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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 7 de julio de 2025 – Total News Agency (TNA) –La revisión judicial de la prisión domiciliaria que cumple Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, me obliga a expresar lo que muchos piensan y pocos se animan a decir: lo que está en juego no es solo la ejecución de una pena, sino la credibilidad de la República. La ex mandataria ha logrado transformar su domicilio en un centro de operaciones políticas y en una tribuna desde la que desacata fallos judiciales, exhibe impunidad y proyecta una imagen devastadora de inseguridad jurídica que daña a todos los argentinos, alejando inversiones y profundizando el descrédito institucional del país.
Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— llevará a cabo una audiencia clave para determinar si Cristina Kirchner debe continuar cumpliendo su condena en su domicilio del barrio de Constitución. En simultáneo, psicólogos y asistentes sociales la entrevistarán en su vivienda para elaborar un informe sobre su estado emocional, físico y su adaptación al régimen de prisión domiciliaria, el cual será elevado tanto a Casación como al Tribunal Oral Federal N°2, encargado de la ejecución de la pena.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la revocación del arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la Causa Vialidad. La decisión está en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En su documento, los fiscales argumentaron que no hay razones válidas para que la ex presidenta continúe en su domicilio cumpliendo la condena con tobillera electrónica. Asi, la prision federal de Campo de Mayo se aprecia como un destino apropiado para la rea.
Pero hay un hecho que no puede ni debe pasar desapercibido: las recientes declaraciones de Estela de Carlotto el dia 14 de Junio por radio AM 990, quien al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner lanzó una advertencia temeraria que debe ser tomada con extrema seriedad. “Tengo miedo que muera gente por estar defendiéndola”, afirmó, en un llamado indirecto —pero explícito— a la movilización social, al conflicto, incluso a la violencia.
Estas palabras, lejos de contribuir a la paz, funcionan como una provocación que puede derivar en desbordes frente al domicilio de la ex presidenta. El riesgo es concreto: una concentración masiva frente a su casa podría poner en peligro la vida de la propia condenada, según lo ha reconocido incluso su aliada política más cercana, pero también la seguridad de los vecinos y de terceros.
Por todo esto, no queda otra opción responsable que disponer su inmediato traslado a una unidad penitenciaria adecuada, como el penal federal de Campo de Mayo. Solo allí podrá cumplir su condena bajo condiciones controladas, lejos de la tensión social, sin posibilidad de interferir con la política ni provocar situaciones que amenacen la paz social. Alli podría prepararsele, si se quiere, un lugar apropiado, incluso con un toque agreste y natural que serviria para apaciguar su animo y fortalecer su salud mental, recapacitando sobre los actos que la llevaron a su condena..
Garantizar la igualdad ante la ley no es solo una obligación moral, sino una condición indispensable para sostener la República. La continuidad de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner es, en este contexto, una anomalía que debe terminar. Ahora.
