Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentan ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Los consejeros acusan a la magistrada de detener arbitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una carcel de máxima seguridad por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal.
Se trata de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie.
Reclaman la liberación de los detenidos
Los abogados defensores de los inculpados por el escrache al diputado libertario (LLA) José Luis Espert, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones políticas reclamaron “la liberación de las presas”, además de asegurar que esto es una “persecución política, judicial y mediática”.
El Dr. Diego Molea, uno de los defensores de Alesia Abaigar, Iván Díaz Sánchez, Aldana Sabrina Muzzio, Candelaria Monte Cató, Joaquina Santos y Eva Mieri, aseguró que el hecho que se les atribuye a los detenidos “a lo sumo constituye una contravención”.
“El Juzgado federal de San Isidro, liderado por Sandra Arroyo Salgado, toma y se siente competente en una causa de tirar caca en la vereda en vez de ocuparse, como corresponde, de tratar otros temas y otros delitos federales que tanto nos preocupan en este país, como el narcotráfico, por ejemplo”, manifestó.
Por su parte, abogados e integrantes de Peronismo por la Ciudad expresaron su “enérgico repudio”, calificaron a las detenciones de “arbitrarias” y exigieron la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “responsable política de esta avanzada autoritaria”.
“Este accionar viola garantías constitucionales básicas, como la libertad de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia, llegando incluso hasta el Principio de Legalidad, ya que las compañeras son perseguidas y detenidas acusadas de conductas que, aún si fueran responsables, no constituyen delitos”, señalaron.
En la misma línea, el CELS sostiene que Bullrich es “una de las principales promotoras” de utilizar todos los recursos punitivos del Estado “para perseguir a quienes protestan y a la disidencia política, junto con la SIDE”.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
