Crece el pedido para que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel común

Cristina Kirchner se reúne con dirigentes justicialistas casi todos los días y recibe a familiares con la soltura que no disfruta ningún preso. Diseña campañas y estrategias políticas. Habla libremente por celular. Sube posteos en sus redes sociales hasta para contestarle al presidente Javier Milei en tono despectivo. Baila en el balcón de su departamento del barrio porteño de Constitución, alegremente, cualquiera sea el resultado de las elecciones. Recibe a presidentes de otros países y publica fotos del encuentro como sucedió con el primer mandatario de Brasil, Lula Da Silva.

La expresidente argentina hace todo eso, pese a la condena que cumple por corrupción. Y aunque la ley apela a una pena que restringe su libertad y no todos sus derechos, la atenúa por la edad y otros factores jurídicos y fácticos.

Sin embargo, hay cada vez más argentinos irritados por la situación. Son los que suelen repetir: “Esto en un país normal no pasa”. Otros, en cambio, han naturalizado la realidad, porque a  veces parece que los medios y los adherentes relatan su vida, sus opiniones, sentimientos y movimientos políticos como si fuera… digamos… el sudafricano Nelson Mandela (quien estuvo 27 años encarcelado por su lucha contra el apartheid).

Es así que cientos de ciudadanos argentinos vienen impulsando campañas a través de plataformas digitales, como Change.org, exigiendo mayor transparencia y equidad en la aplicación de las leyes, especialmente en el abordaje de delitos de corrupción. La iniciativa busca poner fin a lo que consideran “privilegios judiciales” para funcionarios públicos condenados.

Según manifiestan en la organización, la petición, que ya ha superado la marca de 20.000 firmantes, pone el foco en la condena de la expresidenta Cristina Kirchner. Los adherentes reclaman enfáticamente que la exmandataria cumpla su sentencia “en cárcel común”, argumentando que esta medida es crucial para asegurar la “igualdad ante la ley”. Este “clamor” se articula como una demanda para garantizar que ningún cargo o influencia genere excepciones en el cumplimiento de las penas.

La campaña fue iniciada por un ciudadano particular, que debe estar tan preocupado por la economía del país como cualquier ciudadano de bien, cuyo mensaje central es que “la justicia sea igual para todos”. El texto de la iniciativa subraya que el cumplimiento de las condenas debe ser sin excepción, independientemente del estatus o el poder de los involucrados.

Para sustentar su reclamo, los promotores de la petición establecen un paralelismo internacional, mencionando el caso del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien fue condenado a prisión efectiva por delitos de corrupción, contrastándolo con la situación judicial argentina.

Cristina Kirchner y la “tolerancia cero” con la corrupción

Los impulsores de esta movilización digital consideran que un cumplimiento íntegro de las penas en las causas de corrupción es un “paso indispensable” para poder recuperar la confianza en el sistema judicial argentino. Esta acción no solo busca una aplicación estricta de la ley en un caso específico, sino que aspira a enviar una señal contundente de “tolerancia cero” frente a la corrupción política, un aspecto que Milei prometió en campaña, aunque no es él quien toma ni debe tomar decisiones judiciales..

Desde la representación de Change.org Argentina, se ha recordado que la plataforma funciona como un espacio de participación ciudadana clave. Este ecosistema digital permite que cualquier persona pueda generar peticiones sobre temas considerados de interés público y, a través de la recolección de firmas, visibilizar causas sociales, ambientales o institucionales relevantes para la sociedad. La plataforma enfatiza su rol como herramienta de empoderamiento cívico.

Change.org se define como la mayor plataforma de peticiones a nivel global. Con una base de más de 340 millones de usuarios alrededor del mundo, se posiciona como “un medio que empodera a millones de personas para que puedan generar los cambios sociales que desean ver en sus entornos”. La organización asegura que miles de individuos utilizan sus herramientas diariamente con el fin de transformar sus comunidades más cercanas.

La plataforma facilita el inicio de peticiones que tienen la capacidad de movilizar de forma casi inmediata a colectivos de personas, logrando así que tanto gobiernos como empresas se vean obligados a ser “más accesibles y transparentes ante las demandas ciudadanas”.

Este mecanismo digital se ha convertido en una vía efectiva para canalizar el reclamo social y presionar por mayor responsabilidad institucional y reformas legales. La iniciativa argentina es un ejemplo palpable de cómo la tecnología está siendo utilizada para demandar rendición de cuentas en la política. Justicia y transparencia son los términos clave que impulsan esta creciente ola de firmas.

Cristina Kirchner y la posición del Gobierno

Transitando una línea muy fina, Milei y sus seguidores han sido abiertamente críticos con el kirchnerismo y su jefa, en declaraciones a los medios y redes sociales. Algunos no han ahorrado insultos y maledicencias. Sin embargo, institucionalmente, el oficialismo se preocupado por ser cuidadoso.

El propio Milei ha dicho que la prisión domiciliaria fue una decisión jurídica, no política, y que se aplicaron las condiciones de control necesarias como el uso de tobillera electrónica y restricciones en visitas para preservar el orden y la ley.

En tanto, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluso solicitó que la prisión domiciliaria no se cumpliera en el departamento de Constitución para evitar movilizaciones y desórdenes públicos. Una situación que -valga decirlo también- no se ha producido hasta el momento.

Además, fiscales federales como Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de prisión domiciliaria alegando que no había razones humanitarias que la justificaran y que no se demostraba que la prisión en una cárcel implicara un menoscabo para la salud o dignidad de Cristina Kirchner, enfatizando que la domiciliaria es una excepción que no debe concederse automáticamente.

En suma, el Gobierno y sus organismos judiciales han argumentado que la prisión domiciliaria es una medida legal y controlada, desestimando las críticas políticas y sociales en cuanto a privilegios o persecución, y destacando que se siguió un procedimiento conforme a la ley y las condiciones que preservan la integridad y seguridad del proceso judicial. Aunque una parte de la ciudadanía no comparta esos criterios.