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Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-Un exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha vuelto a colocar al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el centro de la investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia. El trabajo policial detalla que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., sin experiencia previa en el sector sanitario, fue una de las más beneficiadas por el Ejecutivo autonómico que él lideraba, al tiempo que habría recibido un trato preferencial para la obtención y pago de contratos. En el marco del conocido como Caso Koldo, el documento analiza adjudicaciones por al menos 12,3 millones de euros a la citada firma.
Según el informe de la UCO, Torres mantuvo comunicación directa con el exasesor del ministerio de Transportes, Koldo García, quien habría actuado como intermediario. En concreto, un mensaje interceptado y citado textualmente expone: “Estoy encima de tu pago”, dirigido por Torres a García, respecto de la deuda que acumulaba la empresa investigada con el Gobierno de Canarias.
La empresa Soluciones de Gestión cambió radicalmente su actividad coincidiendo con el estallido de la crisis sanitaria en 2020: fue entonces cuando pasó de prácticamente inactiva a facturar 53 millones de euros en pocos meses, tras adjudicarse contratos urgentes para el suministro de mascarillas. El informe autonómico de la Audiencia de Cuentas de Canarias denunció que la adjudicación se dio sin comprobar su solvencia económica ni técnica, alegando que pese a ser un contrato emergente, la exigencia de capacidad no fue adecuada.
La investigación revela que el Gobierno canario firmó contratos con la empresa investigada por importe inicial de 4,7 millones de euros el 22 de abril de 2020, y otro posterior por 5 millones el 4 de mayo, apenas unos días después del decreto de alarma. A pesar de los avisos internos de funcionarias que alertaban sobre el sobreprecio –una de ellas cuestionó que las mascarillas costaban 2,5 euros la unidad cuando otras licitaciones previas lo habían hecho a 1,89 euros–, el proceso siguió adelante.
El informe policial también anota que la empresa adjudicataria ya estaba distribuyendo material a las autoridades canarias incluso antes de que se formalizaran los contratos, y que los pagos habían sido reclamados de forma insistente mediante mensajes del exasesor Koldo García al entonces presidente de Canarias.
Desde su entorno, Ángel Víctor Torres sostiene que no ha participado en ninguna conducta ilícita y que el documento de la UCO no concluye indicios de soborno o comisión contra él. Mientras tanto, partidos de la oposición como el Partido Popular y Coalición Canaria reclaman su dimisión y mayor transparencia en el proceso.
La relevancia del caso radica en que pone al descubierto cómo una firma hasta entonces desconocida logró adjudicaciones millonarias durante la emergencia sanitaria, mediante contratos directos de urgencia, y cómo la estructura institucional respondió a presiones políticas para agilizar pagos, pese a las alertas técnicas y administrativas. Para los investigadores, el entramado combina adjudicación sin licitación, empresa sin historial sanitario, intermediarios y falta de control administrativo.
El desarrollo del caso tendrá trascendencia política inmediata, ya que plantea cuestionamientos sobre la gestión de la pandemia y el uso de recursos públicos excepcionales. De resultar verificadas las irregularidades señaladas, la operación podría calificarse de trato preferencial improcedente y uso irregular de un procedimiento de emergencia, lo que amplifica las repercusiones para el Ejecutivo canario y para Torres de manera personal.
En los próximos días, el juez del Tribunal Supremo de España, Leopoldo Puente, quien dirige la instrucción, podría citar a nuevos testigos, requerir informes complementarios de la Audiencia de Cuentas autonómica, y remitir piezas al ámbito europeo, dado que algunos fondos utilizados procedían de programas comunitarios. El proceso avanza en un escenario donde la política, la urgencia de la pandemia y la contratación pública confluyen en una trama compleja que exige explicaciones.
