San Miguel, 20 de octubre de 2025 — Total News Agency-TNA.-Los incrementos en los servicios públicos registrados durante la gestión de Javier Milei han alcanzado niveles que resultan insostenibles para los jubilados y sectores medios, generando una profunda preocupación social. El aumento de hasta 900% en tarifas de gas, electricidad y transporte en menos de dos años está provocando situaciones extremas, especialmente entre adultos mayores que viven con ingresos fijos y jubilaciones mínimas.
Casos que reflejan el drama cotidiano
En San Miguel, una jubilada que cobra la mínima recibió dos facturas de luz consecutivas con montos desorbitantes: una de 450.000 pesos y otra de 507.579,28 pesos. Según relató su familia, debió pedir dinero prestado para cubrir el débito automático de la primera boleta, y ahora enfrenta una nueva deuda que no sabe cómo pagar. “Todavía no pude ir a reclamar, estuve internada por un problema de salud y cuando llegué a casa me encontré con otra factura impagable”, explicó la mujer, que vive sola en su vivienda de toda la vida.
Casos similares se repiten en distintos puntos del conurbano bonaerense y del interior del país, donde jubilados y familias de clase media se ven acorralados por facturas imposibles de afrontar. Las asociaciones de consumidores advierten que los mecanismos de reclamo son lentos y confusos, y que miles de hogares están en riesgo de cortes de suministro por falta de pago.
Un sinceramiento con alto costo social
La política de “sinceramiento tarifario” aplicada por el Gobierno desde diciembre de 2023 redujo los subsidios estatales en un 46% respecto de 2024, equivalentes a unos 6 billones de pesos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó un 514%, multiplicándose por seis.
En detalle, las subas acumuladas son alarmantes:
- Gas natural: +913%
- Transporte: +852%
- Energía eléctrica: +228%
- Agua: +376%
Mientras tanto, la inflación general del período fue del 171%, lo que muestra que las tarifas crecieron muy por encima del resto de los precios.
Jubilados, los más afectados
El impacto más severo recae sobre los jubilados que poseen vivienda propia y no acceden a tarifas sociales o subsidios diferenciados. A diferencia de los hogares vulnerables de villas o asentamientos —donde el Estado provincial o la Ciudad abonan parte del consumo eléctrico—, los adultos mayores con ingresos fijos deben afrontar el costo pleno del servicio, muchas veces con haberes que no superan los 240.000 pesos mensuales.
“Nos obligan a elegir entre comer o pagar la luz. Es inhumano”, expresó una vecina del partido de Tres de Febrero que recibió una factura superior a los 420.000 pesos por dos bimestres acumulados.
Desaceleración parcial, pero sin alivio
Aunque el Gobierno destacó que en 2025 las tarifas subieron “solo” un 21%, la caída del poder adquisitivo hace que ese número no represente ningún alivio real. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 24%, y los jubilados continúan rezagados frente a los costos básicos.
Actualmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los usuarios pagan solo el 50% del costo real de los servicios públicos, mientras el Estado subsidia el resto. Pero la cobertura es muy desigual: los hogares de clase media soportan el grueso del ajuste, mientras que los más humildes reciben mayor asistencia.
Un daño que ya es social y emocional
El deterioro no se limita al aspecto económico. Psicólogos y especialistas en gerontología advierten sobre el aumento de casos de ansiedad y depresión entre jubilados, muchos de los cuales temen perder sus servicios esenciales o endeudarse con tarjetas de crédito para pagar la luz o el gas.
“No se trata solo de una cuestión económica, sino de dignidad y de salud mental”, expresó un trabajador social del hospital de San Miguel. “Estas personas dedicaron su vida a trabajar y hoy se sienten abandonadas frente a facturas imposibles.”
Los testimonios recogidos reflejan un daño irreparable en el tejido social y una creciente sensación de indefensión entre los sectores más vulnerables.
Fuentes consultadas: Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), testimonios de usuarios en San Miguel y Tres de Febrero, asociaciones de consumidores, ENRE y Secretaría de Energía de la Nación.
