Una auditoría interna del Banco Nación detectó deficiencias, inconsistencias documentales y riesgos reputacionales en un crédito por casi $52.700 millones destinado a Jardines de Chauvín SA, sociedad controlada por Mariano Jinkis, quien acaba de admitir en Estados Unidos el pago de millonarios sobornos en el FIFAgate. El gerente zonal Pablo Pourrere objetó la operación y se negó a firmarla; poco después fue notificado de un traslado a 1.300 kilómetros de Mar del Plata que la Justicia federal acaba de suspender cautelarmente. El BNA niega cualquier represalia y sostiene que ambas decisiones tramitaron por carriles independientes.
Mar del Plata – 13 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Una operación crediticia que nunca llegó a concretarse abrió una fuerte polémica dentro del Banco de la Nación Argentina después de que documentación interna revelara que desde áreas centrales de la entidad se impulsó un financiamiento superior a $52.600 millones para un desarrollo inmobiliario de Jardines de Chauvín SA, empresa controlada en un 90% por Mariano Jinkis, uno de los empresarios argentinos que acaba de reconocer ante la Justicia estadounidense haber participado del pago de sobornos millonarios a dirigentes del fútbol internacional.
El caso adquirió mayor gravedad institucional porque el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, con 36 años de trayectoria en el banco y una década al frente de esa jurisdicción, se negó por escrito a avanzar con la operación al advertir inconsistencias contables, documentales y patrimoniales. Días después fue informado de un traslado a Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata y hacia una dependencia de menor categoría, aunque conservando su remuneración. Pourrere denunció que la medida constituía una represalia por haber objetado el préstamo y acudió a la Justicia federal, que suspendió cautelarmente el traslado al considerar que, en principio, no aparecía suficientemente fundamentado en razones objetivas y técnicas.
La operación tenía por objeto financiar la construcción de un complejo residencial en Larrea 2850, barrio Chauvín, sobre un terreno de aproximadamente 5.700 metros cuadrados. La documentación municipal confirma que Jardines de Chauvín obtuvo autorizaciones urbanísticas para desarrollar viviendas multifamiliares y locales en ese predio; una resolución ambiental de marzo de 2026 describe dos edificios y un total de 209 unidades, aunque documentación vinculada al trámite crediticio manejó configuraciones y superficies distintas durante su evolución.
El elemento más llamativo de la reconstrucción interna es que el crédito no habría nacido en la sucursal marplatense ni por una solicitud directa inicial de los empresarios, sino desde Casa Central del Banco Nación. Según el informe de auditoría citado en la documentación del caso, el área de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios buscó en enero de 2025 un contacto con los desarrolladores a través del estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos y comenzó a trabajar sobre la factibilidad financiera del proyecto. El propio banco ofreció posteriormente otra interpretación, afirmando que fueron representantes del estudio quienes iniciaron el contacto.
Cuando Pourrere recibió los antecedentes encontró una dificultad elemental: Jardines de Chauvín era una sociedad recientemente constituida y su primer balance no registraba ingresos, mientras mostraba resultado negativo. Además, en los antecedentes remitidos para acreditar experiencia constructiva aparecían obras correspondientes a 2014, 2017, 2020 y 2021, fechas anteriores a la propia existencia de la sociedad. Por ese motivo solicitó la intervención de una evaluadora externa.
La firma Serinco SRL tasó el proyecto en alrededor de US$35,6 millones, equivalentes entonces a unos $52.638 millones, pero el expediente sumó otra irregularidad: un documento emitido desde Buenos Aires consignó inicialmente el valor en dólares como si fueran pesos y fijó erróneamente el costo en $35.600 millones. El error fue corregido el mismo día mediante una nueva acta con la cifra correcta, aunque esa versión tardó semanas en llegar a Mar del Plata. También demoró en ser remitido un informe de la Subgerencia General de Integridad que advertía sobre los antecedentes de Jinkis en el FIFAgate y aconsejaba aplicar criterios reforzados de debida diligencia.
