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Buenos Aires, 20 noviembre 2025-Total News Agency-TNA-.La investigación sobre las sociedades offshore de Romina Aldana Diago, esposa del diputado nacional Cristián Ritondo (PRO), se encuentra en una fase clave de escrutinio judicial y administrativo, con una denuncia penal presentada en diciembre de 2024 que se encuentra en el Juzgado Federal N° 12 a cargo de Sebastián Casanello, y un sumario preliminar abierto por la Oficina Anticorrupción (OA) que podría derivar en inhabilitación para Ritondo. Revelada inicialmente por los Pandora Papers en 2021 y profundizada en diciembre de 2024 por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), la trama expone un entramado de entidades en paraísos fiscales que controlan al menos cinco propiedades en Miami por 2,6 millones de dólares, no declaradas en las juradas del legislador, lo que genera sospechas de omisión maliciosa y lavado de activos. Hoy dia se menciona a Ritondo para integrar el gabintete, pero tal vez al diputado le convenga seguir manteniendo los fueros.
El caso, que involucra a Diago –abogada de 48 años con trayectoria en el Gobierno porteño bajo Horacio Rodríguez Larreta, como asesora en el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Ciudad– se centra en sociedades como Sunstar Point Ltd. (Islas Vírgenes Británicas, creada en 2014 con su pasaporte y referencias bancarias argentinas), Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC (Delaware y Florida), y Goformore LLC (administrada hasta 2013). Estas entidades adquirieron inmuebles de lujo entre 2013 y 2015, incluyendo un departamento en el condominio Beachwalk de Hallandale Beach (650.000 dólares, transferido por 500.000 a Ilustre) y cuatro unidades más en complejos de Miami, tasadas en 1,95 millones de dólares. Un fideicomiso revocable, Warwick Trust (2014), gestionado por Diago como grantor y trustee, transfiere control a Ritondo en caso de su fallecimiento o incapacidad, con los hijos como beneficiarios finales.
Los documentos de los Pandora Papers –11,9 millones de archivos filtrados del ICIJ y OCCRP– revelan transferencias opacas que ocultan beneficiarios, un patrón para evadir impuestos y regulaciones. Diago dejó de figurar públicamente en Goformore en julio de 2013, reemplazada por María José Pérez Millán, pero registros de Florida la mantienen como accionista oculta. Una venta en 2014 de una propiedad de Goformore a Juan Alberto Pazo –actual titular de la ARCA, designado por Milei– añade complejidad, sugiriendo nexos con figuras del nuevo gobierno.
Ritondo, con un patrimonio declarado de 1.541 millones de pesos en 2023 (el más alto en Diputados), omitió estos activos en sus DDJJ de 2013-2024, violando el artículo 23 de la Ley 25.188 de Ética Pública, que exige informar bienes de cónyuges. Diago, en su jurada de 2024, reporta 33 millones de pesos (seis departamentos donados, un Peugeot 208 y una moto Zanella, sin dólares), insuficiente para justificar las compras sin préstamos visibles. La OA, en su sumario del 12 de diciembre de 2024, solicitó DDJJ completas y accesos a datos confidenciales de terceros, clasificados por decreto kirchnerista de 2012 pero auditables por jueces.
La denuncia penal, impulsada el 9 de diciembre de 2024 por el abogado Jeremías Rodríguez (CELS) ante Casanello, acusa a Diago de “administración fraudulenta” y “lavado de activos” (artículos 260 y 303 del Código Penal), y a Ritondo de encubrimiento. La UIF intervino cuentas de las offshore, congelando 5 millones de pesos en movimientos sospechosos entre 2014 y 2023. Casanello citó a Diago para el 15 de enero de 2025, ordenó peritajes contables y allanamientos en registros de Florida vía rogatoria internacional. Fuentes judiciales indican que la pesquisa explora flujos desde cargos públicos porteños, con testimonios de excolaboradores de Diago en la Auditoría General.
Diago emitió un comunicado: “Las sociedades eran estrictamente laborales; dejé Goformore en 2013 y los bienes están en fideicomiso familiar, no a mi nombre directo. No hay irregularidades fiscales”. Ritondo, en TN el 10 de diciembre, lo tildó de “lawfare opositor con datos viejos”: “Revisamos DDJJ; todo está declarado en legajo reservado”. El PRO, clave en el Congreso para Milei, minimiza internamente, pero el escándalo coincide con la negociación de la reforma laboral, donde Ritondo lidera.
Expertos como Daniel Sabsay cuestionan la confidencialidad de bienes conyugales: “No exime de omisión dolosa; podría inhabilitar a Ritondo”. La OA podría elevar a juicio político si confirma dolo, con penas de hasta dos años de prisión. En un contexto de evasión fiscal al 10% del PBI, el caso –parte de 336 argentinos en Pandora Papers– resalta la opacidad de elites: ¿auditorías automáticas para offshore de funcionarios? Mientras Casanello avanza, el “festival offshore” del PRO podría erosionar su alianza con LLA.
