BUENOS AIRES, 12 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La Justicia federal profundizó este viernes la investigación judicial que tiene como eje presuntas maniobras de lavado de activos y ocultamiento de bienes vinculadas a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mediante una serie de allanamientos ordenados por el juez Daniel Rafecas en propiedades atribuidas, en la sombra, al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Las nuevas medidas se suman a los procedimientos ya realizados en un country de Pilar, a la detención de la tesorera de la firma Sur Finanzas y a las múltiples incursiones en clubes de fútbol y la sede de la AFA en el marco de causas conexas que investigan vínculos financieros sospechosos entre la entidad deportiva, empresas financieras y clubes de fútbol profesional.
El operativo principal se concentró en una finca de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, donde ingresaron equipos de peritos designados para relevar, filmar y fotografiar todos los sectores del predio, así como tasar vehículos y objetos de valor que puedan encontrarse en el lugar. La propiedad, formalmente registrada a nombre de la sociedad Real Central SRL, cuyos titulares aparecen como Luciano Pantano y su madre Ana Conte, sería investigada por la Justicia como posible instrumento de ocultamiento patrimonial a beneficio de altos directivos de la Asociación de Fútbol.
La diligencia judicial comprende también medidas en un barrio privado de Pilar (Ayres Plaza), donde se realizaron allanamientos en terrenos y construcciones vinculadas a la misma sociedad Real Central SRL, en los que se busca establecer la conexión entre los bienes de alto valor —incluidas viviendas con pileta, quincho y otros objetos de capital— y la red societaria presuntamente utilizada para encubrir la propiedad real de esos inmuebles. Asimismo, se allanó una oficina en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que figura como domicilio formal de la firma Real Central, en procura de documentación societaria y trazabilidad de operaciones vinculadas a las compras de bienes.
A partir de denuncias presentadas ante el fuero federal por la Coalición Cívica, la Justicia investiga si esa mansión, de más de 10 hectáreas y con infraestructura que incluye pista de entrenamiento equino, haras y helipuerto, fue adquirida con fondos provenientes de maniobras ilegales y ocultada mediante sociedades pantalla. Informes preliminares de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habrían señalado discrepancias entre el patrimonio declarado de los presuntos titulares de Real Central y la capacidad económica real para haber adquirido propiedades de tal envergadura, lo que motivó decisiones judiciales adicionales.
En esa línea, hace dos días el juez Rafecas dictó la prohibición de salir del país y la inhibición de bienes de los supuestos propietarios de la finca de Villa Rosa, como parte de las medidas cautelares ante la sospecha de que esos bienes puedan ser transferidos o disimulados fuera del alcance de la investigación. La restricción recae sobre Pantano, Conte y la firma Real Central SRL, al tiempo que se ampliaron las diligencias para la valuación pormenorizada de los inmuebles y su correspondiente impacto patrimonial.
Este avance judicial se produce en el marco de una investigación más amplia que incluye la causa conocida como “Sur Finanzas”, en la que se investigan presuntos hechos de lavado de dinero y evasión fiscal relacionados con la firma Sur Finanzas y contratos con clubes de fútbol y la propia AFA, motivo de al menos una treintena de allanamientos realizados anteriormente en la sede de la AFA y clubes de Primera División como Racing, San Lorenzo e Independiente. Aquellos procedimientos, encabezados por otro juez federal, dan cuenta de una supuesta red de operaciones financieras y transferencia de fondos de origen no aclarado, que alcanzan cifras millonarias en pesos argentinos.
En las últimas semanas, el escándalo judicial se cruzó con el debate público en torno al futuro del fútbol argentino: el Gobierno nacional, por un lado, impulsa reformas para permitir la transformación de clubes deportivos tradicionales en sociedades anónimas con capital privado, mientras que la conducción de la AFA ha resistido esos cambios, argumentando defensa del modelo asociativo y amateur que caracterizó históricamente al deporte en el país. Esta tensión política y deportiva, sumada a las controversias judiciales por presuntos hechos de corrupción y lavado de activos que involucran a dirigentes y entidades deportivas, ha provocado una creciente atención mediática y social sobre la transparencia, la ética y la influencia del dinero en el fútbol argentino.
La causa permanece en pleno desarrollo, con nuevas medidas de prueba dispuestas por el juez Rafecas y la posibilidad de que se ordenen más allanamientos o citaciones a declarar ante la justicia, en espera de dilucidar la compleja trama de vínculos societarios, movimientos financieros y propiedad real de bienes de alto valor que podrían estar al margen de los registros formales. Las diligencias en curso buscan establecer con precisión si existe un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los máximos referentes de la AFA y su entorno, cuyas implicancias judiciales y deportivas podrían redefinir el liderazgo y la gestión del fútbol en Argentina.
