Buenos Aires, 20 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA-En un nuevo giro judicial de alto voltaje político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la defensa de dos directivos de Correo Argentino S.A., vinculados al Grupo Macri, y con ello dejó firme la continuidad de la investigación penal por presuntas irregularidades en el acuerdo entre la empresa y el Estado Nacional. La decisión se produce apenas días después del fallo que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, consolidando así una nueva etapa de tensión institucional donde la Justicia vuelve a colocar en el centro del debate a expresidentes y sus entornos.
La resolución del máximo tribunal lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con un lenguaje escueto pero contundente, rechazaron el planteo de Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y del abogado Jaime Kleidermacher, quienes habían intentado apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña por supuesta “enemistad manifiesta” hacia Mauricio Macri, a quien representaron indirectamente en sus argumentos de defensa.
La Corte entendió que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, como exige el artículo 14 de la Ley 48. En consecuencia, además de rechazar el planteo, impuso un depósito obligatorio a los recurrentes bajo apercibimiento de ejecución, una medida que refuerza el mensaje de que no se tolerarán maniobras dilatorias en causas sensibles de corrupción.
La investigación penal tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo desde 2017 y alcanza también al exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al exfuncionario jurídico Juan Manuel Mocoroa. Se los acusa por haber impulsado un acuerdo en 2016 que, según la fiscal Gabriela Boquin, implicaba una condonación del 98,87% de la deuda de Correo Argentino con el Estado. La fiscal lo calificó como “ruinoso” y “abusivo”, logrando detener su avance judicial en aquel momento.
La defensa de los imputados había argumentado que los jueces Farah y Boico eran parcializados por razones ideológicas y políticas: señalaron que Farah denunció presiones del gobierno de Macri y que Boico, antes de ser magistrado, defendió a exfuncionarios kirchneristas. Sin embargo, la Cámara Federal primero, y luego la Sala IV de Casación Penal a través del juez Javier Carbajo, desestimaron esos temores por falta de fundamentos objetivos.
La reactivación de esta causa pone al Grupo Macri nuevamente en el foco del sistema judicial, en un contexto de creciente atención pública y mediática tras el fallo que dejó firme la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. La lectura política no se hizo esperar: sectores del oficialismo señalan que la Corte intenta equilibrar el escenario judicial para evitar acusaciones de parcialidad, mientras que en la oposición acusan una ofensiva coordinada contra figuras del gobierno anterior.
El expediente, que permanecía en una etapa de letargo procesal, ahora recobra impulso. Las decisiones judiciales en los próximos meses podrían redefinir el tablero político, especialmente si se avanza hacia un juicio oral contra los responsables de un acuerdo que comprometía recursos públicos y que, por sus características, despertó duras críticas desde los organismos de control.
Con esta decisión, la Corte Suprema marca que no hay inmunidad ni para expresidentes ni para sus estructuras empresariales, manteniendo abierto el camino para causas que involucran millones de pesos del erario público y que podrían derivar en nuevas sanciones penales.
