Santiago del Estero, 21 de julio de 2025 – Total News Agency‑TNA-Un nuevo episodio de escándalo sacude Santiago del Estero tras conocerse que el fiscal general, Luis Alberto de la Rúa, protagonizó un grave incidente vial que expone el nivel de impunidad con el que actúa dentro del sistema de justicia provincial, como muestra el video
El 29 de diciembre de 2024, De la Rúa atropelló a una mujer de 57 años en plena calle —su vehículo oficial fue hallado con daños frontales— y huyó de la escena dejando a la víctima tendida, según denuncias públicas. Las cámaras de seguridad del centro de la ciudad registraron el impacto, pero esos registros habrían sido eliminados del sistema de vigilancia, mientras se sospecha que los informes toxicológicos muestran signos de manipulación en connivencia con el poder judicial local. Este tipo de encubrimiento estructural ha sido detallado por Red por la Verdad, que reclama la intervención federal de la provincia por el absoluto control del gobernador Gerardo Zamora sobre los tres poderes del Estado provincial.
La investigación revela que el fiscal ha mantenido conductas públicas bochornosas en múltiples ocasiones. Videos y testimonios documentan su presencia en fiestas con consumo excesivo de alcohol, incluyendo intentos incómodos de contacto con colegas en estado evidente de embriaguez, y recorridas oficiales en vehículos estatales después de esos eventos. A pesar de estos episodios, el gobierno provincial ha protegido sistemáticamente a De la Rúa, evitando su suspensión o procesamiento formal incluso frente a varios pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados provincial.
Además, el esquema político-judicial santiagueño se halla permeado por una red de impunidad respaldada por Zamora: fiscales, jueces y magistrados son designados en base a lealtades personales y afinidad política, no mérito; posibles denuncias de peculado, vínculos con el oficialismo o manipulación de causas quedan impunes si involucran a funcionarios encumbrados. La fiscal Aída Farrán Serlé filtró audios en los que reconoce la detención arbitraria de un policía inocente por órdenes del gobernador, en un caso armado sin pruebas, lo que da cuenta de una instrumentalización sistemática de la justicia para perseguir opositores o dirimir conflictos por intereses inmobiliarios o políticos.
La habitual asistencia del fiscal general De la Rúa a actos públicos encabezados por Zamora, como el mensaje anual ante la Legislatura provincial, refuerza la percepción de una relación de fidelidad institucional entre ambos, donde el Legislativo y el Judicial operan como extensiones del Ejecutivo. En ese contexto, De la Rúa no aparece como una figura independiente, sino como un delegado funcional del gobernador dentro del Ministerio Público.
Por su parte, organizaciones civiles como la Red por la Verdad han exigido la intervención federal inmediata de la provincia, señalando que el atropello de De la Rúa no es un hecho aislado sino parte de un régimen de corrupción sistemática, encubrimiento institucional y violaciones a los derechos ciudadanos.
El caso del fiscal general Luis Alberto de la Rúa une en una sola trama el abuso de poder, la impunidad y la subordinación total del sistema judicial al Ejecutivo provincial. Borracho, prepotente y protegido, su accionar representa no solo una afrenta a la legalidad sino también un síntoma del feudalismo autoritario que rige desde hace décadas en Santiago del Estero bajo el mando de Gerardo Zamora. La relación política y funcional entre ambos desdibuja cualquier vestigio de independencia institucional y reafirma que el sistema de justicia provincial está al servicio del poder político, no del ciudadano.
Este cable denuncia el abuso flagrante de poder en Santiago del Estero y plantea una pregunta clave: ¿puede existir justicia donde el fiscal general es parte del círculo íntimo del gobernador?
