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Santa Fe, 29 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-Los abogados del gobernador Maximiliano Pullaro, en su carácter de querellante, solicitaron una condena de 10 años de prisión para el ex ministro de Seguridad santafesino Marcelo Sain en la causa que investiga un esquema de inteligencia ilegal y perfilamiento de dirigentes políticos, empresariales y funcionarios. La presentación incluye además la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo equivalente al doble de la pena requerida.
El expediente, en el que Sain fue imputado en noviembre de 2022, se encamina a juicio oral luego de que la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación —a cargo del fiscal Ezequiel Hernández— pidiera en noviembre pasado la elevación a debate y anticipara que requerirá 11 años de prisión e inhabilitación por el doble del tiempo. Junto al ex ministro permanecen bajo investigación seis exintegrantes de su equipo durante la gestión de Omar Perotti.
Según la hipótesis fiscal, Sain habría dirigido una estructura destinada a confeccionar perfiles de actores clave del poder santafesino —tanto opositores como oficialistas— mediante prácticas de inteligencia prohibidas, acceso indebido a datos personales y financieros en bases públicas y privadas y el uso de información de investigaciones penales. El objetivo de la presunta asociación ilícita, sostienen los acusadores, fue la comisión de delitos contra la administración pública y contra personas y organizaciones.
En la misma causa llegarán a juicio la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; la ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Vanina Cotichini; el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el ex subsecretario de Control Institucional, Diego Alfredo Rodríguez; y la ex empleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard, por hechos presuntamente ocurridos entre 2019 y 2021.
La definición de fechas para el debate oral quedará en manos del tribunal interviniente. Hasta entonces, y como en todo proceso penal, los imputados conservan el principio de inocencia.
