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Buenos Aires, 18 de junio de 2025 – Total News Agency (TNA)-– La prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner no fue un desenlace inesperado, sino el producto de negociaciones reservadas entre funcionarios del gobierno nacional, referentes del kirchnerismo y jueces del Tribunal Oral Federal N°2, en un intento por evitar un estallido político y contener una movilización masiva a los tribunales de Comodoro Py.
Las conversaciones informales comenzaron con llamados desde la Casa Rosada a la Justicia federal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, transmitieron a magistrados del TOF 2 la “sugerencia” oficial de notificar la medida sin obligar a Cristina Kirchner a comparecer personalmente, ante el riesgo de una multitudinaria marcha de apoyo que comprometería la seguridad. El mensaje fue claro: contener la tensión era prioritario.
En simultáneo, desde el entorno de la expresidente, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, estableció contacto con operadores judiciales para garantizar una “buena conducta” de su defendida si se le concedía la prisión domiciliaria, según informo Clarín. Aquel guiño fue interpretado por los jueces como parte de un entendimiento tácito entre las partes: el Gobierno evitaría una escena de alto impacto institucional, y el kirchnerismo controlaría a su militancia.
Finalmente, el martes por la tarde, una delegación de la Policía de la Ciudad se presentó en el departamento de San José 1111, en Constitución, donde Cristina Kirchner se encuentra detenida, para notificarle formalmente la medida. El acto incluyó la toma de huellas digitales y la firma de un acta con testigos, sin que la exmandataria pisara los tribunales. El operativo de notificación se realizó de manera silenciosa y eficiente, tal como había sido acordado, informaron fuentes judicilaes.
Ese mismo día, en las oficinas del Partido Justicialista, se resolvió postergar la anunciada marcha a Comodoro Py. El senador José Mayans fue el encargado de comunicar la decisión: “No habrá movilización a los tribunales”. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto con Mena, se había reunido horas antes con funcionarios de Seguridad para ajustar los detalles del operativo. El nuevo destino de la militancia fue la Plaza de Mayo, donde finalmente confluyeron organizaciones políticas y sociales, La Cámpora, y sindicatos afines al kirchnerismo.
En su lugar de detención, Cristina Kirchner envió un mensaje grabado que se difundió por altoparlantes en la plaza. Allí agradeció el respaldo, fustigó a la Corte Suprema y calificó de “injusto” e “insostenible” el modelo económico del presidente Javier Milei. Su frase más resonante fue una consigna de campaña: “Vamos a volver con más fuerza y unidad”.
El acuerdo político-judicial incluyó también restricciones adicionales. El tribunal le impuso una tobillera electrónica y limitó el número de visitas. Asimismo, se estableció que Cristina deberá evitar cualquier comportamiento que altere la convivencia en el barrio o incentive a sus seguidores a violar normas de seguridad o disturbios vecinales.
Total News ya había advertido en artículos anteriores sobre la posible presión geopolítica en torno a la figura de la expresidenta. En notas como “¿Apoyo externo para CFK?”, se alertó sobre eventuales respaldos internacionales provenientes de actores del Foro de San Pablo e incluso de Rusia, país que –según documentos de inteligencia a los que accedió esta agencia– tuvo un rol clave en la campaña electoral del peronismo y en operaciones psicológicas en redes.
La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, lejos de ser una resolución estrictamente judicial, fue el resultado de una negociación política donde todos cedieron algo para evitar una escena que, de concretarse, podría haber puesto en jaque la gobernabilidad y la paz social.
