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Buenos Aires, 11 de Mayo 2025-Total News Agency-TNA- Un significativo hallazgo histórico tuvo lugar en el subsuelo del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encontraron cajas conteniendo material de propaganda nazi que permanecían almacenadas desde el año 1941. El descubrimiento se produjo en el marco de tareas de mudanza y organización del archivo del máximo tribunal, vinculadas a la puesta en marcha de un futuro museo institucional.
Fuentes judiciales destacaron la relevancia del material encontrado, sugiriendo que su análisis podría aportar datos cruciales para la investigación de sucesos relacionados con el Holocausto o la trazabilidad de fondos nazis a nivel global.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue informado del hallazgo y dispuso de inmediato un relevamiento exhaustivo de toda la documentación contenida en las cajas. Tras la detección inicial de varias de estas cajas, cuyo contenido preliminar reveló material destinado a la consolidación y expansión de las ideas del régimen de Adolf Hitler en Argentina, el resto de los bultos quedaron bajo estricta custodia.
La apertura formal del conjunto de cajas se llevó a cabo el pasado viernes, dando inicio a un proceso de evaluación e inventario que, según estimaciones preliminares, demandará varias semanas de trabajo por parte de investigadores especializados.
El origen de este material se remonta al 20 de junio de 1941, cuando 83 cajas fueron enviadas desde la embajada alemana en Tokio a bordo del vapor japonés “Nan-a-Maru”. La representación diplomática alemana en Argentina intentó declararlos como elementos de uso personal de miembros de la embajada para obtener su libre despacho, pero la División de Aduanas y Puertos, ante la elevada cantidad y la posible naturaleza del contenido que pudiera afectar la neutralidad argentina frente al conflicto europeo, frenó la operación.
La Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentina, creada en la órbita de la Cámara de Diputados y presidida por el entonces diputado radical Raúl Damonte Taborda, intervino en el caso. Tras ser informada por la Aduana, la comisión solicitó la remisión de la información sobre las encomiendas, que sumaban casi 700 kilogramos de peso.
El 8 de agosto de 1941, en presencia de representantes de Aduanas, Cancillería y la Comisión Investigadora, se procedió a la apertura aleatoria de cinco cajas. Si bien se encontraron publicaciones de orden científico y cultural, una parte significativa del contenido consistía en postales, fotografías y material de propaganda del régimen nazi, además de miles de libretas de organizaciones como la Organización del Partido Nacional Socialista en el exterior y la Unión Alemana de Gremios.
Ante la naturaleza del material, los funcionarios resolvieron retener las cajas a la espera de instrucciones superiores, mientras que los representantes de la embajada alemana se negaron a firmar el acta y posteriormente solicitaron la devolución de los paquetes a Tokio.
Damonte Taborda insistió en la necesidad de abrir las 78 cajas restantes, argumentando que el contenido ya verificado era “material de propaganda antidemocrática y lesivo para las naciones con las cuales mantiene normal relación la República Argentina”. El legislador también señaló antecedentes de “inconsistencias” por parte de la embajada, como la declaración previa de un transmisor radiotelegráfico como correo diplomático, y sostuvo que Buenos Aires parecía ser un centro de concentración de propaganda antidemocrática para su distribución en América Latina.
La comisión solicitó entonces el secuestro de los bultos, una petición que fue rechazada por el Ministerio del Interior y respaldada por Cancillería. Ante esta negativa, la Comisión recurrió a la Justicia. El 13 de septiembre de 1941, solicitaron al juez federal en lo Criminal y Correccional Miguel Luciano Jantus la incautación de las encomiendas. El magistrado ordenó mantener la mercadería a disposición del juzgado mientras solicitaba informes adicionales. Finalmente, el 16 de septiembre de 1941, el juez remitió las actuaciones a la Corte Suprema, considerando que el caso, al involucrar directamente a un país extranjero, era de competencia originaria del máximo tribunal.
Hasta el reciente hallazgo, no existían registros públicos sobre el destino final de este material. Fue el director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente, quien identificó que las cajas estaban vinculadas a aquella antigua causa judicial. La información fue elevada al director del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan, quien dispuso la inmediata preservación del material.
Las cajas fueron trasladadas a una sala especialmente acondicionada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, dotada de cámaras de seguridad y custodia policial, a la espera de su exhaustivo análisis por parte de los investigadores.
