Buenos Aires, 7 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA–La creciente presión de los gobernadores provinciales ha llegado al Congreso y amenaza con desbaratar la estrategia de equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei. Un amplio sector de la oposición se prepara para impulsar esta semana una batería de proyectos que incluye aumentos a las jubilaciones, declaración de emergencia en discapacidad y reformas en la distribución de recursos nacionales, todos fuertemente resistidos por la Casa Rosada.
El peronismo formalizará este lunes el pedido de sesión para el próximo jueves 10 de julio en el Senado, con el objetivo de tratar estas iniciativas. Desde el oficialismo trabajan contra reloj para desactivar la convocatoria, mientras atraviesan un momento de alta tensión interna por las negociaciones electorales de cara a los comicios de octubre.
Entre los proyectos más conflictivos se encuentra la reforma de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, que busca aumentar la participación de las provincias en el reparto de fondos actualmente manejados de manera discrecional por el Poder Ejecutivo. Aunque no cuentan con dictamen formal de comisión, el bloque peronista asegura tener los votos necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas, lo que exige una mayoría especial de dos tercios.
Desde el peronismo, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti lideran la avanzada legislativa, y aseguran contar no solo con los votos para abrir el debate sino también para blindar las normas ante un eventual veto presidencial. De concretarse, el Congreso podría insistir con su aprobación si alcanza los dos tercios en ambas cámaras.
El escenario se complica para el oficialismo, ya que varios senadores no alineados con Unión por la Patria firmaron o manifestaron su apoyo a las iniciativas. Entre ellos se destacan Eduardo Vischi (UCR), Alfredo De Angeli (PRO), Carlos Espínola (Unidad Federal), Mónica Silva (Río Negro) y Edith Terenzi (Chubut). También el salteño Juan Carlos Romero expresó su respaldo a la redistribución de fondos.
Desde el entorno de algunos gobernadores aliados a La Libertad Avanza se pidió cautela para no tensar el vínculo con la Casa Rosada. “No podemos poner en riesgo la gobernabilidad”, sostuvieron algunos mandatarios provinciales, en medio de versiones que apuntan a negociaciones paralelas para moderar el alcance de las reformas o postergar su tratamiento.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado, podría tener un rol clave al manejar los tiempos de la convocatoria. Aunque aún no ha confirmado su postura, desde la oposición advierten que la sesión se realizará “si no es esta semana, será la próxima”.
En cuanto al paquete previsional, el Senado se prepara para debatir proyectos con media sanción de Diputados que contemplan aumentos en las jubilaciones mínimas y una nueva moratoria que reemplaza a la vencida en marzo. Mientras Unión por la Patria cuenta con 34 votos propios, sumarían otros dos con los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, quedando a un solo voto de la mayoría especial.
Algunos senadores de la UCR y el PRO, como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri, si bien firmaron un dictamen de minoría, cuestionaron el carácter transitorio de la moratoria y reclaman un sistema permanente de inclusión previsional.
En caso de avanzar los proyectos en el Congreso, el impacto fiscal preocupa al Ministerio de Economía. Aunque la reforma del impuesto a los combustibles —que plantea que el 58,36% de la recaudación se distribuya entre las provincias— tiene un costo fiscal moderado (0,2% del PBI), las medidas previsionales y la emergencia en discapacidad representarían un gasto equivalente a dos puntos del producto, según estimaciones oficiales.
Si se suman otras iniciativas ya aprobadas, como el financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan, el Gobierno podría ver frustrado su objetivo de cerrar el año con un superávit primario del 1,6% del PBI, una de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.
La sesión del jueves será determinante para medir el pulso de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, y podría marcar un punto de inflexión en el equilibrio político y fiscal que intenta sostener Javier Milei.