Buenos Aires, 11 de enero de 2026 –Total News Agency-TNA–Los aviones privados se consolidaron como el eje de una compleja red de escándalos judiciales, presuntos vínculos con el narcotráfico, maniobras de lavado de dinero y contratos estatales bajo sospecha que comienzan a converger sobre el gobierno de Javier Milei. A medida que avanzan causas tanto en la Argentina como en Estados Unidos, nombres como Federico “Fred” Machado, Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Sergio Daniel Mastropietro aparecen conectados por vuelos no declarados, transferencias de dinero, empresas aéreas y valijas sin control.
El capítulo más sensible se desarrolla en Estados Unidos, donde el empresario aeronáutico Federico Machado afrontó una audiencia clave ante un juez federal del Distrito Este de Texas. Machado, detenido en 2021 y señalado como cabeza de una estructura dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos mediante aviones privados, tiene en poder de la justicia norteamericana dos teléfonos celulares, una laptop y cinco pendrives. Ese material, preservado también por decisión de la justicia argentina, sería clave para reconstruir una operatoria que incluye decenas de vuelos sospechosos.
Entre esos movimientos figuran al menos 38 vuelos privados nunca declarados realizados durante la campaña electoral del entonces diputado José Luis Espert, quien utilizó aeronaves vinculadas a Machado. La ausencia de información oficial sobre la audiencia en Texas alimentó la hipótesis de que la defensa del empresario negocia una eventual colaboración con la fiscalía estadounidense, lo que podría abrir un escenario explosivo para dirigentes y empresarios argentinos.
La acusación contra Machado es de extrema gravedad: conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavado de dinero, fraude, violación de normas de exportación y de los registros federales de aeronaves. Según la causa, junto a su socia Debbie Mercer-Edwin, el empresario habría operado una red internacional de provisión de aviones privados utilizados en vuelos sospechados de transportar droga y en ventas múltiples de una misma aeronave, una maniobra clásica para blanquear fondos ilícitos. Mercer-Edwin ya fue condenada a 16 años de prisión, un antecedente que presiona a Machado a negociar.
En la Argentina, el foco está en los vínculos locales. El fiscal de San Isidro Fernando Domínguez tiene prácticamente cerrada la investigación sobre los vuelos Espert-Machado, las transferencias por unos 200.000 dólares y la posible conexión con el narcotráfico. Hace pocos días, Domínguez recibió el contenido del teléfono celular de Espert, donde se analizan explicaciones que, por ahora, aparecen endebles. El exdiputado sostuvo que el dinero recibido correspondía a tareas de consultoría para una mina en Guatemala, Minas del Pueblo, pero la fiscalía avanza sobre la hipótesis de que esa firma era una pantalla sin actividad real, presuntamente utilizada para lavar dinero.
La trama se amplía con la figura de Sergio Daniel Mastropietro, quien habría presentado a Machado con Espert. Mastropietro compartió con el empresario detenido sociedades vinculadas al alquiler de aviones privados y arrastra un largo historial judicial: figuró en el caso Skanska, en causas por facturación apócrifa en la Ciudad de Buenos Aires, en el expediente de la droguería Prefarm y ahora reaparece en la investigación por el desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese expediente, se lo señala como pieza clave para lavar dinero mediante facturas falsas de vuelos privados y sanitarios.
Otro actor central es el exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, dueño de aviones privados y de empresas como Royal Class y Just Flight. Scatturice quedó bajo la lupa tras el ingreso al país, sin controles aduaneros, de al menos diez valijas transportadas por su socia Laura Arrieta. El episodio incluyó trayectos con transponder apagado y encendió alarmas en Migraciones y la PSA. A pesar de ese antecedente, Scatturice acumuló contratos con la SIDE, el Ministerio de Economía, la ARCA y la Anses, además de quedarse con la aerolínea Flybondi y, más recientemente, con el correo OCA, tras un acuerdo para refinanciar una deuda millonaria con el fisco. Leonardo Scatturice, vinculado al Gneneral Milani y al detenido por narcotrafico, Coronel Quiroga, cuando era titular del la consultora de inteligencia, C3.
Las conexiones políticas y económicas se vuelven aún más sensibles por el vínculo de Scatturice con entornos cercanos a Donald Trump y por la creación en la Argentina de empresas vinculadas a la CPAC, lo que algunos describen como una suerte de “cancillería paralela”. En uno de sus aviones también se movió por el país Hayden Davis, señalado como uno de los armadores de la estafa de la criptomoneda Libra, una operatoria que salpicó directamente al presidente Javier Milei y a su entorno.
La investigación sumó otro dato delicado: Espert habría emitido facturas a nombre de Mauricio Novelli, operador clave del proyecto Libra desde la Casa Rosada. Ese material está siendo analizado por la fiscalía y podría derivar en nuevas imputaciones en las próximas semanas. En paralelo, se aguarda qué información aporte la causa en Texas, donde Machado enfrenta un escenario judicial que podría empujarlo a revelar nombres, vuelos y operaciones.
Aviones privados, valijas sin control, empresarios con pasado en inteligencia, contratos estatales llamativos y campañas políticas financiadas con vuelos no declarados conforman un rompecabezas que avanza sobre distintos frentes judiciales. En 2026, la “trama de los aviones” amenaza con convertirse en uno de los capítulos más sensibles para el gobierno de Milei, con derivaciones que ya trascienden las fronteras argentinas y ponen en jaque a varios de sus protagonistas.
Fuentes consultadas:
Noticias Argentinas; expedientes judiciales federales de Estados Unidos (Distrito Este de Texas y Distrito Sur de Florida); fiscalía de San Isidro; resoluciones del Juzgado Federal de Sebastián Casanello; investigaciones periodísticas nacionales; registros societarios y aeronáuticos; medios judiciales y económicos.
