El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la subida salarial pendiente de 2024 para los empleados del sector público, según han adelantado CCOO y UGT en un comunicado y ha confirmado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión. Se trata del tramo de incremento adicional ligado a la inflación fijado en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y supone el último aumento acordado entre los sindicatos y el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde a la subida del 0,5% aplicable desde el uno de enero del año pasado y consolidable a partir de entonces, por lo que se procederá en los próximos meses al pago de las retribuciones atrasadas de año y medio. La decisión se ha demorado más de lo esperado y de lo sucedido en años anteriores, cuando la parte adicional se aprobó a principios de año. Se desconocen los motivos exactos del retraso más allá de la prórroga de los presupuestos de 2023.
Los sindicatos muestran su “satisfacción” en el comunicado, pero critican que el compromiso llegue “con 18 meses de retraso” y después de algunas protestas en las últimas semanas, como la del área pública de CCOO a las puertas del Ministerio de Hacienda el pasado miércoles y otras previas de CSIF. Además, inciden en que aún queda pendiente de cumplir una “parte importante” del acuerdo marco, como el acceso a la jubilación parcial anticipada, la jornada de 35 horas y la clasificación profesional, entre otros.
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El texto firmado en 2022 establecía subidas salariales para 2022, 2023 y 2024 con una parte fija y otra variable ligada al crecimiento del PIB y del IPC. Los incrementos fijos eran del 3,5% para 2022, el 2,5% para 2023 y el 2% para 2024. En ese último año se dispuso que si la suma de la variación del índice de precios armonizado (IPCA) de los tres años de aplicación del acuerdo superaba el incremento retributivo fijo acumulado, se aplicaría un incremento adicional del 0,5%. Es el que previsiblemente se aprobará este martes porque la subida fija acumulada es del 8%, mientras que la variación de los precios ha sido de un 14,6%.
La subida afectará a tres millones de empleados públicos entre funcionarios, personal laboral e interinos y, según los cálculos de CSIF, tendrá un impacto acumulado de algo más de 600 millones de euros, unos 200 euros por persona. UGT realiza una estimación similar, de unos 720 millones de euros. A pesar de los incrementos de los últimos años, los salarios del sector público han perdido más poder adquisitivo que los del sector privado desde la crisis financiera como consecuencia de las congelaciones salariales en los años de los recortes y la reciente crisis de inflación.
Según los últimos datos disponibles de salarios de la EPA, las retribuciones del sector público fueron en 2023 un 5,2% inferiores en términos reales a las de 2008, mientras que la caída es del 1,1% en el sector privado. No obstante, los empleados públicos cobran, en promedio, un 25% más que los del sector privado. En línea con el acuerdo marco cuyo periodo de vigencia finalizó en 2024, los sindicatos piden a Función Pública iniciar las negociaciones para un nuevo pacto que fije las subidas salariales de 2025 y los dos próximos años, pero las conversaciones todavía no se han iniciado y previsiblemente no lo harán hasta después del verano.
Sí se aprobará antes del parón vacacional la oferta de empleo público de la Administración General del Estado de 2025, para la que hay fijada una próxima reunión entre Función Pública y los sindicatos el próximo jueves 3 de julio. La previsión de los sindicatos es que el número de plazas convocadas será similar a la de 2024, cuando se ofertaron 31.465 plazas para la AGE entre promoción interna y plazas nuevas, además de otras para las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que hizo un total de 40.146 plazas.
Fuente El Confidencial
