La Fiscalía de Santa Cruz ordenó aprehender a María Argentina Rojas Roca, exfuncionaria de la Aduana de Viru Viru con antecedentes judiciales en Brasil. El expediente la vincula con reuniones, coordinaciones y transferencias de dinero a los presuntos autores materiales del atentado contra Nadia Beller. La nueva pieza vuelve a acercar la investigación al entorno estatal y a Fernando Cerimedo, actualmente preso en Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra – 1 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA – La investigación por el intento de asesinato de la abogada Nadia Beller dio un nuevo salto y comenzó a avanzar sobre la posible estructura que habría financiado y facilitado el ataque. La Fiscalía de Santa Cruz libró una orden de aprehensión contra María Argentina Rojas Roca, exfuncionaria de la Aduana Nacional de Bolivia, señalada dentro del expediente por haber mantenido reuniones, coordinaciones y realizado transferencias de dinero a personas identificadas como integrantes del grupo que participó en la planificación y ejecución del atentado.
La orden, dictada a partir de una resolución fiscal del 27 de agosto, dispone que Rojas Roca sea detenida y conducida ante dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Distintas fuentes bolivianas que accedieron al expediente coinciden en que la pesquisa la ubica en contacto con los presuntos sicarios colombianos y que la imputación gira alrededor de la figura de asesinato en grado de tentativa o complicidad, mientras los investigadores intentan reconstruir quién ordenó el ataque, quién aportó el dinero y cómo se articuló la logística.
La aparición de Rojas Roca resulta especialmente sensible por sus antecedentes y por su paso por un área estratégica del Estado boliviano. En mayo había sido designada interinamente como administradora de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, uno de los principales puntos de entrada y salida de pasajeros y mercaderías del país. La designación fue revocada prácticamente de inmediato cuando se hicieron públicos documentos que acreditaban que había sido objeto de una medida de expulsión de Brasil vinculada con una condena por tráfico de estupefacientes.
La Policía Federal de Brasil mantiene publicado el expediente migratorio 08000.005098/2005-16 correspondiente a María Argentina Rojas Roca, donde consta una determinación de expulsión. La resolución fue publicada oficialmente en noviembre de 2020 y la notificación a la interesada se hizo pública el 21 de enero de 2021. La documentación brasileña vincula la medida con una condena penal que dio origen al procedimiento de expulsión.
Cuando el caso estalló públicamente en mayo, la Aduana Nacional informó que Rojas Roca había presentado un certificado de antecedentes penales boliviano que no registraba sentencias ejecutoriadas en el país. Sin embargo, el entonces presidente ejecutivo del organismo, Alberto Samuel Soto de la Vía, ordenó revocar inmediatamente el interinato argumentando razones de integridad, transparencia y responsabilidad institucional.
Ese vínculo con Soto adquiere ahora otra dimensión porque el nombre del exfuncionario aparece desde hace semanas orbitando las denuncias formuladas alrededor de Fernando Cerimedo, el consultor argentino que permanece detenido preventivamente durante 180 días en el penal de Palmasola, acusado por la tentativa de feminicidio de Beller. Distintas publicaciones bolivianas han señalado la cercanía entre Soto y Cerimedo, aunque esa relación y su eventual incidencia en nombramientos dentro de Aduana deberán ser determinadas por la investigación.
La propia Beller afirmó que, cuando conoció la designación de Rojas Roca en Viru Viru, cuestionó ante Cerimedo que una persona con semejantes antecedentes ocupara un puesto de semejante sensibilidad. Según su relato, el consultor le respondió que la funcionaria contaba con “aval político”. Ahora Beller sostiene que el cuaderno de investigación contiene información sobre transferencias y encuentros de Rojas Roca con quienes son investigados como autores materiales del ataque.
La trama comenzó a reconstruirse a partir de errores cometidos por los atacantes. Beller recibió tres disparos, en cuello, tórax y brazo, la noche del 17 de agosto en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz. La motocicleta utilizada inicialmente por los agresores quedó abandonada después de presentar problemas mecánicos y condujo a los investigadores hacia personas del entorno de los presuntos sicarios. La Policía identificó entre los buscados a los colombianos Aldúbar Herney Silva Peña y Widen Justiniano Sotelo, mientras otras personas vinculadas con la provisión del vehículo y de un arma quedaron incorporadas al expediente. La orden contra Rojas Roca suma ahora un posible eslabón financiero entre los ejecutores y quienes habrían organizado el atentado.
Paralelamente, Cerimedo quedó seriamente comprometido por el peritaje realizado sobre su teléfono. Un informe del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia (IDIF) incorporó anotaciones y comunicaciones que, según la Fiscalía, contienen referencias a la posibilidad de “eliminar” a Beller y consultas sobre quién podía realizar “el trabajo”. En otra comunicación incorporada al expediente, una persona informó al consultor que Beller acababa de recibir disparos. Esos elementos fueron considerados por la Justicia al disponer su prisión preventiva.
La pesquisa sobre el ataque comenzó además a cruzarse con otras investigaciones. La Fiscalía abrió causas relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico, mientras Beller aseguró conocer movimientos de dinero, operaciones con combustible, vuelos de avionetas y negocios vinculados con oro.
Uno de esos episodios ocurrió precisamente en Viru Viru. El 23 de julio, Adrián Lema Roca, de 22 años, fue detenido cuando intentaba viajar hacia Dubái con aproximadamente 189,5 kilos de oro distribuidos en cuatro valijas. La carga fue valuada en alrededor de 25 millones de dólares y el joven quedó detenido preventivamente por 150 días acusado de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contrabando y comercialización ilegal de recursos minerales. Beller sostiene que Lema Roca tenía vínculos con personas del entorno presidencial y con Cerimedo, extremos que ahora forman parte de las líneas que buscan esclarecer los fiscales.
También existe una precisión respecto de Alberto Soto de la Vía. El 18 de agosto se informó oficialmente que había presentado su renuncia y que dejaría la conducción de la Aduana en medio de un proceso de institucionalización. Sin embargo, comunicaciones posteriores de la propia Aduana continuaron identificándolo como presidente ejecutivo incluso el 31 de agosto, una contradicción administrativa que deberá ser aclarada y que impide afirmar, por ahora, que efectivamente haya quedado apartado de la institución.
La búsqueda de Rojas Roca abre así una instancia distinta de la causa: los investigadores ya no trabajan exclusivamente sobre el supuesto autor intelectual y los ejecutores materiales, sino sobre la ruta del dinero y los contactos previos al ataque. Si las transferencias y reuniones atribuidas a la exfuncionaria aduanera quedan acreditadas pericialmente, la Fiscalía podrá empezar a reconstruir quién financió el atentado, desde dónde se impartieron las órdenes y hasta dónde alcanzaba la red que operó alrededor de los sicarios.
Fuentes consultadas: Fiscalía y medios judiciales de Bolivia; Policía Federal de Brasil y documentación oficial del procedimiento de expulsión de María Argentina Rojas Roca; Aduana Nacional de Bolivia; Agencia de Noticias Fides (ANF); Visión 360; Unitel; Bolivisión; Urgente.bo; El País de Tarija; Correo del Sur; El Deber; documentación y cobertura sobre los expedientes contra Fernando Cerimedo y el decomiso de oro en Viru Viru.
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