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Washington / Caracas, 2 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La Casa Blanca defendió este lunes la legalidad de la operación naval estadounidense que, el 2 de septiembre, destruyó un barco utilizado para el tráfico de cocaína procedente de Venezuela, en el marco de las misiones destinadas a frenar el flujo de narcóticos que sale desde puertos controlados por el régimen de Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos. El episodio, que incluyó un segundo ataque contra el buque para garantizar su neutralización, abrió un intenso debate político en Washington, donde sectores del Partido Demócrata —tradicionalmente permeables al lobby del chavismo— buscan instalar dudas sobre la actuación militar mientras el Congreso avanza en una investigación bipartidista.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que el almirante Frank “Mitch” Bradley, responsable del operativo, actuó “dentro de su autoridad y de la ley”. Según explicó, el secretario de Defensa Pete Hegseth autorizó explícitamente el uso de fuego cinético para eliminar la amenaza que representaba la embarcación empleada por organizaciones narcotraficantes que operan bajo amparo del aparato estatal venezolano.
El presidente Donald Trump, consultado por periodistas, aclaró que “no habría querido un segundo ataque”, pero sostuvo su respaldo a Hegseth. El secretario de Defensa reafirmó luego en redes sociales que Bradley es “un héroe estadounidense” y que las operaciones cumplen con el derecho internacional y con las normas de los conflictos armados. Bradley, ascendido semanas después al mando del Comando de Operaciones Especiales, ofrecerá el jueves una sesión informativa clasificada ante legisladores de ambas cámaras.
El informe periodístico que cuestionó el segundo ataque fue rápidamente amplificado por medios afines a posiciones demócratas y por el lobby comunicacional del régimen venezolano, que intenta instalar globalmente la idea de que las misiones antidroga constituyen “agresiones políticas”. Esta narrativa —reproducida desde hace años por voceros de Maduro en espacios internacionales— sirve como cobertura para un Estado convertido en plataforma logística del narcotráfico, condición señalada por múltiples agencias estadounidenses y organismos multilaterales.
Pese a ello, en el Congreso la reacción fue mayoritariamente prudente. El líder republicano del Senado, John Thune, defendió la necesidad de estas operaciones para impedir que toneladas de cocaína venezolana continúen ingresando a territorio estadounidense, y adelantó que los comités investigarán los detalles del operativo. Desde sectores demócratas, en cambio, surgieron voces más confrontativas: Chuck Schumer acusó a Hegseth de “vergüenza nacional” y exigió la publicación del video del ataque. Legisladores de ambos partidos coincidieron, sin embargo, en que la prioridad es determinar los hechos con precisión y garantizar que la misión se ajustó plenamente al marco legal.
En paralelo, Trump se reunió con su gabinete de seguridad nacional para evaluar próximos pasos, incluida la posibilidad de expandir operaciones contra las redes criminales que operan dentro de Venezuela y que han provocado un aumento sostenido del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos durante los últimos años. Washington sostiene —con abundante evidencia de inteligencia— que parte de estas estructuras están integradas por funcionarios civiles y militares del régimen de Maduro.
Desde Caracas, el mandatario venezolano respondió con su habitual estrategia discursiva: denunció supuestas “agresiones” contra la soberanía venezolana y acusó a Estados Unidos de librar una “guerra psicológica”. La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo anunció la apertura de una investigación por la muerte de venezolanos vinculados a embarcaciones utilizadas por grupos criminales, en lo que constituye —según observadores regionales— otro intento del régimen por victimizarse ante la comunidad internacional y evadir su responsabilidad directa en la expansión del narcotráfico en el Caribe.
El episodio del 2 de septiembre forma parte de un conjunto de operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental destinadas a desarticular rutas de cocaína operadas desde puertos y costas bajo control chavista. Más de 80 traficantes han muerto en estos enfrentamientos en los últimos meses, mientras el régimen insiste en denunciar una agresión externa para ocultar su complicidad con redes criminales transnacionales.
La comparecencia del almirante Bradley ante el Congreso será clave para despejar dudas internas en Washington y, al mismo tiempo, para desactivar la campaña comunicacional del régimen de Maduro, que busca convertir un operativo antidroga en un conflicto político internacional.
