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Formosa, 14 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-.La mayoría de los convencionales opositores abandonaron la convención constituyente en la provincia argentina de Formosa, acusando al oficialismo liderado por el gobernador Gildo Insfrán de violar sistemáticamente el reglamento interno y de manipular el proceso para perpetuar su poder. Seis de los nueve representantes de la oposición renunciaron este martes, dejando solo al radicalismo como fuerza disidente en el recinto, en un episodio que expone las tensiones por la reforma constitucional impulsada tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida de Insfrán.
Los renunciantes incluyen a los libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez; a Gabriela Neme, de Nuevo País; y a Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso. Estos últimos habían formado una alianza inicial con la Unión Cívica Radical (UCR), pero rompieron filas al considerar que los radicales no compartían su decisión de retirarse. La convención, convocada por Insfrán después de que la Corte Suprema invalidara en diciembre pasado el artículo 132 de la Constitución provincial −que permitía su reelección sin límites desde 1995−, duró apenas una semana con la participación plena de todos los miembros.
La composición de la convención proviene de las elecciones provinciales del 29 de junio anterior, donde Insfrán obtuvo el 70% de los votos. En esa votación se eligieron 30 convencionales constituyentes, junto con concejales municipales y la mitad de la Legislatura provincial. De los 30 escaños, 21 correspondieron al oficialismo y nueve a la oposición. Ante esta mayoría abrumadora, que impide a la minoría frenar las iniciativas del gobernador, los opositores que se retiraron buscan deslegitimar el proceso al denunciar un “avasallamiento” de sus derechos. Cabe destacar que los convencionales no reciben salario por su rol, por lo que la renuncia representa un gesto político sin costo económico.
El fallo unánime de la Corte Suprema en diciembre invalidó el artículo 132, introducido por el propio Insfrán en una reforma constitucional de 2003 para garantizar su continuidad en el poder. El tribunal aclaró que su intervención se limitaba a declarar la inconstitucionalidad, dejando a la provincia la responsabilidad de reformar la Carta Magna para cumplir con la sentencia. Insfrán, quien ya impulsaba una reforma antes del fallo para eludir posibles prohibiciones a su reelección, convocó la convención bajo el pretexto de incorporar “derechos de tercera y cuarta generación”, una movida interpretada por la oposición como un cumplimiento formal pero controlado por el gobernador.
Aunque el artículo 132 aún no se ha debatido formalmente, circulan versiones en los pasillos de que el oficialismo podría aceptar limitar los mandatos, pero solo de forma prospectiva mediante una cláusula transitoria. Esto habilitaría a Insfrán, de 74 años, a competir por dos períodos adicionales y permanecer en el cargo hasta los 82 años, completando así 40 años en el poder.
En una nota dirigida a la presidenta de la convención, la oficialista Graciela de la Rosa, los seis renunciantes acusaron al oficialismo de incumplir sistemáticamente el reglamento, generando una “gravedad institucional” que transforma el proceso en un fraude. Denunciaron que los textos se proyectaban en pantalla solo después de su aprobación, impidiendo un debate genuino; que se sancionaron 23 artículos nulos por ignorar procedimientos esenciales; y que se bloqueó el derecho a explicar mociones o debatir sobre tablas. Además, señalaron prácticas para silenciar a las minorías, como interrupciones, prohibiciones de dirigirse por nombre a otros convencionales y cortes de micrófono en transmisiones oficiales.
Gabriela Neme describió un clima de sesiones apresuradas, sin personal de apoyo ni acceso previo a proyectos, con computadoras que fallaban por supuestos problemas técnicos y una clara desigualdad de recursos frente al oficialismo, que contaba con personal, impresoras y textos anticipados. Según los opositores, tuvieron que confeccionar dictámenes de minoría a mano debido a la falta de herramientas digitales. Para ellos, la convención no es más que una “reforma ya pautada” que usa a la oposición como mero decorado para extender el poder de Insfrán.
El oficialismo rechazó las acusaciones. Rodrigo Vera, presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), apuntó contra Esteban López Tossi, titular local de La Libertad Avanza, a quien llamó “títere” de la dirigencia porteña. Vera reprodujo un audio en el recinto donde, según él, los convencionales confesaron que su salida respondía a una “orden desde Buenos Aires” y no a irregularidades, lo que califica como una falta de respeto a la voluntad del pueblo formoseño. Afirmó que el “titiritero de Casa Rosada” movió los hilos para forzar las renuncias.
Por su parte, la UCR decidió permanecer en sus bancas. Miguel Montoya, presidente provincial del partido, coincidió en calificar el proceso de “circo” y “atropello”, pero argumentó que abandonar sería ceder el terreno. “En política se representa, y nos votaron para estar ahí, aun sabiendo que la convención iba a ser esto”, explicó. Para los radicales, quedarse tiene valor estratégico, ya que los debates en el recinto podrían servir como base para un nuevo reclamo judicial ante la Corte Suprema. En un comunicado, la UCR recordó que el fallo que originó esta reforma surgió de una acción judicial propia y enfatizó que “la democracia no se forjó abandonando las luchas”. Criticaron la agenda “unilateral” del oficialismo, que margina proyectos opositores, pero reafirmaron el deber de las minorías de debatir, exigir y exponer ideas en contextos adversos.
Con la oposición dividida y un oficialismo con mayoría absoluta, el desenlace de la convención parece previsible. Ambas facciones coinciden en que la batalla real se librará en los tribunales, las redes sociales y la calle, donde se define la legitimidad política de Insfrán, cuya reelección indefinida fue cuestionada por la Corte Suprema.
