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Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El radar instalado por la empresa estadounidense LeoLabs Argentina SRL en las cercanías de la ciudad de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, volvió a la escena pública tras la reciente revelación de un contrato multimillonario entre la empresa matriz en California y el gobierno de los Estados Unidos, destinado a proveer datos de vigilancia espacial con capacidad explícita para rastrear naves espaciales consideradas “adversarias”, lo que reaviva dudas sobre su uso dual —civil y militar— en territorio argentino y profundiza las críticas sobre su impacto en la seguridad, la soberanía y la independencia geopolítica del país.
La publicación de la revista especializada SpaceNews el 9 de diciembre de 2025 confirmó que LeoLabs obtuvo un contrato interinstitucional para alimentar con datos de vigilancia espacial la plataforma TraCSS (Traffic Coordination System for Space), utilizada por unidades conjuntas de la Fuerza Espacial de Estados Unidos para evaluar amenazas y monitorear naves adversarias. Este tipo de uso trasciende el objetivo original declarado por la firma al instalar la estación radar en Tolhuin, que había sido presentado exclusivamente como una herramienta científica para el rastreo de basura espacial.
El anuncio no sólo confirma las sospechas sobre la capacidad de espionaje militar de los radares de LeoLabs, sino que además pone en evidencia la naturaleza estratégica de estas instalaciones en un contexto global de competencia por el dominio del espacio orbital, donde actores como Estados Unidos buscan consolidar redes de observación que potencien su vigilancia aérea y espacial.
La estructura societaria de LeoLabs Argentina SRL, controlada mayoritariamente desde Dublín (95%) y con participación minoritaria en Londres (5%), agrava las preocupaciones de sectores críticos que advierten sobre la posible transmisión de inteligencia estratégica hacia servicios extranjeros, incluyendo el Reino Unido, potencia que mantiene bajo ocupación las Islas Malvinas y cuya presencia ha sido motivo de advertencias por parte de organismos argentinos especializados en defensa.
El radar de Tolhuin había sido objeto de un informe técnico lapidario del Ministerio de Defensa argentino en agosto de 2023, que concluyó con la cancelación de la autorización precaria para su operación por considerar que la estación representaba una vulneración a la seguridad nacional, dado que podría permitir la monitorización de actividad satelital tanto civil como militar sin control estatal y con potencial acceso para servicios de inteligencia extranjeros.
El mismo informe advertía que la ubicación geográfica en Tierra del Fuego —cercana al Atlántico Sur y al corredor antártico— confiere a la estación radar una relevancia estratégica singular, con la capacidad de obtener datos globales sobre actividad orbital que pueden ser utilizados sin restricciones por terceros países si no existe un mecanismo sólido de control soberano.
A pesar de la cancelación formal de la autorización, diversas fuentes resaltan que la presión de Estados Unidos y aliados de la OTAN para la reactivación del radar no ha cesado. En septiembre de 2025, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Alvin Holsey, solicitó públicamente su reapertura como parte de una estrategia para consolidar la presencia militar estadounidense en la región y apoyar técnicamente a la Alianza Atlántica, lo que alimenta el debate sobre hasta qué punto inversiones tecnológicas extranjeras pueden convertirse en instrumentos de vigilancia con fines militares sin un marco regulatorio que priorice la soberanía argentina.
Analistas y sectores políticos han señalado que el alineamiento diplomático de la actual administración con Estados Unidos podría facilitar la reanudación de operaciones del radar de Tolhuin, contraviniendo las advertencias formuladas por expertos en defensa y dejando de lado los reclamos de diversos actores que exigen la desinstalación definitiva del campo de antenas para preservar la autonomía tecnológica del país en materia espacial y de seguridad nacional.
El caso del radar de LeoLabs en Tierra del Fuego se inscribe en un contexto más amplio de pugnas geopolíticas por el control de la información orbital, el creciente papel de empresas tecnológicas privadas en sistemas de vigilancia global y la disputa por definir las reglas de uso del espacio como bien común. Para sectores críticos, sin un marco regulatorio nacional que garantice control soberano sobre este tipo de infraestructuras tecnológicas, la presencia de estaciones radar bajo capitales extranjeros en zonas estratégicas como el sur argentino representa un riesgo permanente para la seguridad e independencia del país.
