La reconstrucción societaria de Sanabria SRL suma ahora conexiones políticas anteriores al desembarco de Fernando Cerimedo. Marcelo Molins, candidato vinculado a Carolina Losada, llegó a poseer el 35% de la compañía; dirigentes del poderoso gremio aceitero aparecen en las gestiones políticas alrededor del proyecto y Cerimedo había trabajado con Patricia Bullrich entre 2019 y 2021. TNA ya había revelado que, después del ingreso de Surlibre Inversiones, la antigua guardería náutica avanzó hacia el millonario negocio de abastecer combustible a embarcaciones de la Hidrovía y obtuvo autorizaciones nacionales bajo el área de Puertos y Vías Navegables dependiente del Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo.
Rosario – 12 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La expansión de Fernando Cerimedo sobre el estratégico negocio de la Hidrovía Paraná-Paraguay suma nuevos antecedentes políticos y societarios que muestran que la transformación de Sanabria SRL, desde una modesta guardería náutica de Puerto General San Martín hasta una empresa interesada en prestar servicios portuarios y abastecer combustible a remolcadores y barcazas, comenzó mucho antes del ingreso formal del consultor libertario.
Documentación del Boletín Oficial de Santa Fe confirma que en junio de 2022 Marcelo Enrique Fabián Molins adquirió 175 de las 500 cuotas de la entonces Sanabria Porporato SRL, equivalentes al 35% del capital, mientras Iván Alberto Sanabria conservaba las 325 restantes. Molins salió formalmente de la sociedad en enero de 2023, cuando transfirió sus 175 cuotas a Sergio Ezequiel Amarilla, quien terminó compartiendo el capital en partes iguales con Sanabria.
El dato adquiere dimensión política porque Molins participó posteriormente de la construcción electoral vinculada a Carolina Losada en Puerto General San Martín. La senadora santafesina estaba entonces estrechamente alineada con Patricia Bullrich, que en 2023 la respaldó públicamente en la dura interna por la gobernación contra Maximiliano Pullaro, acompañándola incluso en el cierre de campaña.
La conexión no establece por sí misma intervención de Losada o Bullrich en las operaciones comerciales de Sanabria, pero incorpora una nueva capa a una sociedad cuyo recorrido posterior terminó desembocando en el entorno de Cerimedo. El propio consultor reconoció públicamente haber trabajado con Bullrich hasta 2021, después de colaborar con el macrismo en 2019, antes de trasladar su estructura de comunicación política al proyecto de Javier Milei.
En paralelo apareció otro circuito de relaciones alrededor de Luciano Mandón, dirigente de Puerto General San Martín y actual integrante de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA). Mandón compitió por la intendencia en 2023 contra Carlos De Grandis y, según fuentes citadas por La Política Online, sectores vinculados a Sanabria apostaban a que un cambio político municipal permitiera destrabar la habilitación que la firma no había conseguido. Esa afirmación corresponde a fuentes periodísticas y no constituye hasta ahora una constatación administrativa de que existiera un acuerdo formal.
El recorrido resulta significativo porque Puerto General San Martín constituye uno de los nodos centrales del complejo agroexportador argentino y cualquier autorización para operar sobre el Paraná permite ingresar a un circuito donde circulan millones de toneladas de granos, aceites, combustibles y cargas destinadas al comercio exterior.
Fue sobre esa estructura previa que apareció Surlibre Inversiones SA, vinculada a Cerimedo. El registro societario publicado oficialmente establece que en mayo de 2024 Surlibre adquirió cuotas de Sanabria SRL y terminó controlando el 30% de la compañía. La operación incorporó además a Vicente Federico Quintanal a la administración de la empresa.
Total News Agency ya había informado sobre este desembarco y sobre el verdadero atractivo económico del proyecto: Sanabria buscaba dejar atrás su origen como guardería náutica para ingresar en el negocio de servicios a embarcaciones, particularmente la provisión de diésel a los remolcadores y convoyes de barcazas que recorren la Hidrovía, una actividad dolarizada, altamente regulada y concentrada en pocos operadores.
El movimiento societario coincidió temporalmente con la llegada de Iñaki Arreseygor al área nacional de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Economía encabezado por Luis “Toto” Caputo. La Política Online afirmó que el expediente para que Sanabria pudiera avanzar necesitó intervención del área nacional y sostuvo, sobre la base de fuentes del sector portuario, que las autorizaciones fueron obtenidas con una rapidez inusual.
La precisión resulta necesaria: la documentación disponible confirma la dependencia administrativa de Puertos y Vías Navegables respecto del área económica y las autorizaciones obtenidas por la empresa, pero no demuestra por sí sola una orden personal de Caputo para favorecer a Cerimedo. Lo que sí queda planteado es cómo una sociedad que todavía tenía dificultades con su habilitación municipal logró avanzar en trámites nacionales dentro de un mercado en el cual los propios operadores describen fuertes barreras de entrada.
Fuentes municipales citadas por distintas investigaciones periodísticas aseguraron que Sanabria mantenía documentación pendiente en Puerto General San Martín aun cuando había obtenido una autorización provisoria de Prefectura Naval Argentina y continuaba gestionando avales nacionales para ampliar su actividad.
El proyecto era todavía más ambicioso. Quintanal, incorporado a la administración tras el ingreso de Surlibre, llegó a gestionar la adquisición de un predio de aproximadamente 30 hectáreas lindero a Sanabria, perteneciente a capitales bolivianos y vinculado históricamente a una antigua terminal de la Junta Nacional de Granos. El objetivo, según las reconstrucciones publicadas, era ampliar la escala del emprendimiento hacia una infraestructura portuaria de mayores dimensiones.
La sucesión societaria deja así tres momentos perfectamente identificables. Primero, la etapa de Molins, con una participación documentada del 35% y posterior inserción política en el espacio de Losada. Después, la búsqueda de apoyos locales mientras dirigentes relacionados con el SOEA disputaban el control municipal de Puerto General San Martín. Finalmente, el ingreso de Surlibre, Cerimedo y Quintanal, seguido por la aceleración del proyecto portuario y su salto al negocio de combustibles sobre la principal vía navegable argentina.
El entramado amplía el interrogante que TNA ya había planteado cuando reveló el negocio: cómo una guardería náutica de infraestructura limitada terminó vinculada a una red empresaria con llegada política nacional, habilitaciones para operar sobre un corredor estratégico y planes para abastecer combustible y expandirse sobre uno de los últimos grandes terrenos portuarios disponibles del Paraná.
La respuesta probablemente ya no esté solamente en los registros societarios. También deberá buscarse en los expedientes de Prefectura Naval, Puertos y Vías Navegables, la Municipalidad de Puerto General San Martín y en la secuencia completa de trámites presentada antes y después del ingreso de Surlibre. Allí puede determinarse quién impulsó cada autorización, cuánto demoró, qué requisitos estaban cumplidos y cuáles permanecían pendientes cuando el proyecto dejó de ser una vieja guardería para intentar convertirse en un nuevo jugador del negocio multimillonario de la Hidrovía.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe; La Política Online; SOEA San Lorenzo; La Nación; Infobae; antecedentes publicados por Total News Agency – TNA sobre Fernando Cerimedo, Sanabria SRL, Surlibre Inversiones y el negocio de provisión de combustible en la Hidrovía; registros societarios y antecedentes públicos de las campañas de Carolina Losada y Patricia Bullrich.
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