València, 10 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El registro definitivo del reparto de unidades educativas con lengua base en valenciano o castellano, completado esta semana en la Comunidad Valenciana, abrió un nuevo frente de conflicto en el sistema escolar autonómico. La foto final del mapa lingüístico, que debía reflejar la voluntad de las familias tras la aplicación de la Ley de Libertad Educativa, terminó generando el efecto contrario: colectivos defensores de ambas lenguas cooficiales denuncian discriminación, cada uno desde una perspectiva opuesta, mientras la administración asegura que todo se ajusta estrictamente a la normativa vigente.
El escenario resultante, según coinciden organizaciones consultadas, exhibe un inesperado consenso crítico entre sectores que en otras circunstancias se encuentran enfrentados. Entidades que históricamente han promovido la expansión del valenciano en las aulas —como Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua y sindicatos del ámbito educativo— expresaron inquietud por lo que consideran un retroceso en la presencia efectiva del idioma propio, especialmente en centros donde la elección familiar se inclinó hacia el castellano. Del lado contrario, agrupaciones como Hablamos Español, Escuela de Todos o la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística sostienen que la administración estaría aplicando la ley de manera “asimétrica”, favoreciendo en los hechos al valenciano, aun en centros donde la mayoría de familias eligió el castellano como lengua base.
En el trasfondo del conflicto resurge un problema estructural que ninguna de las normativas previas ha logrado resolver: la imposibilidad material de formar grupos diferenciados en algunos centros debido al bajo número de alumnos que optan por una u otra lengua. Estas situaciones, aunque minoritarias, generan fricciones que se amplifican en un clima político ya atravesado por la polarización lingüística. A pesar de ello, en la mayor parte de los establecimientos sí se cumplen las preferencias de las familias, al menos en la distribución inicial de unidades.
La controversia se intensificó cuando Escuela de Todos afirmó que el castellano estaría quedando reducido a un rol residual en numerosos centros con lengua base valenciana. Según denunció la entidad, materias fundamentales quedarían impartidas únicamente en valenciano, mientras que en escuelas con lengua base castellana el valenciano conservaría presencia en asignaturas centrales. La organización sostiene que esta disparidad vulnera el espíritu de la Ley de Libertad Educativa, que fue presentada bajo el lema “Dos lenguas, una comunidad”, y que buscaba garantizar un equilibrio entre ambas opciones.
La Conselleria de Educación rechaza tajantemente estas acusaciones. Dentro del marco legal, explican, los centros solo están obligados a impartir asignaturas clave en la lengua base escogida, pero conservan autonomía para distribuir el resto de materias entre los dos idiomas cooficiales. Matizan además que el concepto de “asignatura troncal”, al que recurren algunas entidades, no existe en el sistema actual. Desde el departamento del conseller José Antonio Rovira aseguran que todos los centros cumplen los porcentajes mínimos establecidos y que cualquier acusación de irregularidad se basa en una interpretación “sesgada” de la ley.
El debate se encendió aún más cuando, en paralelo, la derogación de la Ley de Libertad Educativa apareció entre las reivindicaciones de la reciente huelga docente, convocada originalmente por demandas salariales. Diversos actores interpretaron esta inclusión como una señal de que la discusión lingüística continuará escalando y podría profundizar la división entre comunidades educativas, sindicatos y organizaciones identitarias.
La publicación de los datos definitivos de programación lingüística —que los centros tenían plazo para cargar hasta el 14 de noviembre— permite ahora trazar con mayor claridad el nuevo mapa educativo. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, el proceso abre una etapa de escrutinio público sobre cómo se implementa la normativa en cada escuela y hasta qué punto la autonomía pedagógica convive con el principio de libertad de elección familiar.
Mientras las cifras comienzan a ordenarse, la disputa parece destinada a mantenerse. Con ambos bandos denunciando discriminación y una administración que afirma haber cumplido con la letra de la ley, el sistema educativo valenciano entra en un ciclo donde la política lingüística vuelve a ocupar el centro del debate, con impacto directo en familias, docentes y autoridades.
