Por Dario Rosatti
Buenos Aires, 17 de mayo de 2025-Total News Agency-TNA–Tras años de protección política, beneficios fiscales extraordinarios y un régimen impositivo intocable incluso bajo la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional inició un viraje inesperado: avanzará con la eliminación de aranceles a la importación de celulares y reducirá progresivamente los impuestos internos que favorecían a productos ensamblados en Tierra del Fuego. La decisión marca un punto de inflexión en la política industrial argentina y coincide con la creciente tensión entre Milei y el expresidente Mauricio Macri, quien históricamente mantuvo vínculos con empresarios beneficiarios del régimen fueguino, al igual que los emparentados, ministro de economia Luis Caputo y Super Asesor Santiago Caputo. Elecciones y poder tienen su peso.
La medida, anunciada en el marco del ajuste fiscal, busca desmantelar privilegios concedidos a un reducido grupo de empresas ensambladoras radicadas en la isla austral, cuyas exenciones fiscales le cuestan al Estado más de USD 1.000 millones anuales. Hasta hace poco, la continuidad de este sistema había sido garantizada por negociaciones parlamentarias impulsadas por el oficialismo, que dejó fuera de la Ley Bases los artículos que ponían en riesgo el subrégimen industrial.
Sin embargo, en las últimas semanas se produjo un cambio de tono. El quiebre entre Milei y Macri, antes aliados en la construcción del nuevo oficialismo, escaló a niveles de acusaciones personales, reproches en público y una ruptura política que habría dejado sin respaldo a algunos sectores protegidos por el expresidente y el actual. En ese nuevo escenario, el régimen fueguino quedó sin defensa.
Un régimen con alta carga fiscal y escaso impacto nacional
Según un informe de la Fundación Fundar, el régimen de promoción industrial vigente en Tierra del Fuego representa un gasto fiscal de USD 1.070 millones por año, equivalente al 0,22% del PBI. Las empresas beneficiarias —muchas de ellas vinculadas a capitales nacionales y multinacionales— gozan de exenciones de IVA, Ganancias, aranceles de importación y otros tributos, pero sin generar beneficios proporcionales al país en términos de empleo o innovación.
El sistema, basado en el ensamblaje de productos con bajo valor agregado —celulares, televisores, microondas—, ha sido señalado por funcionarios como “ineficiente y prebendario”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había defendido el régimen a principios de año como parte de las concesiones necesarias para la aprobación legislativa, pero recientemente lo calificó como “una estructura que beneficia a pocos y no genera desarrollo genuino”.
Menor empleo, precios altos, escasa competencia
Además de su elevado costo, el régimen ha sido duramente criticado por su escasa contribución al empleo. La industria fueguina apenas sostiene unos 15.800 puestos de trabajo, mientras que funcionarios como Federico Sturzenegger aseguran que su mantenimiento impide la generación de hasta 60.000 empleos netos a nivel nacional.
En paralelo, los productos fabricados en Tierra del Fuego no son más baratos. A pesar de los beneficios fiscales, los precios de celulares y electrónicos en Argentina siguen siendo sensiblemente más altos que en países vecinos. “Lo que hacen es ensamblar productos importados con exenciones impositivas enormes. Es un chupadero de plata”, afirmó Juan Carlos Hallak, economista del Conicet y coautor del informe de Fundar.
De intocable a cuestionado: qué cambió
Durante 2024, el régimen fueguino había sido uno de los grandes ganadores de la negociación política. AFARTE, la cámara que agrupa a las ensambladoras de la isla, logró eliminar artículos clave del paquete fiscal que hubieran permitido al Ejecutivo suprimir exenciones tributarias. Incluso figuras libertarias como Francos o el propio Milei habían respaldado en silencio la continuidad del régimen, pese a que contradice los principios de competencia y eficiencia que pregonan.
Todo cambió en 2025. La ruptura con Macri no solo desató una reconfiguración política interna, sino que expuso los intereses económicos que, hasta ahora, habían quedado al margen del ajuste. Las empresas que operan en Tierra del Fuego históricamente han tenido vínculos con actores del macrismo —incluido Nicolás Caputo, (primo de Luis y Santiago Caputo) señalado por su influencia en el sector—, y esa cercanía ahora se volvió un pasivo político.
En este nuevo escenario, el Gobierno decidió avanzar sin trabas. La eliminación de aranceles a celulares importados y la reducción de impuestos internos son el primer paso. La presión para replantear el régimen completo aumenta dentro del oficialismo y entre sectores que hasta hace poco no se atrevían a cuestionarlo.
¿Inicio del fin?
El cambio de enfoque respecto al régimen industrial de Tierra del Fuego podría convertirse en el símbolo de un giro profundo en la política económica del oficialismo. Con un Milei más empoderado tras la aprobación de la Ley Bases y un gabinete alineado con los lineamientos del ajuste fiscal, los privilegios que antes eran intocables comienzan a desmoronarse y LLA ya no oculta su intencion de “pasar a retiro” al PRO.
Queda por verse si este será el primer paso hacia el desmantelamiento total del régimen o una advertencia a otros sectores empresariales beneficiados históricamente por excepciones impositivas. Lo cierto es que, en la guerra abierta dentro del poder, Tierra del Fuego dejó de ser tierra protegida.
