Madrid, 20 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-. El Gobierno español ha optado por transformar la aparente ruptura con Junts en una estrategia cuidadosamente administrada, en la que el discurso público de distanciamiento convive con negociaciones discretas destinadas a sostener la legislatura y preservar los acuerdos políticos alcanzados con el independentismo catalán.
En el seno del Ejecutivo reconocen que durante meses interpretaron los ultimátums de Junts como gestos tácticos sin consecuencias reales. Sin embargo, el escenario político en Cataluña modificó esa lectura. El avance de fuerzas independentistas más radicalizadas y la presión electoral creciente llevaron a Moncloa a abandonar la indiferencia y pasar a formar parte activa del juego de tensiones, aceptando el marco de “ruptura” impuesto por el partido de Carles Puigdemont, aunque sin romper los canales de diálogo reales.
Pese a las declaraciones oficiales que insisten en una relación congelada, en ámbitos reservados se admite la existencia de contactos permanentes con el entorno de Puigdemont. Uno de los ejes centrales de esa negociación silenciosa es el método de cálculo de las balanzas fiscales, una vieja demanda del independentismo catalán que el Gobierno se había resistido a asumir por su carga política. Para Hacienda, aceptar el modelo defendido por Junts no es un simple ejercicio técnico, sino una cesión simbólica que refuerza el relato del agravio territorial y allana el camino hacia una financiación singular para Cataluña.
La publicación de las balanzas fiscales fue uno de los compromisos asumidos durante la investidura de Pedro Sánchez. Hasta ahora, el Ejecutivo avanzó solo parcialmente, ofreciendo a las comunidades autónomas los datos básicos para que elaboren sus propios cálculos. Junts, en cambio, exige que el Gobierno valide explícitamente el método de interpretación que utiliza el independentismo, dotándolo de legitimidad institucional.
En privado, miembros del Gabinete reconocen que la conversación sobre este punto sigue abierta, aunque públicamente se mantenga la ficción de la ruptura. La escenificación forma parte del acuerdo. Incluso la agenda mediática del presidente, incluida la serie de entrevistas concedidas recientemente a medios catalanes, fue consensuada con los interlocutores de Junts, que introdujeron ajustes al guion original de Moncloa.
En esas apariciones públicas, Sánchez admitió incumplimientos y adoptó un tono de autocrítica inusual, en contraste con la línea oficial previa que sostenía que el Ejecutivo había cumplido con todos los pactos. Días después, al hacer balance de fin de año, reconoció la crisis en la relación con Junts, pero dejó claro que existe una “voluntad absoluta” de recomponerla y avanzar en los acuerdos pendientes, incluso “jugando todas las cartas” necesarias para sostener la legislatura.
En esta estrategia ocupa un lugar central la aplicación efectiva de la ley de amnistía, que en Moncloa consideran el gran hito político previsto para 2026. Aunque el Gobierno ya dio pasos significativos al reconocer a Puigdemont como interlocutor válido y mantener encuentros en Bruselas, el factor decisivo sigue siendo judicial. En el Ejecutivo confían en que, hacia la primavera, el líder independentista pueda regresar a España, lo que abriría una nueva etapa en la relación con Junts y facilitaría la negociación de los Presupuestos.
Hasta que ese regreso se concrete, la orden interna es no ofrecer señales públicas adicionales y concentrar los esfuerzos en una política de gestos calculados. Entre ellos figuran iniciativas de proyección internacional para Cataluña y, sobre todo, el avance en la negociación de las balanzas fiscales. En Moncloa comparan el vínculo con Junts con una relación en crisis, en la que la reconciliación exige paciencia, concesiones y una puesta en escena minuciosamente diseñada.
