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La Plata, 1 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA- El uso de la pauta oficial en la provincia de Buenos Aires volvió al centro de la polémica luego de conocerse que el gobernador Axel Kicillof adjudicó, entre enero y septiembre de este año, casi $2500 millones al multimedio El Destape, propiedad de Roberto Navarro. La cifra, distribuida en 121 órdenes de publicidad, corresponde únicamente a sus dos plataformas digitales —El Destape Web y El Destape Radio— y reaviva el debate sobre la incidencia de los recursos públicos en el sostenimiento de medios alineados políticamente con el oficialismo provincial.
El Destape, también recibió, al menos durante el 2024, publicidad del gobierno de Javier Milei, ha generado señalamientos por sus vínculos con el poder, especialmente durante el kirchnerismo, cuando su titular, Roberto Navarro, se convirtió en un empresario multimillonario.
Los datos surgen de registros administrativos públicos y confirman que, en apenas nueve meses, El Destape recibió $2.490.867.265 provenientes del presupuesto bonaerense. La magnitud del monto contrastó rápidamente con las declaraciones del periodista del mismo medio Ari Lijalad, quien relativizó la relevancia de la pauta estatal en el financiamiento de la prensa afín. “Hay que terminar con esa pavada de que solamente la Pauta Oficial financia a los medios”, afirmó recientemente, asegurando que la publicidad estatal representa “menos del 10%” del total de los ingresos.
Sin embargo, si se tomara literalmente esa proporción, los números arrojarían una conclusión difícil de sostener: que la estructura de El Destape habría movido más de $22.000 millones en nueve meses, lo que implicaría ingresos diarios cercanos a los $100 millones, de los cuales $90 millones corresponderían a “pauta privada”, como informo El Disenso. La ausencia de un volumen equivalente de anunciantes visibles en las plataformas del medio reavivó suspicacias sobre la veracidad del planteo, así como sobre el origen y transparencia del financiamiento que sostiene su actividad.
Analistas del escenario mediático bonaerense sostienen que esta concentración de fondos públicos no es un hecho aislado, sino parte de un esquema más amplio de distribución de pauta oficial orientado a fortalecer medios que mantienen un discurso favorable al gobierno provincial. Ese alineamiento editorial —advierten— se expresa tanto en la minimización de críticas a la gestión de Kicillof como en la amplificación de su narrativa política, particularmente en plataformas que han adquirido un carácter militante.
La situación adquiere especial relevancia en un contexto donde la provincia enfrenta crecientes dificultades estructurales. En el conurbano bonaerense, la inseguridad continúa en escalada con episodios violentos que dominan la agenda cotidiana. A su vez, múltiples obras públicas se encuentran postergadas o paralizadas por falta de fondos, mientras que servicios esenciales como la salud, el transporte y la infraestructura educativa muestran signos de colapso en numerosos municipios.
Dirigentes opositores y especialistas en políticas públicas coinciden en que la asignación de recursos debe priorizar necesidades críticas antes que fortalecer estructuras de comunicación partidaria. La discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial —señalan— puede distorsionar el ecosistema mediático al beneficiar a actores alineados y desalentar la pluralidad, especialmente cuando se combinan montos millonarios con una situación económica provincial marcada por restricciones presupuestarias y urgencias sociales.
La administración bonaerense no respondió hasta el momento a los cuestionamientos por el volumen de fondos destinados a El Destape ni a los pedidos de mayor transparencia en los criterios de adjudicación. En paralelo, continúa la discusión sobre el rol que juega la pauta estatal en un año donde la economía provincial enfrenta un fuerte deterioro y la demanda de servicios públicos se intensifica.
Mientras tanto, el impacto político de estas revelaciones ya se siente: el debate sobre la relación entre medios y poder vuelve a ganar fuerza, alimentado por la sospecha de que la pauta oficial, lejos de ser un instrumento de comunicación institucional, continúa funcionando como una herramienta estratégica para proteger y amplificar la narrativa del oficialismo.