Pese a esas observaciones, el 3 de marzo el área central envió a Pourrere un “modelo de resolución” para avanzar con la operación y pidió formalizar la relación comercial, incluyendo apertura de cuentas, tarjetas y otros productos bancarios. El gerente se negó a firmar. En los días posteriores recibió primero documentación incompleta, luego el acta corregida por $52.600 millones, el informe sobre Jinkis y finalmente la notificación de traslado. La resolución que disponía esa transferencia laboral llevaba fecha 20 de febrero, pero Pourrere fue informado recién el 25 de marzo.
La auditoría interna terminó otorgando peso a varias de sus objeciones. El informe concluido el 8 de junio calculó un costo total del proyecto de casi $79.800 millones y una asistencia crediticia próxima a $52.700 millones, y detectó “deficiencias” e “inconsistencias”, debilidades en la documentación respaldatoria, ausencia de experiencia comprobable de la sociedad en construcción de viviendas y falta de documentación suficiente que demostrara algunos vínculos contractuales esenciales. También advirtió el riesgo de un posible otorgamiento inadecuado del préstamo, eventuales pérdidas económicas y daño reputacional para el banco, aunque sostuvo que las irregularidades podían ser subsanadas y que no invalidaban automáticamente todo el procedimiento.
Para entonces, el crédito ya había naufragado. El 18 de mayo, el área de Productos Hipotecarios rechazó finalmente la asistencia a Jardines de Chauvín invocando precisamente riesgos reputacionales y de integridad. El Banco Nación sostiene que Pourrere no participó de esa decisión final y rechaza que su traslado tuviera vinculación con sus objeciones, argumentando que la resolución que dispuso la transferencia había sido adoptada el 20 de febrero, antes de la auditoría y de la denegación definitiva del financiamiento.
El nombre de Mariano Jinkis convierte el episodio en algo particularmente sensible. Él y su padre Hugo Jinkis, propietarios de la empresa de marketing deportivo Full Play Group, fueron imputados en Estados Unidos desde 2015 dentro del gigantesco caso FIFAgate. El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que Full Play participó en esquemas destinados a pagar sobornos a funcionarios de CONMEBOL y CONCACAF para obtener derechos de televisión y comercialización de torneos, incluidas eliminatorias mundialistas, Copa Libertadores y Copa América.
La situación cambió radicalmente a fines de agosto de este año: los Jinkis alcanzaron un acuerdo de procesamiento diferido con fiscales estadounidenses, admitieron haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos comerciales y aceptaron entregar US$50 millones. Si cumplen las condiciones del acuerdo, las acusaciones serán finalmente retiradas, pero el reconocimiento de los pagos ilícitos quedó incorporado documentalmente al expediente estadounidense.
El Banco Nación deberá ahora explicar ante la Justicia federal marplatense la secuencia completa de decisiones administrativas que rodearon al traslado de Pourrere. El juez subrogante Bernardo Bibel, tras considerar también la opinión del fiscal federal Daniel Adler, cuestionó que la resolución de traslado no hubiera sido entregada oportunamente al gerente y observó la escasa antelación con la que se pretendía efectivizar una mudanza laboral de más de mil kilómetros, mientras todavía permanecían pendientes presentaciones administrativas formuladas por el funcionario.
El expediente deja por ahora dos cuestiones claramente diferenciadas. El crédito no fue otorgado, por lo que no hubo desembolso de fondos públicos a Jardines de Chauvín, y el Banco Nación sostiene que sus controles internos funcionaron precisamente porque la operación terminó rechazada. Pero esos mismos controles internos dejaron documentadas inconsistencias relevantes en una asistencia multimillonaria que había sido impulsada desde Buenos Aires y cuyo principal accionista era un empresario sometido a una causa internacional de corrupción desde hacía más de una década. La Justicia deberá establecer ahora si el desplazamiento del gerente que objetó aquella operatoria respondió realmente a razones administrativas ajenas al crédito o si, como sostiene Pourrere, fue la consecuencia de haberse negado a estampar su firma en una financiación que el propio Banco terminó descartando.
Fuentes consultadas: documentación e informe de auditoría interna del Banco Nación; actuaciones ante la Justicia Federal de Mar del Plata; La Nación; Municipalidad de General Pueyrredon; Departamento de Justicia de Estados Unidos; actuaciones del caso FIFAgate; AFP; Buenos Aires Times; antecedentes societarios y administrativos de Jardines de Chauvín SA.
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