Las compañías que impulsan Sea Lion respondieron al mensaje de Javier Milei afirmando que ninguna medida argentina alterará sus planes para comenzar a producir petróleo en 2028. El desafío adquiere una dimensión mayor porque Navitas ya fue declarada clandestina e inhabilitada durante 20 años por la Argentina en 2022. El proyecto moviliza más de US$2.000 millones y pretende extraer cientos de millones de barriles de un área sobre la que Buenos Aires reivindica soberanía.
Buenos Aires – 4 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – Las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, responsables del proyecto Sea Lion en aguas de las Islas Malvinas, respondieron este viernes al presidente Javier Milei con un abierto desafío: aseguraron ante los mercados de Tel Aviv y Londres que las sanciones anunciadas por la Argentina no modificarán el desarrollo ni los plazos previstos para comenzar a extraer petróleo del área en disputa, una operación que Buenos Aires considera realizada sin autorización argentina sobre recursos naturales pertenecientes a su plataforma continental. El CEO de Navitas Petroleum es Amit Kornhauser. Adicionalmente, Ian Ramsay ejerce como CEO de su filial enfocada en el desarrollo del Atlántico Sur (Navitas Petroleum Development & Production).
El CEO de Rockhopper Exploration es Sam Moody, quien además es uno de los cofundadores de la compañía
La respuesta llegó pocas horas después de que Milei advirtiera en cadena nacional que desplegará instrumentos diplomáticos, económicos, judiciales y legales contra empresas, accionistas, directivos y proveedores que participen en la explotación de hidrocarburos alrededor de las Malvinas. La gravedad del enfrentamiento quedó expuesta en el lenguaje utilizado por las compañías: lejos de revisar sus operaciones, reivindicaron como “válidas” las licencias concedidas por las autoridades británicas instaladas en las islas y aseguraron contar con “el pleno y continuo apoyo del Gobierno del Reino Unido”.
El comunicado fue presentado por Navitas ante la Bolsa de Valores de Tel Aviv y posteriormente reproducido por Rockhopper mediante el sistema de información regulatoria del mercado londinense. Las empresas sostuvieron que los acontecimientos recientes “no se espera que tengan un efecto material” sobre las tareas de desarrollo de Sea Lion, incluido el cronograma del proyecto, cuya primera producción continúa prevista para el primer trimestre de 2028.
La afirmación constituye mucho más que una respuesta empresarial. Significa que dos compañías privadas, respaldadas políticamente por Londres, manifiestan públicamente su intención de continuar explotando recursos naturales en una zona cuya soberanía permanece sometida a una controversia internacional reconocida por las Naciones Unidas, pese a las advertencias formales y a la legislación argentina que exige autorización de Buenos Aires para realizar actividades hidrocarburíferas sobre la plataforma continental reivindicada por el país.
El desafío resulta todavía más significativo en el caso de Navitas. La compañía israelí ya fue objeto de un procedimiento administrativo argentino por su participación en Sea Lion. El 23 de abril de 2022, la Secretaría de Energía determinó que sus actividades eran ilegales conforme a la legislación nacional, la declaró empresa clandestina e impuso una inhabilitación de 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino. La medida fue adoptada bajo la Ley 26.659, que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental y exige autorización previa de la autoridad argentina.
Aquella sanción no logró apartar a Navitas. Mientras Harbour Energy, otra de las compañías involucradas originalmente, abandonó definitivamente Sea Lion, la empresa israelí decidió permanecer y avanzar hasta convertirse en operadora y propietaria del 65% del proyecto. Rockhopper, que descubrió el yacimiento en 2010, conserva el restante 35%.
La legislación argentina actualmente vigente ya contempla instrumentos particularmente severos. La Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915, establece inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y prohíbe que personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina operen o celebren determinados negocios en el país. También prevé responsabilidades penales para quienes participen en extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos realizados sin permiso de la autoridad competente argentina.
El paquete anunciado por Milei pretende llevar esa capacidad coercitiva todavía más lejos y acelerar los procedimientos contra empresas involucradas directa o indirectamente en el negocio. La estrategia apunta no solamente contra Navitas y Rockhopper, sino potencialmente contra la extensa cadena internacional necesaria para poner en producción un yacimiento offshore: bancos, aseguradoras, contratistas de perforación, operadores de plataformas, empresas logísticas, proveedores tecnológicos y compañías vinculadas al transporte y comercialización del futuro petróleo.
