Buenos Aires, 8 de julio de 2025 – Total News Agency‑TNA‑Un reciente informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) aporta nueva documentación que respalda una acusación formal sobre el “vaciamiento” de YPF, derivado de una serie de maniobras presuntamente fraudulentas vinculadas a la familia Eskenazi y el matrimonio Kirchner.
Según la UIF, la operación se gestó mientras Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, cuando Repsol decidió venderle el 25 % de YPF a Sebastián Eskenazi, elegido pese a carecer de experiencia en energía y financiamiento propio. El pago habría sido íntegramente financiado con dividendos futuros, vaciando progresivamente los resultados de la compañía. Para consolidar esa operación, el propio Eskenazi fue designado CEO, aumentando significativamente las utilidades para Repsol.
Se trata de maniobras que, de probarse, implicarían delitos de corrupción y vaciamiento corporativo, y son precisamente los fundamentos de la sentencia dictada en Nueva York por la jueza Loretta Preska, que exige una compensación de US$16.000 millones.
Hasta el momento, la defensa argentina, encabezada por el ex procurador Bernardo Saravia Frías durante la administración Macri, optó por términos civiles ante la justicia de EE.UU. y no activó una vía criminal, ni en Argentina ni en la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Sin embargo, el informe de la UIF señala que existían fundamentos suficientes para una investigación penal, incluyendo facultades para levantar secretos bancarios y rastrear correos electrónicos eliminados con apoyo estadounidense. En Argentina, si bien la diputada Elisa Carrió presentó denuncia ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, el caso acumula más de diez años sin resoluciones.
La causa también podría ingresar en la justicia penal estadounidense, por la presencia de acciones de YPF en la SEC y el NYSE, lo que dejaría sin efecto la demanda civil si se activara un proceso criminal primero. Aún no se ha conocido la presentación ante el DOJ, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estrategia legal del Estado argentino .
El contexto actual es propicio, según analistas, dado el énfasis de Estados Unidos en perseguir casos de corrupción transnacional. Políticos como el senador Marco Rubio han propuesto sanciones contra Cristina Kirchner, lo que intensifica el escenario .
Ante esta trama, la UIF y Carrió apuntan a que una investigación penal concreta —ya sea argentina o estadounidense— podría suspender la compensación civil y abriría una instancia capaz de esclarecer, por fin, las operaciones que habrían vaciado YPF desde 2008.
La pelota está ahora en manos del Ministerio Público de Estados Unidos, del Departamento de Justicia argentino y de la justicia federal local para tomar una decisión que podría alterar el resultado del juicio multimillonario en curso.
