Argentina
España
USA
Israel
Buenos Aires, 2 de julio – Total News Agency-TNA--Un episodio aún no confirmado oficialmente por el Gobierno argentino ha generado inquietud y malestar entre autoridades pesqueras y diplomáticas, luego de que un buque presuntamente español, con bandera de las Islas Malvinas, fuera detectado navegando en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina continental, área en la que sólo pueden operar embarcaciones con autorización nacional.
El incidente, que se produjo días atrás, puso en evidencia la falta de coordinación entre los organismos del Estado respecto a la política marítima y el tratamiento de casos que involucran el conflicto de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Según reconstrucciones de medios especializados, el pesquero en cuestión sería de origen gallego, con base en Vigo, uno de los puertos europeos con mayor cantidad de licencias de pesca otorgadas por el gobierno británico de las islas.
La embarcación habría sido detectada por la Prefectura Naval Argentina con bandera malvinense —no reconocida por la legislación nacional— mientras operaba durante varias horas dentro de las 200 millas náuticas que delimitan la ZEE argentina. Pese a ello, no fue interceptada formalmente debido a la falta de una orden directa desde la Cancillería y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), según confirmaron fuentes extraoficiales.
“La información señala que se trató de una embarcación registrada en las Islas Malvinas, lo cual implica una doble irregularidad: operar sin permiso argentino en aguas nacionales y portar una bandera que la Argentina no reconoce”, explicó una fuente del sector, bajo reserva. Otro informante confirmó que hubo intención de aplicar sanciones, pero el proceso quedó trabado por indefiniciones internas.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no se emitieron declaraciones oficiales. La Cancillería, conducida por Gerardo Werthein, atraviesa tensiones en el manejo de la cuestión Malvinas, especialmente tras la salida de la embajadora británica Kirsty Hayes, cuyo vínculo con el gobierno argentino se deterioró en los últimos meses. Fuentes diplomáticas aseguran que, durante su despedida, Hayes solicitó avanzar en temas humanitarios y logísticos —como el restablecimiento del vuelo San Pablo-Malvinas con escala en Córdoba—, pero recibió como única respuesta oficial una declaración del jefe de Gabinete de la Cancillería que reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
Actualmente, la Secretaría de Malvinas está a cargo de Paola Di Chiaro, aunque las decisiones clave son tomadas por Werthein, el vicecanciller Eduardo Bustamante —de perfil más nacionalista— y el cónsul en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé. Este núcleo diplomático logró recientemente retener los respaldos tradicionales a la posición argentina sobre Malvinas en foros como la ONU y la OEA.
El incidente con el pesquero reaviva viejas controversias en torno a la eficacia de la política pesquera y marítima. Desde el Mercosur existe una resolución que impide a barcos con bandera malvinense operar o amarrar en puertos del bloque, pero su cumplimiento es actualmente marginal. A esto se suma la preocupación por el avance de pesqueros con registros en jurisdicciones de conveniencia, como Vanuatu o Liberia, muchas veces ligados a operadores europeos o asiáticos.
En enero pasado, la Prefectura interceptó al buque Xinrun 579, con bandera de Vanuatu, también en la ZEE, imponiéndole una sanción. Sin embargo, el caso actual resulta más complejo al involucrar una bandera política no reconocida y la presunta omisión del Estado argentino en su respuesta institucional.
El hecho ha reabierto el debate sobre la necesidad de establecer una mesa interinstitucional que unifique criterios entre Cancillería, Prefectura, INIDEP y organismos de control pesquero, con el objetivo de establecer respuestas claras ante incidentes que afectan la soberanía nacional y la explotación de los recursos marítimos.
