» fueron despedidos entre 2014 y 2018 o éstos pidieron su consideración de indefinidos. En Andalucía todavía estaba gobernando el PSOE.Desde entonces y hasta la actualidad, las sentencias firmes del Tribunal Supremo se han repetido en cascada y ya son 25 las condenas en firme contra el Servicio Andaluz de Salud . Otras cuatro están pendientes de su ratificación, según confirmaron ayer a ABC fuentes de la Consejería de Salud y Consumo. Los tribunales han concluido que existió una «cesión ilegal de trabajadores» desde la Fundación Progreso y Salud a la agencia pública sanitaria cuando Montero estaba al mando de la Consejería de Salud. Sobresueldos de directivos de la fundaciónEs la misma fundación autonómica que abonaba sobresueldos indebidos a sus directivos incumpliendo un acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz del 24 de julio de 2012 que obligaba a recortar un 10% las nóminas de todos los empleados públicos. La actual vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz presidía el patronato de la fundación que decidió ‘perdonar’ los ajustes salariales a sus altos ejecutivos.Esta irregularidad salió a luz años después, en 2016, cuando ella era consejera de Hacienda y el interventor general de la Junta alertó del riesgo de menoscabo de fondos públicos. El plazo para reclamar los pagos indebidos a 33 trabajadores había prescrito y otros directivos, como la mujer del exministro Bernat Soria, que ganaba más que el presidente de la Junta, se prestó a devolver el dinero cuando su nombre apareció en el informe del interventor que desembocó en una investigación interna archivada seis meses después por Montero.Noticia Relacionada estandar Si Montero se autoindultó en un «menoscabo de dinero público» siendo consejera de la Junta Antonio R. VegaEl denominador común de estas prácticas irregulares es que sucedieron bajo el mandato de la futura candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía. La Administración autonómica todavía está pagando las consecuencias de esta anómala situación laboral. Las sentencias de los juzgados ordinarios y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mayoría ya confirmadas por la Sala de lo Social del Supremo, se han saldado con condenas que obligan al SAS a readmitir a los afectados como empleados indefinidos no fijos tras estimar sus demandas y reconocer sus derechos retributivos con la categoría de «técnicos de salud».Funcionaban como empleados ‘fantasma’ de la fundación cuando en realidad trabajaban para otra agencia sanitariaLa última sentencia de la Sala de los Social del TSJA con sede en Sevilla se dictó el 12 de diciembre de 2024 y de nuevo da la razón a una psicóloga contratada a jornada completa por la citada fundación pública el 13 de febrero de 2006, aunque su puesto de trabajo estaba en le Hospital de Valme en la capital hispalense. El tribunal entiende que hubo «una cesión ilegal» de esta trabajadora . Esto ocurre, según la doctrina judicial, «cuando una empresa, cualquiera que sea su entidad económica, limite su actividad a ceder mano de obra a otra empresa –en este caso el SAS–, creando una apariencia de relación laboral con el trabajador sin ejercer los poderes de organización y dirección que le corresponden». El contrato no comportaba una prestación real de servicios para la fundación. De estos empleados, más de cuarenta eran psicólogos y administrativos que suscribieron un contrato temporal con la Fundación Progreso y Salud entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007 para la realización de la obra o servicio «Apoyo técnico a la Dirección General de Salud Pública y Participación para el Plan Integral de Tabaquismo ». En realidad, trabajaban en los centros de salud, donde asesoraban a los fumadores para curar esta adicción, o hacían tratamientos sobre la obesidad infantil, la violencia de género o la alimentación saludable, actividades que no tenían ningún encaje entre los fines de la entidad que los contrataba. Fue Montero como consejera de Salud la impulsora de esta iniciativa . El Plan Integral de Tabaquismo se fijó para el quinquenio 2005-2010, bajo su mandato. Hasta diciembre de 2012, el SAS y otras siete fundaciones, entre las que se encontraba la FPS, no firmaron un convenio de colaboración para regular las relaciones entre estos entes.El científico de cabecera del Gobierno socialista era el exministro de Salud y Consumo Bernat Soria , que compaginaba sus negocios privados con su actividad como investigador estrella de la fundación hasta el nuevo Ejecutivo del PP le aplicó un despido disciplinario en mayo de 2019. La falta de control sobre los empleados de la entidad pública no es un episodio aislado. Durante «largo tiempo» mantuvo en nómina a otro investigador «fantasma» que no acudía a su puesto de trabajo mientras prestaba sus servicios en otra compañía privada. La fundación rescindió por este motivo el contrato al investigador Abhay Krishan en octubre de 2018, cuando todavía gobernaba Susana Díaz.
Fuente ABC