Buenos Aires, 21 de agosto de 2025 – Total News Agency-TNA-La dieta de los senadores nacionales volverá a escalar y alcanzará en noviembre los 10,2 millones de pesos brutos, tras la actualización automática derivada del último acuerdo paritario firmado por los trabajadores del Congreso. El incremento se aplicará de acuerdo con la cláusula votada en abril de 2024, cuando el cuerpo legislativo aprobó —a mano alzada y sin debate— la equiparación de sus haberes con las mejoras salariales pactadas para el personal legislativo.
Actualmente, los senadores perciben poco más de 9 millones de pesos quienes habían renunciado al aumento de junio, y cerca de 9,5 millones quienes no lo hicieron. La mitad del cuerpo presentó una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para desistir del incremento en ese momento, mientras que el resto continuó con la escala salarial vigente.
Villarruel dictó un decreto que invitaba a los legisladores a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”, luego de que el Senado quedara en el centro de la polémica por la falta de definiciones públicas frente a las actualizaciones de haberes.
Del interbloque kirchnerista, que conduce José Mayans, solo el senador Fernando Rejal renunció al aumento de junio. También quedó exceptuada Alicia Kirchner, al percibir su jubilación. El resto de los 32 integrantes mantuvo la mejora. Entre quienes desistieron del incremento se destacan figuras como Martín Lousteau, Luis Juez, Carolina Losada, Alfredo De Angeli y Maximiliano Abad, además de un grupo de legisladores de la UCR, PRO, La Libertad Avanza y provinciales.
En contraste, senadores como la neuquina Lucila Crexell, (nieta de uno de los marinos que bombardeo Plaza de Mayo en 1955, Ctan Hugo Crexell) y la santacruceña Natalia Gadano no renunciaron a la suba, mientras que el formoseño Francisco Paoltroni mantiene su salario embargado por orden judicial en su provincia.
Con la nueva actualización, el valor del módulo pasará en noviembre a $2.554,84, lo que fijará la dieta en $10.216.000 brutos. La medida vuelve a colocar bajo la lupa a la Cámara alta, en medio del debate público sobre los salarios de la dirigencia política frente a un escenario de ajustes en otras áreas del Estado.
