Buenos Aires, 6 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-Una denuncia penal presentada en los tribunales federales de Comodoro Py puso bajo la lupa un contrato firmado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con una consultora privada de lobby internacional y salpicó a figuras cercanas al poder presidencial. La acusación fue impulsada por María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), y apunta contra el consultor político Santiago Caputo, el lobista estadounidense Barry Bennett y el empresario argentino Leonardo Scatturice.
La presentación judicial cuestiona un acuerdo suscripto en febrero de 2025 entre la SIDE y la consultora Tactic Global LLC, vinculada a Bennett y Scatturice, y advierte sobre la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, sostiene que el contrato podría violar la Ley de Inteligencia Nacional al asignar al organismo tareas ajenas a sus competencias legales.
Según la denuncia, el acuerdo habría sido utilizado para canalizar gestiones políticas y diplomáticas por fuera de los mecanismos institucionales del Estado argentino. Entre los puntos más sensibles, se señala que la consultora habría actuado como intermediaria ante sectores del poder político de Estados Unidos, una función que corresponde a la Cancillería y a las representaciones diplomáticas oficiales, y no a un organismo de inteligencia.
Ese esquema es definido en el escrito como una suerte de “embajada paralela”, montada a través de un contrato confidencial, sin control parlamentario y al margen de los canales formales previstos por la legislación vigente. En ese contexto, la figura de Caputo aparece mencionada como un actor clave en el armado del entramado cuestionado, pese a no ocupar un cargo formal dentro de la administración pública. La denuncia le atribuye influencia efectiva en decisiones estratégicas del Gobierno y capacidad de intervención en la orientación de contratos sensibles.
Barry Bennett, identificado como socio de Tactic Global, es un lobista con trayectoria en el Partido Republicano y vínculos con el entorno del presidente estadounidense Donald Trump, y se encuentra registrado en Estados Unidos como operador de lobby. Leonardo Scatturice, por su parte, es señalado como titular de la consultora contratada y como un empresario con antecedentes de vínculos con estructuras de inteligencia y con la obtención de contratos con organismos del Estado argentino.
El acuerdo con Tactic Global prevé un pago mensual de 10.000 dólares, una cifra que la denunciante considera llamativamente baja para los servicios declarados. Según la presentación, ese dato refuerza la sospecha de que el contrato debe analizarse dentro de un entramado más amplio de relaciones cruzadas entre empresas vinculadas a Scatturice y distintos organismos públicos, lo que habría facilitado la obtención de acuerdos por canales informales.
Uno de los ejes centrales de la acusación es la presunta violación de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente que los organismos de inteligencia realicen tareas de influencia política, diplomática o de lobby, tanto en el plano interno como internacional. También se cuestiona la oportunidad del contrato, dado que Tactic Global habría sido constituida poco tiempo antes de firmar con la SIDE, lo que, para la denunciante, refuerza la hipótesis de un acuerdo diseñado a medida.
El caso se inscribe en un escenario de creciente tensión dentro del entorno presidencial, marcado por acusaciones cruzadas, concentración de poder en áreas sensibles del Estado y cuestionamientos sobre el uso de organismos estratégicos para disputas políticas y negocios vinculados a allegados al poder.
