Buenos Aires, 23 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-La presión judicial sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a intensificarse tras una nueva denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por el presunto uso sistemático de facturas apócrifas emitidas por proveedores inexistentes para desviar fondos de la entidad y evadir impuestos. La investigación estima un perjuicio fiscal de al menos 375 millones de pesos y se suma a la causa ya abierta por la retención indebida de aportes previsionales y tributos nacionales.
La presentación judicial, impulsada por ARCA bajo la conducción de Andrés Vázquez, fue radicada ante el juzgado en lo Penal Económico a cargo del Diego Amarante, quien mantiene habilitada la feria para avanzar con el expediente iniciado en diciembre. Según la denuncia, tareas de fiscalización y análisis contable permitieron detectar 15 proveedores que habrían emitido facturas truchas entre 2023 y 2024, facilitando “salidas no documentadas” de fondos de la AFA sin respaldo real de operaciones.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, la maniobra habría impactado principalmente en el no pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA. Solo por Ganancias, el perjuicio estimado alcanza los 24 millones de pesos en 2023, 181,8 millones en 2024 y más de 170 millones en 2025, totalizando unos 375 millones. Los períodos bajo análisis abarcan desde enero de 2023 hasta julio de 2024, con especial foco en meses específicos en los que se detectaron pagos sin sustento documental.
La investigación avanzó mediante la trazabilidad de cheques emitidos por la AFA a nombre de los proveedores sospechados. En varios casos, los bancos informaron que esos instrumentos terminaron siendo utilizados para operaciones completamente ajenas al fútbol, como la compra de hacienda, carne o materiales para la construcción. Empresas que finalmente cobraron los cheques declararon no haber tenido relación comercial alguna con la AFA durante los períodos investigados, lo que reforzó la hipótesis de una operatoria destinada a ocultar el destino real del dinero.
Entre los ejemplos citados en la denuncia, se menciona a firmas del rubro frigorífico y de la construcción que explicaron ante el fisco que los cheques endosados correspondían a cobranzas habituales de su giro comercial, pero negaron vínculos con la entidad madre del fútbol argentino. En contraste, otras sociedades directamente no pudieron ser localizadas en los domicilios fiscales declarados, que resultaron ser edificios residenciales sin actividad empresarial visible, compartiendo incluso direcciones con otras proveedoras también bajo sospecha.
La lista de las 15 firmas involucradas incluye sociedades de diversa denominación comercial, muchas de ellas sin capacidad operativa demostrable o vinculadas entre sí por domicilios y accionistas comunes. Para ARCA, ese entramado refuerza la presunción de que se trató de empresas pantalla utilizadas para canalizar pagos ficticios y reducir artificialmente la carga impositiva de la AFA.
Este nuevo expediente se articula con otras investigaciones en curso. Por un lado, el caso de la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, que actuó como recaudadora internacional de la AFA y es señalada por haber desviado decenas de millones de dólares hacia sociedades fantasma. Por otro, el control integral de balances que lleva adelante la Inspección General de Justicia, dirigida por Daniel Vítolo, sobre los estados contables de la AFA de los últimos ocho años, varios de los cuales aún no fueron aprobados.
La nueva denuncia también se superpone con la causa más delicada que enfrenta la cúpula del fútbol argentino: la investigación por la presunta retención ilegal y el no pago de IVA, Ganancias y aportes previsionales por un monto cercano a los 19.350 millones de pesos. En ese expediente, ARCA fue aceptada recientemente como querellante, lo que le permite impulsar medidas de prueba y participar activamente en la acusación. Por esa causa ya están imputados Tapia, Toviggino y otros directivos, bajo la figura de evasión agravada, que contempla penas de prisión efectiva.
En el plano político, la ofensiva judicial es leída como un mensaje explícito del Gobierno para desmentir versiones sobre un supuesto “pacto de impunidad” con la conducción de la AFA. Esas especulaciones habían resurgido tras declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, luego de movimientos en la Cámara Federal de San Martín que modificaron la radicación de otra causa sensible.
Con la información ya en manos de la Justicia y nuevas medidas en preparación, el frente judicial sobre la AFA se amplía y profundiza, dejando a su actual conducción cada vez más expuesta a un escenario penal complejo, con causas que avanzan en paralelo y montos investigados de magnitud inédita para la historia del fútbol argentino.
Fuentes consultadas: Clarín; fuentes judiciales; Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
