Madrid, 3 nov 2025 – Total News Agency-TNA –La sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) inició hoy el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por supuestamente filtrar un correo electrónico en la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una jornada cargada de excepcionales alegatos, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía —representada por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde— reclamaron la nulidad de múltiples actuaciones al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales del investigado.
Durante las cuestiones previas, la defensa de García Ortiz cuestionó el registro ordenado en su despacho el 30 de octubre de 2024 por el magistrado instructor Ángel Hurtado, y sostuvo que tal actuación afectó no sólo al derecho de defensa del acusado sino también el funcionamiento de la Fiscalía en su conjunto. La teniente fiscal Sánchez Conde amplió la argumentación señalando que “se vulneraron todos los derechos de la Fiscalía a su labor profesional”, y que la intervención se desarrolló “como si se tratara de crímenes terroristas”, aludiendo al trato institucional que recibió el despacho general.
La Abogacía del Estado, ejercida por la letrada Consuelo Castro, ejerció la defensa del fiscal general y denunció un proceso con orientación preconcebida: “Existe un sesgo inquisitivo y prospectivo”, afirmó, al referirse a la investigación que, a su entender, se dirigió desde su inicio contra García Ortiz sin analizar alternativas. Ambas defensas solicitaron la nulidad del registro, del conjunto de pruebas derivadas del mismo —incluidos discos, tarjetas SIM y cuentas profesionales— y de las comisiones rogatorias cursadas a Irlanda y Estados Unidos.
El presunto delito enjuiciado se vincula con la filtración a medios del correo del abogado de González Amador, en el que reconocía haber cometido delitos fiscales y planteaba un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. La acusación funda su argumento en el borrado de mensajes del teléfono móvil del fiscal general el 16 de octubre de 2024, día en que el Tribunal Supremo admitió la causa, así como en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esos elementos provienen de un procedimiento defectuoso que no respetó las garantías constitucionales y procesales previstas.
Este juicio, de enorme repercusión institucional, involucra a más de cuarenta testigos —entre fiscales, periodistas y mandos judiciales— y representa la primera vez en la democracia española que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. Las peticiones de condena van de 4 a 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para el cargo, aunque la Fiscalía y la Abogacía solicitan la absolución.
El desarrollo del proceso se inserta en un contexto político y mediático especialmente cargado, marcado por acusaciones mutuas de instrumentalización judicial y desgaste institucional. Organismos de fiscales han cuestionado el señalamiento de García Ortiz como parte de una estrategia de “lawfare” y advirtieron sobre el riesgo para la independencia del Ministerio Fiscal. Por su parte, sectores mediáticos y políticos reclaman que se investigue con rigor el origen de la supuesta filtración y las responsabilidades correspondientes.
En esta primera jornada quedó claro que el eje del litigio no será únicamente comprobar si hubo filtración, sino determinar si la investigación que se instruyó violó derechos y garantías básicas del procesado, y si ese defecto debe conducir a la nulidad de la causa. Tanto la Fiscalía como la defensa han convergido en este punto: su rechazo al procedimiento forma parte central de su estrategia. A partir de ahora las partes deberán explorar la evidencia, el origen de los correos, la actuación del fiscal general y la legalidad de las diligencias llevadas a cabo.
El desenlace del juicio no solo decidirá la suerte de Álvaro García Ortiz, sino que llevará a un pronunciamiento relevante sobre la estructura de la Fiscalía, el alcance de los derechos en investigaciones de alto nivel y la relación entre la justicia, el poder político y los medios de comunicación.
