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Buenos Aires, 25 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-La detención de Roberto Alejandro Goy Garnica, realizada el pasado 22 de enero por efectivos de la Guardia Nacional, sacudió al sistema penitenciario del Estado de México y expuso una trama de corrupción que, según denuncias judiciales y testimonios internos, llevaba años operando con protección política y encubrimientos institucionales. El caso resulta especialmente sensible porque Goy Garnica había sido distinguido en 2023 como “Mejor Custodio del Año” por la entonces gobernadora Delfina Gómez.
De acuerdo con la información reunida por los investigadores, Goy Garnica encabezaba una organización dedicada a la extorsión integrada por más de una decena de agentes activos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, incluidos jefes de grupo y coordinadores. A esa estructura se sumaba un número todavía indeterminado de civiles conocidos como “madrinas”, personas ajenas formalmente a la Fiscalía que son utilizadas por agentes en funciones para ejecutar tareas ilegales y encubrir responsabilidades.
Al momento de recibir el reconocimiento oficial, Goy Garnica se desempeñaba como coordinador del Grupo Táctico Penitenciario dentro de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. Sin embargo, desde al menos 2021, subalternos y personal bajo su mando lo habían denunciado junto a otros altos funcionarios por una cadena de irregularidades que incluían acoso sexual a empleadas, venta de plazas dentro del sistema penitenciario, despidos arbitrarios y traslados forzosos como mecanismo de presión contra quienes se negaban a participar de prácticas corruptas.
Las denuncias internas, según consta en expedientes y testimonios recabados por la Justicia, no prosperaron durante años. Fuentes del ámbito penitenciario señalan que la falta de avances se explica por la existencia de una red de protección política que habría blindado a Goy Garnica y a otros mandos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.
Entre los señalados como protectores y presuntos cómplices figura Jaime Echarta Mojica, quien se desempeñó como director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México durante la administración del priista Alfredo del Mazo. Actualmente, Echarta Mojica ocupa un cargo en el gobierno morenista de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, donde fue designado subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social.
El nombre de Echarta Mojica aparece reiteradamente en los testimonios que reconstruyen el ascenso y la permanencia de Goy Garnica en puestos estratégicos. A pesar de presentarse en ámbitos académicos y conferencias públicas como un funcionario ejemplar —e incluso de haber sido entrevistado en espacios mediáticos de alto perfil—, su paso por la administración penitenciaria del Estado de México estuvo marcado por denuncias de corrupción estructural, muertes bajo custodia y esquemas de cogobierno con internos de alta peligrosidad. Dentro del propio sistema carcelario llegó a ser apodado “el asesino silencioso”, según relatan exfuncionarios y trabajadores penitenciarios.
Además de Echarta Mojica, en la nómina de amistades y respaldos políticos de Goy Garnica figuran otros funcionarios y exfuncionarios identificados por las investigaciones, entre ellos David Morales Evaristo, Esteban Pérez Calzada, Jonathan Agustín González y Manuel Palma Rangel, todos mencionados en distintos expedientes y declaraciones como parte del entramado de influencias que garantizó la continuidad del esquema.
La detención del excoordinador penitenciario reabre interrogantes sobre los mecanismos de control interno, la veracidad de los reconocimientos oficiales y la profundidad de la corrupción dentro del sistema de seguridad y prisiones en el Estado de México. También vuelve a poner en discusión la responsabilidad política de quienes promovieron, protegieron o reciclaron funcionarios cuestionados, incluso después de cambios de signo partidario en los gobiernos.
Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar el alcance real de la red de extorsión y la participación de agentes activos y civiles, el caso amenaza con escalar hacia niveles superiores del poder administrativo y político. Para los denunciantes, la caída de Goy Garnica no es un hecho aislado, sino el primer eslabón visible de una estructura mucho más amplia que operó durante años a la sombra del Estado.
Fuentes consultadas: reportes judiciales del Estado de México; información oficial de la Guardia Nacional; testimonios de exfuncionarios penitenciarios; medios mexicanos especializados.
