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Buenos Aires, 24 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-Durante más de dos décadas, el nombre del teniente primero retirado del Ejército Jorge Taranto quedó asociado a una de las acusaciones más sensibles surgidas en torno a la Guerra de Malvinas: la de haber torturado a soldados argentinos bajo su mando en 1982. A lo largo de 21 años, esa imputación fue investigada, reabierta y finalmente descartada en distintas instancias judiciales, sin que jamás se lograra acreditar su veracidad. Hoy, tras haber sido sobreseído de manera firme, Taranto inició una contraofensiva judicial por falsa denuncia contra funcionarios y referentes vinculados a aquellas acusaciones.
Taranto, entonces oficial del Regimiento de Infantería 5 con asiento en Paso de los Libres, combatió en la isla Gran Malvina a los 24 años junto a una sección integrada por 33 soldados y cinco suboficiales, en la zona de Puerto Howard. Según ha reiterado a lo largo de los años, regresó al continente con todos los hombres directamente a su cargo con vida, luego de permanecer al frente de su sección durante toda la campaña, en condiciones extremas de aislamiento, frío y escasez de alimentos, sin solicitar relevo y manteniendo la cohesión del grupo hasta el repliegue final.
El conflicto judicial que lo marcó comenzó a gestarse a partir de sus críticas públicas, en 2002 y luego en 2005, al libro y la posterior película Iluminados por el fuego. Desde su programa radial dedicado a Malvinas, Taranto cuestionó lo que consideraba inexactitudes en el relato y convocó a exsoldados que habían compartido destino con el autor para debatir públicamente esos pasajes. Tras el estreno del film, comenzaron a surgir denuncias por supuestos tormentos a conscriptos durante la guerra.
En marzo de 2007, la acusación tomó estado público a través de un video difundido en canales de televisión, presentado por quien entonces se desempeñaba como secretario de Derechos Humanos de Corrientes. En ese material, el exsoldado Juan de la Cruz Martins acusó a Taranto de haber estaqueado a un cabo y de ser responsable de la muerte del soldado Remigio Fernández. La denuncia dio origen a una causa en los tribunales federales de Comodoro Py.
Durante esa investigación declararon el jefe del regimiento, el médico de la unidad, soldados bajo el mando de Taranto y el propio cabo mencionado como víctima, quien negó haber sido estaqueado y aclaró que Taranto no era su jefe directo. La pesquisa determinó además que Fernández no se encontraba bajo las órdenes de Taranto y que su fallecimiento se produjo como consecuencia de desnutrición y estrés traumático en el contexto del bloqueo aeronaval británico. El juez interviniente dictó el sobreseimiento, destacando que el oficial compartía las mismas condiciones de vida que sus soldados y que regresó con todos los hombres a su cargo.
Pese a ese fallo firme, se impulsó una nueva causa en la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, basada en denuncias similares. Taranto se presentó voluntariamente y su defensa planteó la existencia de cosa juzgada. Sin embargo, el proceso continuó durante años, incorporando testimonios de personas que, según la defensa, no pertenecían a su fracción o se encontraban a kilómetros de su posición durante la guerra. En ese marco, el oficial denunció un sesgo ideológico en la investigación y la inclusión de oficiales que nunca estuvieron en Malvinas o incluso murieron en combate.
El expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que en noviembre de 2009 sostuvo que los hechos investigados no constituían delitos de lesa humanidad y que, además, Taranto ya había sido juzgado y sobreseído. Años después, un nuevo intento de reabrir la causa fue rechazado tanto por Casación como por la Corte Suprema de Justicia, que en febrero de 2015 dejó definitivamente cerrado el caso. En 2018, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó expresamente que no se iniciara ni tramitara ninguna nueva investigación contra Taranto por esos hechos.
Con ese historial judicial, Taranto decidió avanzar contra quienes considera responsables de haber sostenido y reactivado las acusaciones. Desde septiembre de 2024 presentó denuncias penales por falsa denuncia y falso testimonio contra un fiscal federal de Río Grande, un exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes y un dirigente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata. También denunció a nuevos testigos incorporados en los últimos años, a quienes señala como ajenos a su unidad. Varias de esas presentaciones fueron inicialmente desestimadas, pero la Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó profundizar las investigaciones.
El derrotero judicial de Taranto se inscribe en un contexto social diferente al de los años posteriores a la guerra. En la última década, se consolidó un mayor reconocimiento público hacia los veteranos de Malvinas, visible en actos oficiales y manifestaciones espontáneas de apoyo, en contraste con el clima de silencio y estigmatización que muchos excombatientes relatan haber enfrentado durante años.
Desde el otro lado, los denunciados rechazan de plano las acusaciones del oficial retirado y sostienen que se trata de una maniobra para desacreditar causas vinculadas a derechos humanos. Afirman que las denuncias originales estuvieron respaldadas por testimonios y documentación oficial, y niegan la existencia de un armado político. La controversia, sin embargo, vuelve a poner en el centro del debate una de las heridas más sensibles del conflicto del Atlántico Sur: la memoria de la guerra, el rol de los mandos y los límites entre justicia, política e historia.
Fuentes consultadas: expedientes judiciales federales, Clarin, resoluciones de la Cámara Federal de Casación Penal, fallos de la Corte Suprema de Justicia, testimonios públicos de excombatientes, archivos periodísticos nacionales.