Sea Lion explica la magnitud de la pulseada. En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase y comprometieron aproximadamente US$1.800 millones hasta alcanzar la primera producción, mientras que el costo total previsto hasta completar el desarrollo asciende a unos US$2.100 millones. El financiamiento contempla además cerca de US$1.000 millones de deuda, lo que amplía considerablemente el universo de entidades económicas expuestas al proyecto.
Según las evaluaciones técnicas difundidas por Rockhopper, Sea Lion posee alrededor de 917 millones de barriles de recursos contingentes 2C en el conjunto del campo. La primera fase apunta inicialmente a recuperar unos 170 millones de barriles, con una producción máxima proyectada cercana a los 50.000 barriles diarios, mientras fases posteriores permitirían ampliar sustancialmente la explotación.
Detrás de esas cifras se encuentra también el interés económico británico en consolidar una actividad petrolera permanente alrededor de las islas. Las licencias concedidas a Sea Lion fueron extendidas por las autoridades isleñas por 35 años y el esquema contempla que esa administración perciba impuestos y regalías derivados de la explotación. Para la Argentina, permitir que semejante infraestructura se consolide sin respuesta significaría aceptar que recursos naturales reclamados como propios financien durante décadas a la administración británica del archipiélago.
Milei apuntó precisamente contra esa posibilidad cuando sostuvo que “las Islas Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y anunció que el Estado utilizará “todas las herramientas” disponibles para impedir que actores públicos o privados consoliden mediante hechos económicos la ocupación británica. El Presidente complementó las medidas petroleras con mayores recursos para Defensa y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, aumentando la presencia argentina frente al Atlántico Sur y la Antártida.
La seguridad exhibida por Navitas y Rockhopper ante los inversores contrastó, sin embargo, con la primera reacción del mercado. Las acciones de Rockhopper Exploration cayeron alrededor de 6,5% en Londres durante la mañana del viernes posterior al discurso presidencial. La compañía afirmó que las medidas argentinas no afectarán el proyecto, pero una parte de los inversores decidió reducir su exposición apenas apareció la amenaza de nuevas sanciones.
El riesgo para las compañías no reside únicamente en determinar si Buenos Aires puede detener físicamente Sea Lion. La cuestión fundamental será hasta dónde puede elevar el costo financiero, comercial y jurídico de participar en el emprendimiento. Un proyecto offshore de más de US$2.000 millones depende de decenas de empresas internacionales, sistemas bancarios, aseguradoras, contratistas especializados, puertos y cadenas logísticas distribuidas en distintas jurisdicciones. Extender sanciones hacia ese entramado podría transformar una disputa bilateral de soberanía en un problema de cumplimiento normativo para empresas que mantienen simultáneamente negocios con la Argentina.
La confrontación ingresó así en una etapa inédita. Navitas y Rockhopper no sólo anunciaron que continuarán adelante, sino que pretenden iniciar las perforaciones durante 2027 y producir petróleo desde comienzos de 2028 bajo licencias concedidas por las autoridades británicas de las islas. Argentina, mientras tanto, anticipó que buscará convertir la participación en ese negocio en una decisión potencialmente costosa para cada compañía, inversor o proveedor involucrado.
El resultado de esa pulseada tendrá consecuencias que exceden ampliamente a dos petroleras. Si Sea Lion entra en producción en los términos actualmente previstos, comenzará la explotación industrial y comercial a gran escala de uno de los principales recursos naturales descubiertos alrededor de Malvinas, creando ingresos, infraestructura y una nueva fuente de financiamiento para la administración británica del archipiélago. De allí que la respuesta anunciada por Milei coloque el conflicto donde probablemente resulte más sensible para quienes pretenden avanzar sobre el petróleo del Atlántico Sur: el acceso al capital, a proveedores internacionales y a mercados necesarios para convertir el petróleo bajo el lecho marino en un negocio rentable.
Fuentes consultadas: Rockhopper Exploration – Regulatory News Service; Navitas Petroleum – Tel Aviv Stock Exchange; Reuters; Presidencia de la Nación; Secretaría de Energía; Cancillería Argentina; texto actualizado de las leyes 26.659 y 26.915; London Stock Exchange; informes técnicos de Sea Lion.
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