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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La causa judicial que enfrenta en Estados Unidos el empresario argentino Federico Andrés Machado, acusado de narcotráfico, lavado de activos y estafa, atraviesa una fase decisiva que comienza a generar preocupación en la Argentina, especialmente en el plano político. El motivo central es la posibilidad concreta de que Machado opte por convertirse en testigo colaborador de la justicia norteamericana, una decisión que podría abrir derivaciones sensibles más allá de su situación personal.
Machado permanece detenido en la CoreCivic Cimarron Correctional Facility, una prisión de seguridad media ubicada en el estado de Oklahoma, desde donde es trasladado periódicamente al tribunal federal del Distrito Este de Texas, con sede en Dallas. Allí se tramita el expediente que lo involucra en una presunta estructura criminal transnacional vinculada al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales.
El juez federal Amos Mazzant fijó un plazo clave: el empresario dispone de cincuenta días para definir si se declara culpable y alcanza un acuerdo con la fiscalía o si mantiene su inocencia y enfrenta un juicio oral con jurado a partir del 2 de marzo. La fecha límite para un eventual entendimiento es el 6 de febrero, un dato que aceleró las especulaciones tanto judiciales como políticas.
En ese escenario, cobra relevancia el rol de su abogado en la Argentina, el Francisco Oneto, quien no actúa como defensor técnico en Estados Unidos, pero sí cumple la función de nexo entre la defensa norteamericana y la familia de Machado, radicada en Viedma. Oneto fue además el encargado de la estrategia legal del empresario en el país hasta concretarse su extradición. Otro fuerte vinculo de Machado con LLA, es la diputado Lorena Villaverde quien es señalada por por su vínculo con Fred Machado, a través de su pareja Claudio Ciccarelli, primo del empresario. Esta situacion reflotó una causa de 2002 en Miami donde fue hallada con cocaína, antecedentes que frenaron su jura en el Senado y la obligaron a retener su banca en Diputados.
El dato político que genera inquietud es que Oneto está directamente vinculado a La Libertad Avanza, espacio por el cual fue candidato a vicegobernador, y mantiene relaciones con sectores del liberalismo que hoy integran el oficialismo nacional. Esa cercanía partidaria es la que explica el seguimiento atento que se hace del caso en ámbitos políticos, ante la hipótesis de que Machado decida colaborar con la justicia estadounidense.
El empresario, conocido también por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, ya fue mencionado en investigaciones periodísticas por sus vínculos con actores del ecosistema político y económico local. En las últimas semanas, la propia defensa reconoció ante el tribunal que mantiene “discusiones” con la fiscalía para evaluar una salida negociada, una fórmula habitual en el sistema penal estadounidense cuando se explora la figura del imputado colaborador.
El factor tiempo juega a favor de Machado. En abril de 2026 se cumplirían cinco años desde el inicio de su privación de libertad, contabilizando su detención inicial en la Argentina —ordenada por el juez federal de Neuquén—, la prisión domiciliaria en Río Negro y el período cumplido en Estados Unidos. Con ese antecedente, su estrategia defensiva apunta a un acuerdo cercano a los siete años de condena total, lo que abriría la posibilidad de recuperar la libertad en un plazo aproximado de treinta meses.
En paralelo, el expediente penal incluye un frente patrimonial relevante. En un hangar de Dallas, la Justicia mantiene embargadas tres aeronaves antiguas pertenecientes a Machado, entre ellas un Douglas A-4B, avión emblemático por su uso histórico en la Fuerza Aérea Argentina durante la guerra de Malvinas.
Con los plazos ya corriendo y una decisión crucial en el horizonte inmediato, el futuro de Federico “Fred” Machado se define entre una cárcel de Oklahoma y un tribunal federal de Texas. Pero sus eventuales declaraciones, en caso de optar por la colaboración judicial, podrían proyectar efectos políticos y judiciales que hoy generan seguimiento y preocupación en la Argentina, particularmente por sus vínculos con el mundo liberal y su conexión indirecta con el espacio gobernante.
