BUENOS AIRES, 12 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional formalizó este viernes, a través del Decreto 877/2025 publicado en el Boletín Oficial, una nueva reducción permanente de las retenciones a las exportaciones agrícolas que afecta a los principales productos del complejo agroindustrial, en un paso clave de la administración de Javier Milei para consolidar su política de alivio fiscal y competitividad del sector rural. La medida, anticipada días atrás por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo en sus redes sociales, fue presentada por el Ejecutivo como un avance hacia la eliminación definitiva de los derechos de exportación, aunque su implementación dependerá de la evolución de la situación macroeconómica y fiscal del país.
Según detalla el decreto, las alícuotas de retenciones sobre las exportaciones de granos y oleaginosas sufrieron una reducción general de entre 1 y 2 puntos porcentuales. En particular, la soja, producto agrícola estratégico y principal generador de divisas del agro argentino, verá su alícuota reducida del 26% al 24%, la más baja en 19 años, según información oficial basada en datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Los subproductos de soja pasarán del 24,5% al 22,5%, mientras que el trigo y la cebada verán sus derechos de exportación ajustados del 9,5% al 7,5%. Por su parte, el maíz y el sorgo se ubicarán en 8,5% desde el 9,5% anterior y el girasol del 5,5% al 4,5%, de acuerdo con el anexo publicado junto al decreto.
Desde el Ejecutivo se subrayó que la reducción forma parte de una política gradual de disminución de tributos distorsivos para el agro, considerada por el Gobierno como uno de los sectores más dinámicos y generadores de divisas para la economía argentina, responsable de cerca del 60% de las exportaciones, según los fundamentos de la norma.
En sus declaraciones previas al anuncio oficial, Caputo defendió la iniciativa como un paso necesario para mejorar la competitividad del sector y atraer mayores ingresos en moneda extranjera, remarcando que la medida busca consolidar lo que el Ejecutivo considera un derecho del productor: trabajar con menores cargas fiscales para potenciar la producción, el comercio exterior y el desarrollo regional. “Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”, afirmó el ministro desde su cuenta de X, enfatizando que el proceso continuará en la medida en que lo permitan las condiciones macroeconómicas.
La eficacia del esquema de reducciones ya aplicadas por el Gobierno en 2024 y 2025 fue destacada en los considerandos del decreto, donde se señala que los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron cerca del 56% en volumen, con un aumento del 26% en el valor total exportado durante el año 2024. Además, la norma oficial remarca que en los primeros diez meses del presente año se observaron crecimientos en montos y volúmenes exportados respecto al año anterior, datos que el Ejecutivo atribuye al conjunto de medidas de alivio fiscal aplicadas al sector.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para reducir gradualmente la presión impositiva sobre la producción y el comercio exterior, tras haber implementado reducciones y exenciones a través de decretos anteriores que beneficiaron, entre otros, a economías regionales y subsectores como lácteos o porcinos. Con este nuevo recorte consolidado, el Ejecutivo busca fortalecer el desarrollo exportador, generar empleo en las regiones productoras y ampliar la participación de Argentina en los mercados globales.
Reacciones del sector
El anuncio fue recibido con satisfacción por entidades agroindustriales, que valoraron la reducción como un paso hacia la competitividad internacional del complejo granario y solicitaron que continúe el camino hacia la eliminación total de este tributo, considerado por muchos productores y cámaras empresarias como un impuesto distorsivo. Organizaciones como CIARA-CEC y la Confederación de Asociaciones Rurales Argentinas (CRA) expresaron que la medida representa un estímulo para las cadenas de valor, aunque destacaron que el impacto concreto dependerá de la evolución de los precios internacionales y de la estabilidad macroeconómica.
No obstante, desde algunos sectores económicos y analistas se advirtió que la rebaja podría implicar un costo fiscal cercano al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI), dependiendo de la coyuntura, los volúmenes exportados y los precios internacionales. Este aspecto fue mencionado en análisis publicados por medios especializados, que enfatizan que la medida podría potenciar las liquidaciones de exportaciones agrícolas y compensar parcialmente ese impacto.
La medida entra en vigencia plena desde su publicación en el Boletín Oficial y marca un hito en la política agropecuaria del Gobierno, en momentos en que Argentina busca consolidar un modelo de desarrollo exportador con menor carga tributaria, impulsar la producción rural y responder a las demandas históricas del sector agrario, al tiempo que gestiona las exigencias fiscales propias de una economía con desafíos de reservas internacionales y necesidades de financiamiento externo.
